Desde el momento en que se promulgue la norma, habrá un período de 60 días para que los boliches puedan adquirir los detectores. Las Direcciones de Inspección General y Seguridad Urbana serán los encargados de controlar el funcionamiento de los mismos.
Gallo hizo referencia al episodio que se produjo en los galpones de la Costanera, donde funciona el boliche B 612, este verano cuando un joven fue baleado a la salida del mismo. «Una de las versiones era que uno de los jóvenes había ingresado con un cuchillo al boliche», remarcó.
A partir de ese hecho, el edil se lo planteó a la Ministra de Seguridad y Justicia de la Provincia, Rosario Romero, y al Jefe de Policía de la Provincia, Gustavo Maslein, quienes manifestaron que les parecía una buena idea. «Cuando le dan el visto bueno, empece a trabajar en la ordenanza», resaltó.
Respecto del sistema de videovigilancia, la ordenanza que establecía la obligatoriedad de instalar cámaras en las afueras también regulaba la conexión de las mismas. En tal sentido, se obligaba que estuviesen conectadas al centro de monitoreo que depende de la policía provincial. Pero, por cuestiones legales, eso estaba prohibido. En cambio, ahora se establece que la Policía pueda acceder a las imágenes solo en los momentos en que esté funcionando el boliche. O bien, con un margen de tiempo de hasta cuatro horas antes y hasta cuatro horas después de que termine.
Cabe aclarar que un detector de metales portátil cuesta cerca de $ 15.000, pero un arco detector, como el que está en la puerta de Tribunales de calle Mitre (foto), puede llegar a valer cerca de $ 1 millón.