La decisión del Gobierno responde a denuncias realizadas desde el inicio del proceso por el fiscal José Arias, así como a presentaciones de otros profesionales del derecho, legisladores y organizaciones civiles. Entre las principales irregularidades que motivaron la anulación del proceso, se encuentran sorteos de jurados realizados en ámbitos cerrados del Consejo de la Magistratura, sin público presente ni notificación a los demás integrantes del organismo, violando la normativa que exige que estos actos sean públicos.
Además, la modificación indebida de requisitos: se cambió la especialidad que debían tener los jurados incorporando el Derecho Administrativo, cuando el reglamento establecía que debían ser exclusivamente especialistas en Derecho Penal. Por otro lado, falta de tratamiento de reclamos, donde el Consejo de la Magistratura desestimó planteos realizados por concursantes, argumentando que algunas denuncias se habían presentado por correo electrónico.
Según el decreto de nulidad, estas irregularidades ocurrieron durante la gestión del ex gobernador Gustavo Bordet y del entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Mariano Churruarín, y el exsecretario General, Hernán Jorge. Subraya además, que estas anomalías atentan contra principios fundamentales del sistema republicano, como la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la Administración Pública.
La Justicia Respaldó al Fiscal Arias en su Amparo contra el Consejo de la Magistratura
