Motomandados: una ordenanza aprobada genera malestar en una actividad caracterizada por la precariedad

El servicio de mensajería ya está regulado por la ordenanza N° 36.259 del año 2017 que establece, entre otras cosas, que los locales destinados al servicio de mensajería, de moto y/o moto-vehículo y bicicletas, deberá tener habilitado un espacio destinado exclusivamente a su estacionamiento que no supere la superficie del frente del local, con un máximo de hasta cinco (5) metros, siendo este sobre la mano derecha; cada uno de los conductores de moto-vehículos que realicen la actividad conocida como Mensajería y/o Motos Mandados, deberá utilizar una pechera y/o chaleco color verde fluorescente en la que quede perfectamente identificada la Empresa, la enumeración de la patente del vehículo y el teléfono en el dorso y en el frente de la misma, en caso de ser bici-mandado deberá llevar casco y chaleco, los motos-vehículos utilizados deberán estar identificados claramente con el nombre del comercio al que pertenezcan; los conductores deberán contar con certificado de Buena Conducta y presentar una pechera y/o chaleco identificatorio.

Pero en la última sesión del 6 de julio pasado, se aprobó otra ordenanza que establece más regulaciones al sector. Solís dijo ese día que era importante avanzar con ese expediente ya que prevé un proceso de digitalización y regulación del servicio de mensajerías en la ciudad. Recordó que lo presentó en 2020 cuando, en plena pandemia, el servicio cobró un auge inusitado. Y sostuvo que ya transcurrió tiempo suficiente para que todas las áreas del Ejecutivo diesen su opinión al respecto. Y pidió al área de Informática del municipio que avance de manera rápida en la implementación de la norma. El proyecto fue aprobado por mayoría simple. Sólo el bloque del oficialismo votó a favor. Sus pares de Juntos por el Cambio pidieron que vuelva a comisión pero no fueron tenidos en cuenta.

Pero los motomandados destacaron que la ordenanza parece no tener en cuenta la naturaleza misma de su trabajo, caracterizado por la flexibilidad y la independencia. Consideran que la normativa actual no toma en cuenta las particularidades de su labor y apunta a una regulación generalizada sin tener en cuenta sus necesidades individuales.

El problema se genera en que el proyecto propone establecer una tarifa regulada por cada envío, aparentemente en un rango equivalente a un monto de uno a tres litros de nafta, tener la tarjeta verde a nombre de quienes conducen o estar regularizados con las multas para poder sacar el libre deuda.

Rossi explicó que muchos conductores tienen registro de conducir, pero están debiendo cuotas ya que no tienen para pagarla debido a que no tienen otro ingreso. “Son cuotas de $ 9.000 u otras de $ 12.000 y como está la situación no la pueden pagar”, indicó.

Por otra parte, remarcó que hay conductores que tienen la tarjeta verde, pero a nombre del padre o del anterior dueño. “Hoy una transferencia vale $ 40.000 o $ 50.000 y para los chicos hoy $ 40.000 o $ 50.000 no lo tienen”, dijo. “Este es un trabajo temporario. Hay que aprovechar cuando hay muchos llamados que son del 1 al 20 y después empieza a mermar porque viene fin de mes y la gente está sin plata”, sostuvo.

“Nos hubiesen consultado a nosotros que tenemos muchos años y no venir con esto. Duele que no nos han consultado a nosotros de estos puntos que quieren sacar”, dijo. Rossi remarco que la ordenanza generará un perjuicio en un sector precarizado pero que genera ingresos en momentos difíciles para la economía.

“Acá nadie es millonario; acá la gente que nos conoce sabe que, si las mensajerías han crecido, han crecido por los llamados de la pandemia para acá. Hay mucha gente que ha alquilado en el centro y los alquileres están muy caros. La gente tiene su emprendimiento en sus casas y a través de las redes sociales venden y nos generan los envíos a nosotros”, indicó.