La acusación más importante que debe afrontar el médico es el homicidio de la paciente uruguaya, Iris Amaro, ocurrida en febrero del 2019 luego de realizase una intervención estética en la clínica. Paralelamente, por esa muerte, Ojeda está acusado como el autor del hecho mientras que las enfermeras están acusadas de partícipes voluntarias. Pero además se le imputan otros seis hechos por lesiones graves causadas sobre cuatro víctimas anteriores al homicidio en total.
La defensa de Ojeda solicito el cambio de calificación de homicidio doloso a culposo. Eso implicaría una reducción sensible de la expectativa de la pena: de 8 a 25 años de cárcel desciende a 1 a 5. Y además el sobreseimiento de dos de las otras acusaciones por lesiones graves. Mientras que la defensa de Zárate reclama el sobreseimiento por la falta de claridad en el hecho que se le acusa. De hecho, sostienen que no saben de qué debe defenderse.
El juez Degano debe resolver el pedido de los defensores oficiales Alejandro Giorgio, José Luis Legarreta y Joaquín Garaycochea. El jueves 19 de octubre dará a conocer su veredicto. Más allá de eso, caber recordar que en septiembre del año pasado se iba a llevar a cabo el juicio oral pero se suspendió debido a la renuncia del abogado de Ojeda en ese entonces Enrique Bacigaluppe. La defensa oficial pidió la suspensión del caso ya que era una causa compleja u era imposible estudiarla en profundidad en pocos días.
Más adelante, el STJ (Superior Tribunal de Justicia) cambió el criterio y determinó que ese juicio, al igual que todos los casos anteriores a la sanción de la ley de juicios por jurados, debía ser resuelto mediante esa vía. Los juicios por jurados deben llevarse adelante en los casos en que la expectativa de pena supere los 20 años de cárcel. En consecuencia, la causa volvió a la etapa de remisión a juicio, una instancia que ya se había efectuado hace dos años, el 5 de julio de 2021.
En 2001, se había decidido que Ojeda y las enfermeras enfrenten el juicio oral. En este caso, el juez de Garantías tomó la misma decisión. Ahora resta que Degano tome una determinación ante el pedido de sobreseimiento y de cambio de calificación de la causa.
Vale recordar que Ojeda enfrenta además otra causa por el fallecimiento de una paciente peruana de 42 años, mientras realizaba una liposucción en un departamento ubicado en Villa General Mitre, provincia de Buenos Aires. Allí atendía desde que el Ministerio de Salud de la Provincia lo inhabilitó para ejercer en Entre Ríos.
liliana
Si la pena va de 1 a 5 años debemos considera que cualquier matasanos puede negociar con otras vidas seguir matando gente.