El Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) ha relevado 56 barrios populares en Concordia, parte de un total de 5.687 en todo el país. Desde su implementación, la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación ha trabajado en informar a los residentes sobre sus derechos y ha otorgado certificados de vivienda para solicitar servicios. El programa «Acceso a la Justicia» del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación también ha intervenido en casos de desalojo y denuncias de usurpación en barrios protegidos por la Ley.
La situación socioambiental de los residentes del barrio Pampa Soler es alarmante. Carecen de servicios esenciales como agua potable, electricidad y cloacas, viviendo en condiciones precarias en estructuras de madera. La mayoría de las familias son monoparentales, muchas de ellas lideradas por mujeres, y se enfrentan a desafíos económicos significativos, con altas tasas de desempleo y empleo informal.
Esta situación ha puesto en evidencia un problema fundamental: la desconexión entre la legislación nacional y las decisiones judiciales locales en Concordia, donde al menos cuatro fallos han sido emitidos en contra de la ley nacional, en muchos casos desconociendo el derecho vigente.
Para arrojar luz sobre esta situación, el abogado Sebastián Bergalio, coordinador del programa «Centro de Acceso a la Justicia» de la ciudad de Concordia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, habló en el programa «TareaFina» de Radio Ciudadana, según pudo registrar DIARIOJUNIO
-¿Qué es lo que está sucediendo en el Barrio Pampa Soler de Concordia?
-Hay 721 familias que viven en el barrio Pampa Soler que por ley integra el RENABAP que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que son terrenos que claramente tienen un origen en la parte privada, que fueron ocupados en algún momento hace muchos años y que estas familias tienen como único destino de vivienda. Hay un proceso judicial donde la figura del juez Belén decide que esos terrenos deben ser desalojados, pero hay una ley nacional que a su vez plantea que los barrios populares no pueden ser desalojados hasta tanto no se le ofrezca desde el Estado una reubicación a las familias.
La ley de barrios populares también ofrece un procedimiento de expropiación a estos barrios, o sea el Estado no es que le va a sacar el terreno, la propiedad a los privados. Los va a expropiar y se les va a pagar. Y eso no sucedió hasta ahora tampoco y esto no ha sucedido todavía en el caso de Pampa Soler porque hay que tener en cuenta que el proceso de expropiación de 5.600 barrios populares en todo el país es un proceso que lleva su tiempo. También hay otra herramienta a disposición de los propietarios privados -porque también hay barrios populares en terreno del Estado- que es el proceso de expropiación inversa que se llama: el Estado no está expropiando, entonces el mismo privado puede pedir al Estado que lo expropie y percibir lo que corresponde. Esto es una posibilidad que en esta instancia no sucedió.
El juez dicta sentencia, incluso con ley vigente, se le informa a la Secretaría de Integración Social Urbana, el abogado de la Muni, le dice que este es un barrio popular, no puede ordenar el desalojo, suspende el desalojo, después la parte actora apela y la Cámara dice no, no, está mal, hay que desalojar. Entonces es la resolución en la que estamos ahora. Esas familias de cualquier manera no han sido desalojadas porque eso sería un escándalo, digamos, algo que no podemos imaginar.
-¿Y con los dueños de estos terrenos, quiénes son? ¿Se han puesto en contacto ya sea con el Estado para empezar a hablar de la expropiación de los terrenos?
-Entiendo que la Municipalidad viene llevando adelante negociaciones con los dueños de los terrenos, en realidad con el apoderado de los dueños (El abogado Enrique Oscar Bacigaluppe) que viene llevando adelante negociaciones porque la Municipalidad también puede comprar estos terrenos más allá del proceso de expropiación, los cuales entiendo que no han sido fructíferos porque si no, no estaríamos en esta instancia donde un abogado está avanzando en una causa. Así que eso se ha hecho, no ha tenido una negociación favorable, digamos. Por otro lado tampoco tengo certeza de si son las 721 familias o si hay más familias en este momento en el barrio, si el desalojo se pide sobre las 721, son cuestiones muy específicas del expediente, pero es una gran cantidad de familias porque son como 28 hectáreas.
-¿Y por qué el fallo judicial no reconoce el argumento justamente de que Pampa Soler integra este registro nacional de barrios populares ?
-Lo desconozco, en el expediente hay informes de la Secretaría de Integración Ciudad Urbana, incluso el mapa que he visto publicado está en el expediente, así que la realidad es que desconozco porque entiendo que el fallo de cámara es por cuestiones formales, no hay cuestiones de derechos fundamentales consideradas tan importantes como el derecho a la vivienda.
-¿Y cómo es la situación de las familias ante toda esta información que surge ante el avance de la cuestión judicial?
-Nosotros hemos tenido incluso una reunión con el municipio, con algunos vecinos y vecinas del barrio para informar un poco de la cuestión judicial y los pasos, las medidas de aquí en adelante, también obviamente los representantes del Intendente se manifestaron garantizando que se va a cumplir la ley por cualquier medio. llevando tranquilidad a las familias. La idea es también generar una reunión más amplia en el barrio para informar a las familias sobre la situación y el municipio tiene manifestó su intención de ir al barrio, obviamente también nosotros del centro de Acceso a la Justicia para informar y para sacar cualquier duda, porque esto lo que genera es mucho nerviosismo. Pampa Soler es un barrio popular y está protegido por la ley. Además, puede quedar un antecedente con un fallo como este. Si bien no hemos tenido antecedentes, hasta el momento sí conocemos otros expedientes en los cuales se han dictado sentencias en contra de la ley, incluso con la ley vigente, en algunos de ellos estamos interviniendo desde que existimos como organismo acá en la ciudad.
-¿Hay alguna instancia de apelación de esta resolución del juez Belén que desde el Centro de Acceso a la Justicia se vaya a promover?
-Sí, hay una instancia de apelación. Los vecinos están patrocinados por abogados del municipio, y nosotros vamos a acompañar esa presentación de apelación, con fundamentos y firmando también. Queda una instancia de apelación y hay otra instancia ante el Tribunal Superior de la provincia, incluso instancias nacionales, pero bueno, hay que ir paso a paso en este momento. Ahora hay que apelar esta resolución concreta.
Oscar
Los terrenos de los soler y los urquiza nunca fueron comprados mi pagados por estas familias. Fueron apropiados luego de borrar ls poblaciones originarias
¿Hay más culpables...???
Ricos más ricos, pobres cada vez más pobres y arrojados a la marginalidad. ¿Toda esta culpa la tiene los políticos, o en esto encontramos más culpables???
HUGO CONCORDIA
Hay un responsable principal: el pueblo que elije.