El presidente de la Comisión de Legislación General del Senado, Francisco Maradey, junto al secretario, Horacio César Amavet y las senadoras Nancy Susana Miranda y Claudia Ester Gieco, escucharon las ponencias de los integrantes de la magistratura, y también las intervenciones del director del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Miguel Ángel Cullen, quien concurrió junto a otros integrantes del mencionado instituto.
Quienes integran la Sala Penal recordaron que hace más de un año, a pedido del gobernador Gustavo Bordet, se comenzó a trabajar en el proyecto de reforma parcial del Código Procesal Penal de la provincia, realizándose reuniones de trabajo con diferentes operadores judiciales del fuero penal, siendo el mismo el resultado de un trabajo mancomunado a través de cada uno de los aportes realizados, tales como la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado de la provincia, el Colegio de la Abogacía de la provincia; las Oficinas de Gestión de Audiencias y la Oficina de Medidas Alternativas, como también el Departamento Médico Forense y su Equipo Técnico Interdisciplinario.
Mejoras en Cámara Gesell
Todo el material conformado por las sugerencias que se hicieron llegar por escrito y en los encuentros presenciales y/o virtuales, está reunido en la Sala Penal, y lo que se hizo fue depurar y avanzar en el proyecto presentado al Poder Ejecutivo. En ese sentido, se recordó que el Ministerio de la Defensa hizo llegar mejoras sustanciales relacionadas con la Cámara Gesell, habida cuenta que la entrevista videograbada, cuyo cambio de denominación se propone, funciona bajo la órbita de la Defensoría pública.
Rol de Jueces de Garantías
La Sala Penal sostuvo que el espíritu de las reformas planteadas se basa en el fortalecimiento del rol de los jueces y juezas de Garantías, siendo éste uno de los pilares fundamentales del trabajo, para que realmente sean, como se lo denominan en varias provincias, jueces y juezas de control.
Se detalló que se inspiraron, entre otras fuentes, en el moderno Código Procesal Federal, el cual fue tomado como guía por su concisa y prolija redacción, que lo convirtieron en un ejemplo orientativo a seguir.
Menos juicios abreviados
También se planteó la necesidad de revisar el funcionamiento del juicio abreviado, considerando que a la fecha el mayor porcentaje de causas se resuelven a través de este procedimiento, y el resto, en un número significativamente menor, a través de un juicio tradicional, desvirtuándose el espíritu del mismo.
Plazos de Investigación Ministerio Público Fiscal
Otro de los temas abordados fue el de los plazos de investigación por parte de del Ministerio Público Fiscal, entendiéndose que los y las fiscales deben tener plazos razonables como lo tienen jueces, juezas, defensores y defensoras. Todos tienen plazos para resolver. Los jueces, por ejemplo, tienen que dictar sentencia en un término que ordena el Código, y los defensores tienen plazos para recurrir. Por esto, los fiscales también deberían tener un tiempo razonable para hacer las investigaciones, para concluirlas y elevarlas a juicio.
Se recordó que en el sistema anterior se demoraba un tiempo demasiado extenso, y que con la adopción del nuevo sistema se esperaba mayor agilidad, pero que, sin embargo, con el transcurso de los años se pudo observar que no hay una plena satisfacción de todas esas expectativas, por lo que se destacó la necesidad de reforzar el rol de la magistratura de Garantías.
Comunicación
Por otra parte, se planteó la necesidad de establecer la obligatoriedad del Ministerio Público Fiscal de informar a la comunidad sobre el avance de las denuncias recibidas en su totalidad, dando a conocer los criterios de política criminal establecidos.
Desde el Colegio de la Abogacía se sostuvo que «este proyecto apunta a decir que somos todos iguales: la defensa, la acusación, el imputado, la víctima. Todos somos iguales y tenemos que entenderlo». Se señaló además que todas las partes tienen que atenerse a la ley. Los plazos existían y no los cumplían y que son los Jueces quienes deben exigir a la Fiscalía que cumpla con la ley. «Desgraciadamente nuestra sociedad asimila justicia con condena, por lo que si hay absolución es impune y si hay condena se hizo justicia. Pero esto no es así», reflexionaron
