Dejemos de lado a los «operadores» que especulan financieramente haciendo subir artificialmente una divisa que en todo el mundo ha comenzado a declinar como instrumento de negociación, debido a la aparición de otros «jugadores» mundiales como el BRICS, Arabia Saudita, Malasia, etc., que negocian en otras monedas. Pero volvamos a nuestro país para entender quiénes y cómo se quedaron con la mayor parte de los dólares de la deuda externa.
La deuda externa de Argentina en diciembre de 2015 ascendía a US$ 240,665 millones. El 60% de esta deuda estaba en manos del sector público, ya sea en posesión de la ANSES, los Bancos Oficiales, los Fondos Fiduciarios argentinos, etc. Sin contar al FMI, al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006, cosa que algunos olvidan. El 31% se debía al sector privado.
Sin embargo, para diciembre de 2019, la Deuda Externa Nacional había aumentado a US$ 323,065 millones de dólares, y el 40% de esa deuda pertenecía al sector público, el 22% a organismos internacionales (especialmente el FMI, con un equivalente de US$ 45,500 millones de dólares) y el 37.03% al sector privado. La deuda se incrementó en US$ 82,400 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y su distribución empeoró, en parte debido a los plazos exigibles de difícil cumplimiento, lo que obligó a una renegociación con todos los problemas financieros que eso conlleva.
El 21 de mayo de 2020, el BCRA publicó un informe titulado «Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos, 2015-2019». En este informe se demostró que durante la gestión de Cambiemos, la «fuga de capitales» alcanzó la asombrosa cifra de US$ 86,000 millones de dólares. El Banco Central vendió estos dólares a los bancos a precios oficiales, y estos a sus clientes privilegiados, es decir, la élite dominante y empresarios amigos.
Además, el informe revela que un total de 6,693,605 personas físicas y 85,279 personas jurídicas (empresas) compraron a precio oficial los US$ 86,200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos. Sin embargo, los 100 mayores compradores adquirieron a través de sus empresas un total de US$ 24,769 millones de dólares. El BCRA nunca reveló quiénes eran estas firmas. Pero, como todo está globalizado, la información se conoce. Tal cantidad de dinero no puede desaparecer en cuatro años sin dejar rastro, por lo que se debe investigar las operaciones de los 100 principales compradores, que adquirieron US$ 24,769 millones de dólares. De todas formas, quienes pagan esta deuda son aquellos que no se beneficiaron, como la mayoría de los jubilados y los trabajadores precarizados o desempleados.
Es necesario examinar la lista de los principales compradores, que son empresas, y cotejarla con sus memorias y balances anuales. Hablamos de posesión de divisas netas, no de pagos ni cobros; es decir, la tenencia de dólares que compraron y que deberían estar en manos de las firmas. En diciembre de 2015, el gobierno de Macri eliminó el programa de Consultas de Operaciones Cambiarias de la AFIP y levantó la restricción de compra de US$ 2,000 dólares por persona física o jurídica, ampliando dicho límite a US$ 2,000,000 de dólares. Esta fue una manera de «legalizar» la compra fácil. En mayo de 2016, el BCRA aumentó el límite a US$ 5,000,000 de dólares y en agosto de 2016 no impuso ningún límite a las operaciones en el MULC (Mercado Único y Libre Cambio), conformado por los bancos y los compradores seriales de divisas.
Desde el punto de vista contable, no es difícil rastrear esta información. Las empresas deben presentar su Memoria y Balance General ante la Comisión Nacional de Valores y ante la AFIP, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIF) y las normas impositivas del país. En estos documentos deben mostrar un cuadro llamado «Estados de Flujo de Efectivo consolidados», que incluye el aumento neto de efectivo y el equivalente de efectivos, donde se contabiliza la compra de divisas. Este cuadro se combina con el de activos y pasivos en moneda extranjera, lo que proporciona información sobre cuántos dólares adquirió la empresa y si tenía la capacidad financiera para hacerlo.
Paralelamente, el Banco Central debería cumplir rápidamente con lo solicitado por la Justicia. El 3 de marzo de 2022, a petición del Fiscal Picardi, se exige que se identifiquen todas las personas físicas y jurídicas que compraron divisas durante el período 2015-2019. Además, la Justicia requiere identificar a todas las empresas, incluidos los bancos, que realizaron transferencias de divisas netas al exterior durante el mismo período.
Nota: En la segunda parte del informe, proporcionaremos los nombres de muchas empresas involucradas en esta maniobra de fuga de capitales al exterior, que no pudieron demostrar su capacidad de pago según sus balances.
