Horacio Rosatti, el Juez indigno de una Corte Suprema Indigna

En la última década, ese sector de la dirigencia política y judicial ha instrumentado una mecánica de persecución política de alto nivel de sofisticación en su elaboración, aunque de manifiesta torpeza en su concreción. Tanto que la pobreza argumental no resulte casual sino inherente a ese nuevo y particular modelo de dominación.

La peligrosidad del proceso de corrupción judicial resulta más que evidente. En ese sentido, es ilustrativa la comparación histórica de ese poder del Estado. Hay que recordar (porque siempre hay que recordar) que durante la implementación del denominado Plan Cóndor I se montó un mecanismo inédito de persecución, secuestro, tortura, desaparición y muerte de decenas de miles de habitantes. Durante los cuatro años del gobierno de Macri, se instaló un modelo económico de similar factura neoliberal al de la dictadura en cuanto a transferencia de recursos y fuga de capitales, pero con una modalidad distinta de medios (Plan Cóndor II). De tal manera que los tanques, ametralladoras y picana fueron reemplazados por un sofisticado método de manipulación.

A la fraudulenta actuación de Cambridge Analytica, que facilitó con sus operaciones estadísticas y manipulación mediática reconocidas por ella misma, aportando el 2,08% de votos con los que Mauricio Macri pudo acceder a la presidencia, le siguió una metodología novedosa entonces conocida como «lawfare». Este sistema fue creado por un norteamericano, Charles Dunlap, y consiste en el reemplazo de las armas convencionales, sean fusiles, cañones o bombas, por la acción coordinada de los medios de comunicación, el Poder Judicial y los Servicios de Inteligencia, que en nuestro país tuvo su expresión máxima durante el macrismo explícito, acompañada de legisladores afines.

Esa trilogía puso en marcha técnicas de manipulación para deshacer la oposición política, los vínculos sociales solidarios, adecuándolos a determinados sectores de privilegios. De esos pilares del neoliberalismo vigente, sin duda el referido al Poder Judicial es el de mayor poder de decisión. Se trata de un sector de magistrados y funcionarios de cuyas lapiceras depende la libertad, la vida y el patrimonio de millones de ciudadanos. Y en ese tránsito, el rol de la Corte Suprema de Justicia es clave. Esa asociación «impura» tiene una «pata» cómplice en la cerrada e insólita defensa de los Diputados de JxC, que le anunciaron a sus pares oficialistas que ninguna de las pruebas que pudieran surgir de la corrupción e ilegalidad de los jueces cuestionados los haría votar por su destitución. Con esa afirmación queda reducida a escombros la institucionalidad del país. Se desmorona el Estado de Derecho en uno de los aspectos más trascendentes, que es el control de los funcionarios mediante el sistema de frenos y contrapesos de nuestra Carta Magna. ¿Para qué entonces funcionan los Tribunales si de antemano se sabe que los fallos están amañados a los intereses espurios de una clase política que ha condenado a la sociedad a soportar la vergüenza de un sector de la Justicia que fue cooptada ideológicamente y por privilegios de un poder mafioso que impunemente se entrometen hasta desvirtuar el federalismo de las provincias y violentar la independencia de los poderes, como en el Consejo de la Magistratura, paralizado durante meses por el indigno Supremo Rosatti, derogando una ley de 2014 para controlar las acusaciones en contra del poder residual macrista.

De hecho, y en medio de un juicio político que se le sigue a la Corte, promovido por la Cámara de Diputados por mal desempeño, tuvieron la osadía como demostración de «poder» de suspender las elecciones en Tucumán y en San Juan, justo en el momento en que Rosatti se entrometiera en las decisiones del Poder Ejecutivo a raíz de lo que supo llamar «expansión descontrolada de la emisión monetaria». Y lo hizo para agradar a la Cámara de Comercio Norteamericana (AmCham).

El mismo Rosatti, que da clases de moral republicana, economía nacional e independencia de los poderes, aceptó de su mandante, que había expresado: «En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. A quienes quieran serlo les digo que no serán bienvenidos». Por supuesto, Borinsky, Bertuzzi, Llorens, Ramos, Ercolini, Bruglia y el ignoto Rosatti, que aceptó ser designado Juez de la Corte por decreto, violando la Constitución. ¿Qué respaldo moral y jurídico puede tener un representante que acepte a sabiendas que ese decreto era ilegal? Tanto Rosenkranz como Rosatti se cuidaron de no firmar fallos contra funcionarios macristas que se apilaban sobre sus escritorios. ¡Impunidad al palo, que le dicen! Pero este señor, Rosatti, abogado, escritor, docente universitario y dirigente político, tenía algunos «muertos en su placard»: 23 para ser más preciso. Es el número de víctimas de las inundaciones de la ciudad de Santa Fe, a comienzos del 2003, cuando era funcionario del Gobernador Carlos Reutemann y luego Intendente de esa ciudad. Rosatti fue el responsable de las obras de defensa de la zona oeste, que quedaron inconclusas, posibilitando así que las aguas del Río Salado se «tragaran» un tercio de la capital santafesina. ¡Memoria activa, que le dicen! Pero Rosatti es un «tiempista» de pura cepa, o sea, un buitre que no duda en esperar el momento propicio para dar el «picotazo». Así fue como escaló a la cúspide de la Corte, votándose a sí mismo en ausencia de Lorenzetti, su rival en la candidatura, quien había solicitado el aplazamiento de aquella elección interna, ya que no estaría en Buenos Aires. Pero Rosatti aprovechó esa situación, rompiendo el pacto, junto con su cómplice Rosenkranz, en la primavera de 2021. Por si esto fuera poco, en el otoño siguiente se votó nuevamente a sí mismo para presidir el Consejo de la Magistratura. Insólito por donde se lo mire. De esa manera se convirtió en el bastonero del lawfare en Argentina. Ya dijimos que se trata de un recurso de la continuación de la política por otros medios, un método en el cual, para la vergüenza judicial, Argentina ostenta el primer puesto.

El lawfare tiene por objeto desestabilizar gobiernos o neutralizar opositores, depende de donde se aplique. Es así que la artillería mediático-judicial, enlazada por el hilo invisible del espionaje siniestro, comenzó a ser disparada sobre América Latina.

En Argentina, sus primeros signos visibles fueron articulados por el Fiscal Alberto Nisman con la denuncia contra CFK y el entonces canciller Héctor Timerman por el Memorándum de entendimiento con Irán. Luego, ya con Macri en la Rosada, el gran laboratorio en la materia fue Jujuy, con el «Emperador de peluche», el Radical G. Morales, con la crucifixión de Milagro Salas en aras de imponer un ejemplo de disciplinamiento social. Y la temporada nacional se continuó con el miserable juez de la servilleta de Corach, Claudio Bonadío, que citó ocho veces en el mismo día a indagatorias a CFK, seguida por una escalada de privaciones preventivas a ex funcionarios por motivos solamente inspirados en la Doctrina Irurzun, basada en la sola «percepción» de los hechos. Y ya finalizado el régimen del PRO, su logro más reciente fue la antojadiza condena e inhabilitación a CFK en la llamada «causa vialidad».

La Justicia argentina atraviesa su momento histórico más opaco, ilegal y de pura abstracción jurídica que se pueda imaginar. Mientras que el otro sector más numeroso de jueces honestos, salvo honrosas excepciones, guarda temerosos silencios por temor al «carpetazo» o al juicio político inventado.

La Justicia argentina se ha convertido en una abstracción metafórica, ya que se la equipara a Dios: la mayoría cree que existe, pero nadie sabe dónde está»…