El primer artículo del proyecto de Ley presentado por la Diputada Salinas, establece la prohibición de realizar descuentos en los recibos de haberes de los empleados públicos de la provincia, por parte de terceros, salvo
aquellos establecidos expresamente por ley. En el segundo, se menciona que los empleados públicos tendrán el derecho a elegir libremente su obra social, sin estar obligados a afiliarse al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), y no se efectuarán descuentos automáticos en sus haberes por concepto de aportes a obras sociales, mientras que el tercero señala que los empleados públicos que decidan afiliarse a una obra social deberán gestionar de manera privada y directa los aportes correspondientes, sin intervención del empleador en el proceso de descuento o retención de haberes.
En sus fundamentos, el proyecto de Ley recuerda que los empleados públicos entrerrianos están obligados a afiliarse automáticamente al IOSPER. En ese sentido, la propuesta de Salinas tiene como objetivo garantizar la libertad de los trabajadores en cuanto a su cobertura de salud, como así también, regular los descuentos efectuados en sus haberes para evitar deducciones automáticas de terceros, tales como mutuales o cualquier entidad ajena.
Allí mismo, se remarca que una de las problemáticas actuales es la cantidad de descuentos que se aplican automáticamente en los recibos de sueldo de los empleados públicos, tanto de obras sociales como de mutuales, cooperativas y otras entidades. Al eliminarlos, excepto aquellos obligatorios por ley (como los aportes jubilatorios), se permite que los empleados vean y comprendan de forma transparente lo que realmente cobran y, más importante aún, se les da la libertad de administrar sus propios descuentos y gastos.
«La eliminación de los descuentos automáticos de mutuales y otros entes permite a los empleados públicos administrar mejor sus propios recursos. En el sistema actual, estos descuentos reducen significativamente el salario que reciben los trabajadores, afectando su capacidad para planificar y gestionar sus finanzas. Este proyecto favorece la competencia, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos, ya que los empleados podrán elegir la cobertura que mejor se ajuste a sus expectativas y necesidades. La autonomía en la administración de los descuentos permite también una mayor responsabilidad financiera por parte de los trabajadores», insiste la Diputada Salinas. .
La normativa aquí planteada, establece un cambio en la función del Estado como empleador, eliminando su rol de intermediario en los pagos a terceros, como mutuales o cooperativas. El Estado no tiene la obligación de garantizar estos pagos, y su intervención debe limitarse a los descuentos que establece la ley.
De esta forma, se libera a la administración pública de la carga de gestionar descuentos ajenos y más burocracia para el Estado y el gasto de tiempo de trabajadores haciendo estos descuentos, porque el Estado utiliza su fuerza de trabajo para realizar los descuentos y se simplifica la relación entre el trabajador y el empleador, enfocándola exclusivamente en la remuneración legítima por el trabajo prestado para el Estado.
El proyecto de la Diputada Salinas
https://www.hcder.gov.ar/archivosDownload/textos/E27589-08102024-o.pdf
