Por Sebastián Lacunza. ElDiario.ar
El gasoducto que será inaugurado esta tarde en la pampa bonaerense con la supuesta presencia de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, obra clave para la economía que viene, invita a constatar el papel cumplido en la materia por Juntos por el Cambio, la coalición señalada como la más firme candidata a ganar las inminentes elecciones presidenciales.
Decisiones y políticas implementadas durante un mandato tan reciente como el de Mauricio Macri habilitan un ejercicio básico para bajar el ruido en la campaña y detectar la presencia de espejitos de colores que trae consigo la promesa de un “país normal”, leit motiv de la derecha recargada.
Una primera respuesta está dada por la estadística oficial sobre construcción de gasoductos desde 1993, primer año tras la privatización del sistema de gas orquestada por Carlos Menem. El punto de partida fueron 10.766 kilómetros (kms) de gasoductos concedidos a privados, que comprendían cerca de 85% de la red existente. La fuente es el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
1993-1999 (Menem): sumó 1.326 kms.
2000-2001 (Fernando de la Rúa): 736 kms.
2002 (Eduardo Duhalde): 43 kms.
2003-2007 (Néstor Kirchner): 951 kms.
2008-2015 (Cristina Fernández de Kirchner, dos mandatos): 2.167 kms.
2016-2019 (Mauricio Macri): 48 kms.
2020-2023 (Alberto Fernández): 682 kms.
La foto merece prevenciones sobre cuántos de esos kilómetros estuvieron bien planificados, amén de los agujeros negros que supusieron tanto el proceso privatizador de Menem como el intervencionista de los Kirchner. Como sea, la contundencia de los números es explícita.
La privatización de 1992 disparó un modelo de tarifas y precios dolarizados para productores (quienes extraen el gas del subsuelo), transportadores y distribuidores domiciliarios e industriales, que se tradujo en una expansión sensible de la red en el segundo mandato de Menem y el bienio de De la Rúa. Con los Kirchner, comenzó un período de tarifas pesificadas y retrasadas, subsidios, fideicomisos e intervención estatal, sin romper el esquema de concesión. De hecho, los operadores de las dos redes troncales de gasoductos siguen siendo los mismos que ganaron la concesión en la década de 1990, Transportadora de Gas del Sur (hoy controlada por Pampa Energía-Mindlin) y Transportadora de Gas del Norte (en manos de Tecpetrol-Rocca y CGC-Eurnekián).
De Perón a Macri
La ola privatizadora marcó el fin de un modelo de país. El impulso decisivo al uso residencial del gas había sido dado por Juan Domingo Perón entre 1947 y 1949, cuando el Estado construyó el ducto desde Comodoro Rivadavia hasta el Gran Buenos Aires, 1605 kilómetros, entonces uno de los más largos del mundo, según registros de la Secretaría de Energía.
Las décadas siguientes avanzaron en el mismo sentido y convirtieron a Argentina en uno de los países con mayores extensión de gasoductos y proporción de su población abastecida por gas natural, muy por delante del resto de los países latinoamericanos. Al momento de la privatización, el porcentaje de hogares abastecidos con gas de red era 45%, y hoy alcanza 61%.
El pobre avance de la red de gasoductos entre 2016 y 2019 tiene un correlato en toda la obra pública durante el Gobierno de Macri. Las estadísticas oficiales en cloacas, nuevas rutas y viviendas demuestran que la gestión de Cambiemos estuvo entre las menos productivas de la democracia. Contrastada con los números, aquella imagen de Macri en la campaña electoral de 2019 golpeando el pavimento y arengando “no se inunda más” sugiere que es más barato pagarle a un asesor de marketing y asociarse a Clarín para la propaganda que invertir en obra pública.
Federico Mellado / Casa Rosada Mauricio Macri en la inauguración del Paseo del Bajo el 27 de mayo de 2019
Las tibias referencias del mundo Juntos por el Cambio al gasoducto de 573 kilómetros que concentrará la atención hoy en Salliqueló indican que Macri había dejado preparado un llamado a licitación para su construcción antes de dejar el cargo, en 2019. Es cierto.
El proyecto de Cambiemos concebía que la construcción y propiedad del ducto desde Vaca Muerta corriera a cargo de privados, con amplia discrecionalidad en cuanto a la ingeniería, la operación y la fijación del precio del transporte.
El gas tendría un cliente cautivo, la empresa mayorista de electricidad de gestión estatal CAMMESA, que compra energía a los generadores privados (Pampa Energía, YPF Luz, Central Puerto, Genneia, etcétera) y la vende a los distribuidores, también privados (Edenor, Edesur, Edelap, etc.). La generación térmica, base del sistema en la Argentina, se abastece principalmente de gas para generar calor. Cualquiera puede imaginar el margen de negociación del Estado para comprar el transporte de gas a un dueño del gasoducto con potestad para fijar el precio, así como quién podría ser el propietario de la obra. ¿Eventualmente el mismo que produce gas en Vaca Muerta, construye caños de acero, los instala y transporta el combustible?
El legado de Aranguren
Un capítulo asociado al gasoducto fue la performance de la producción de gas forjada por el modelo de Juan José Aranguren, el primer ministro de Energía de Macri. Cambiemos se encontró en 2015 con la maraña de subsidios, turbiedad y precios distorsionados que signó al área de Energía durante el Gobierno de Cristina. También, con la decisión estratégica de haber estatizado el 51% de YPF y expulsado a la aspiradora de dólares y dilapidadora de reservas Repsol. Con el impulso de YPF asociada a Chevrón, Vaca Muerta había demostrado la viabilidad del negocio y la productividad de sus reservas de petróleo, aunque el gas presentaba un panorama más complejo y retrasado.
Aranguren implementó en 2017 la memorable Resolución 46 para el desarrollo del shale gas en Vaca Muerta. El Estado garantizaría un piso mínimo de US$ 7,50 por millón de BTU —valor muy alto— para los nuevos proyectos de gas no convencional.
Techint presentó su emprendimiento Fortín de Piedra para adherirse al subsidio y realizó una inversión de US$ 1.700 millones entre 2018 y 2019, probablemente la mayor en manos privadas durante el mandato de Macri. Ese yacimiento resultó ser hiperproductivo, pero puso en una encerrona al Estado, llamativamente no prevista por funcionarios con tanta experiencia en el mundo de los negocios.
Ocurrió que la recesión disparada cuando el proyecto de Techint cobraba vuelo (2018, colapso del endeudamiento de Macri) hizo que la demanda de gas bajara, por lo cual, el combustible por el que la empresa de Rocca obtenía un oneroso pago en dólares del Estado dejó de ser demandado. La contracara fue que los otros productores de gas, con YPF a la cabeza, recibieran sólo marginalmente el subsidio de la resolución diseñada por Aranguren, por lo que vendían su producción a precio de mercado. Es decir, lo que Techint recibía US$ 7,50, sus competidores lo vendían a US$ 2 o menos. En consecuencia, la firma de Rocca producía todo lo que podía en Fortín de Piedra, porque el Estado estaba obligado a pagar, mientras el resto, firmas nacionales y extranjeras, cerraba sus yacimientos. Según quien arriesgue una explicación, no está claro si YPF se privó de presentar un proyecto similar al de la empresa de Rocca porque no tenía caja para encarar la inversión inicial o por la confusión de intereses públicos y privados que reinó durante el Gobierno de Cambiemos.
Aranguren y su sucesor, Javier Iguacel, no previeron incluir en la Resolución 46 una cláusula de que el Estado subsidiaría la producción sólo si era necesaria y encontraba comprador. Cuando Gustavo Lopetegui, último secretario de Energía de Macri, intentó enmendar la situación, Tecpetrol inició una demanda y pidió que citaran a Iguacel y Aranguren como testigos a su favor. El juicio por un monto estimado en US$ 642 millones sigue su marcha.
Hasta 2021, Techint había recibido más de US$ 1.200 millones en concepto de subsidios por la Resolución 46, es decir, dos tercios de su inversión inicial. A ello se suma el lucro que recibe la firma por la venta del gas a privados o en el marco de sucesivos planes de promoción del gas.
Cristinismos en pugna
En diciembre de 2019, Alberto Fernández se encontró con una licitación convocada para construir el gasoducto, la prueba —vía las experiencias de YPF y Tecpetrol— de que Vaca Muerta tiene reservas de gas y petróleo prácticamente infinitas y extraíbles a precios competitivos, una caída en la producción de gas a un ritmo del 12% anual —por el desquicio generado por la Resolución 46 y la recesión—, un juicio millonario al Estado, nulo acceso al mercado financiero para solventar inversiones y una pandemia.
En el loteo del Gobierno ideado por los Fernández, el manejo de los resortes de Energía quedó principalmente en manos de La Cámpora y otros cristinismos, con alguna intervención del primer ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Alberto Fernández designó secretario de Energía al ingeniero nuclear misionero Sergio Lanziani, quien llegó sin equipo, sin experiencia en hidrocarburos y sin voluntad de gestión. Hasta hoy, nadie, de ninguna de las tribus oficialistas, atina a dar un porqué de ese nombramiento que no sea la elección de un neutral con antigua militancia en la UCR para no alterar a las fuerzas en pugna.
Juan José Carbajales, hombre con experiencia en ENARSA e YPF en el último mandato de Cristina y línea con Kulfas, ocupó la subsecretaría de Hidrocarburos. Al ritmo que llevaba la caída de la producción de gas, el sistema energético argentino, altamente dependiente de ese combustible, corría riesgo de colapso. Sin jefe operativo ni coordinación posible con otras áreas de Energía, Carbajales ideó un nuevo plan de promoción del gas que bajara el precio y atara el subsidio a la demanda real, y pisó el freno en la licitación del gasoducto legada por la administración Cambiemos.
El paréntesis Lanziani duró apenas meses. Cuando Darío Martínez —un kirchnerista binorma de Neuquén, con dependencia política de Cristina y llegada a Alberto— fue designado secretario de Energía, en octubre de 2020, plena pandemia, terminó de definir un nuevo plan para el gas con precios fijados a la mitad de los de la resolución de Aranguren y asociados a la demanda de la mayorista de electricidad CAMMESA. Martínez anuló la licitación del gasoducto en manos privadas en diciembre de 2020, al cabo del primer año del mandato de los Fernández.
Testigo contra sí mismo
En estos días, el cristinismo se aventuró a la versión de que el gasoducto que hoy se inaugurará formalmente no se hizo antes por las trabas impuestas por Martín Guzmán y Kulfas. Enésimo capítulo de “una política del yo”, como tituló el periodista Juan di Loreto, aunque esta vez, el grado de falsedad de la afirmación es tan palmario que despierta hilaridad hasta en fuentes afines a la vicepresidenta.
Cristina apostó tres cabezas clave en Energía durante los primeros años del Ejecutivo del Frente de Todos. Federico Bernal, primer titular de ENARGAS y hoy subsecretario de Hidrocarburos, antes cercano a Julio de Vido; Agustín Gerez, titular de la empresa estatal Energía Argentina SA (ENARSA); y Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica. Pablo González, presidente de YPF, fue un cuarto hombre, aunque externo al Ejecutivo, proveniente del kirchnerismo santacruceño puro.
Un problema adicional del manejo de la Energía fue que la línea divisoria no estuvo dada sólo por albertistas, cristinistas y binormas, sino que dentro del campo de la vicepresidenta y La Cámpora, las diferencias entre los nombres citados fueron extenuantes.
A grandes trazos, Basualdo y Bernal encabezaron la postura de que las tarifas debían ser pesificadas y bajas, lo que conlleva subsidios infinitos que benefician a los sectores de mayores ingresos más que a nadie. Un modelo que ya estaba largamente agotado en 2015, cuando el país no cargaba sobre sus espaldas decenas de miles de millones de dólares de deuda externa contraída por Cambiemos ni había pasado una pandemia. Ese prisma ocupó sillas clave de Energía durante más de la mitad del mandato de Alberto Fernández y se cargó a varios ministros, hasta que llegó Sergio Massa y exigió, con instinto de supervivencia, asumir toda la botonera.
El caso Bernal es curioso. Como titular del regulador ENARGAS, presentó denuncias judiciales contra funcionarios de Energía de Macri por haber firmado contratos en dólares para la producción de gas, ya que, en su mirada, debían ser en pesos. Esa denuncia, que prescindía del factor clave de encontrar a alguien dispuesto a invertir dólares en los yacimientos y las infraestructuras para recibir pesos regulados por funcionarios como el propio Bernal, apuntaba a los predecesores de Cambiemos, pero también configuraba una amenaza latente para los responsables de Energía del Frente de Todos. Aunque a precios más bajos, el plan gas de 2020 también garantizaba precios en la moneda estadounidense.
Bernal pasó de ENARGAS a la subsecretaría de Hidrocarburos en agosto de 2022 y desde esa silla avala nuevas rondas del plan gas. Debajo de la línea de la secretaria massista Flavia Royón y sin presencia pública, el funcionario tiene menos campo de acción que en un ente regulador autónomo, señala una fuente del ministerio de Economía. Si Bernal mantiene sus convicciones pesificadoras, podría darse la particularidad de que algún juez lo llame para declarar contra sí mismo.
El desarrollo del plan gas implementado por Martínez, que llevó a batir récords de producción en Vaca Muerta y generó importantes ganancias a las empresas, llevó a que la capacidad de transporte desde Vaca Muerta llegara a su punto límite. Dado que la importación de gas en invierno desde Bolivia y a través de barcos con gas licuado es mucho más cara que el combustible producido en Neuquén, la necesidad de construir el gasoducto se volvió urgente.
El año 2021 transcurrió entre internas del Gobierno y del cristinismo en particular sobre quién llevaría a cabo la obra, el financiamiento, la traza y el modelo de negocios. Antes de la guerra de Ucrania, había voces que hasta sostenían que un gasoducto tan caro, de unos US$ 1.500 millones en su primer tramo, no era necesario, porque Argentina tiene un pico de consumo entre mayo y septiembre y, el resto del año, hay capacidad de transporte vacante. El razonamiento se demostró fallido. Con el diario del lunes, el consenso sobre un ahorro fiscal anual superior a US$ 3.000 millones es unánime.
El llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner tuvo lugar en febrero de 2022, en coincidencia con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para renegociar los US$ 44.500 millones entregados al Gobierno de Cambiemos en 2018. Meses después, en junio de ese año, Cristina tuvo la ocurrencia de que el Gobierno debía exigirle a Techint que fabricara el acero para los caños en una planta en Argentina y no en Brasil. Lo hizo en una clase magistral por el centésimo aniversario de YPF con el Presidente a su lado. “Te pido que uses la lapicera”.
El deseo de la vicepresidenta era materialmente imposible. No existía la capacidad instalada para el tipo de tubos necesarios ni estaba en los planes de nadie. La algarada soberanista sirvió para entretener a los suyos esa fría tarde en Tecnópolis y no se volvió a mencionar, ni entonces ni ahora, cuando se elaboran planes para los próximos gasoductos. Una respuesta desarticulada de Kulfas a algunas indirectas de Cristina lo dejó fuera del Ejecutivo.
Desde entonces, el brazo consultor de Juntos por el Cambio y el lobby empresarial disfrazado de periodismo se dedicó a pronosticar que sería imposible llevar a cabo una obra con una logística tan compleja y con tantos actores en juego dentro del plazo previsto. Son voces que circulan por el sistema mediático argentino y juegan al distraído o al francotirador según quién ocupe la Casa Rosada.
El mérito es de nadie
La situación absurda que supone un Gobierno loteado lleva a que prime la disputa sobre quién se lleva el mérito de haber construido un gasoducto clave en apenas diez meses, circunstancia que siembra curiosidad sobre cada gesto de quienes esta tarde supuestamente compartirán una foto en la pampa bonaerense. ¿Otra clase magistral? ¿Un desplante? ¿Empujones?
Una narración racional en un Ejecutivo normal permitiría evaluar que les cabe a Alberto Fernández y a Cristina la decisión estratégica de llevar a cabo el gasoducto; a Carbajales y Martínez, el haber elaborado un esquema que potenciara la producción en Vaca Muerta; a Guzmán, la administración de un presupuesto que garantizara la utilización de recursos generales del Estado para la construcción; a Máximo Kirchner, el impulso al impuesto a las grandes fortunas sancionado en diciembre de 2020 que financió buena parte de la erogación; a Agustín Gerez, titular de ENARSA, la gestión de la obra en un lapso muy exigido; y a Massa, quien llegó al Ministerio de Economía con la licitación definida y el plan de trabajo listo, el haber puesto a todas las áreas en línea hacia un mismo objetivo, sin tentarse con distraer recursos ni bloquear insumos en una época crítica, pese a que el ahorro fiscal comenzará a contar en serio a partir de 2024. Debajo de todos ellos, cientos de técnicos del Estado trabajaron en diseños, permisos y coordinación entre jurisdicciones. Ese mapa, por fuera de la galaxia exótica del Frente de Todos, se llama Gobierno.
El gasoducto Néstor Kirchner comenzará a cambiar el balance energético argentino. Se trata de un primer paso de otros que, con expectativas realistas, configuran un horizonte promisorio, aunque la acechanzas son tantas que en Argentina nunca se sabe. La experiencia indica que la falta de coordinación y la mezquindad consumen tiempo y pueden hacer desbarrancar a un Gobierno, pero también, que el país modélico que prometen los profetas de la iniciativa privada redunda, a la hora de la verdad, en negocios millonarios para viejos conocidos y un avance exiguo de 48 kilómetros de gasoductos en cuatro años.
