“Soy un convencido de que este tipo de normativas no colaboran a los fines que se prevén por más nobles que sean. La creación de cupos está demostrado que no es conducente en la medida que tenemos cupo trans o discapacidad y cuando miramos la estadísticas no se cumplen ni por las tapas”, remarcó el edil de JxC.
Daniel Cedro, concejal del oficialismo, explicó que la norma no se entromete con la ley de Contrasto de Trabajo. En ese sentido, explicó que cuando el Estado contrata una obra pública, puede imponer condiciones. Sostuvo que el Estado debe garantizar las políticas de inclusión laboral. “Es absolutamente valido que pongamos condiciones en las contrataciones que hacemos. Y eso no va contra la Ley de Contratos de Trabajo ni contra la libertad de contratación”, dijo.
Asimismo, Cedro remarcó que las empresas tienen la libertad de decidir si presentarse o no en una licitación de una obra pública ya que las condiciones las impone el municipio. Y puso como ejemplo que si hay empresarios que están dispuestos a participar pero sienten que las políticas de género del municipio violentan su libertad de contratación, “directamente que no se presente a la licitación”.
Pero Sastre remarcó que le parecía “discriminatorio” que a una empresa no se la deje participar en una licitación si no cumple con esas premisas. Incluso, sostuvo que se podrían dirigir las licitaciones de manera “caprichosa” a empresas que tengan previsto el cupo femenino en detrimento de otras que no lo tienen. En cambio, propuso incentivos para que se contrate personal femenino. Por ejemplo, que las empresas que hagan lugar al cupo femenino no paguen la tasa comercial durante dos años. “En vez de garrote, zanahoria”. Por último, Sastre dijo que la municipalidad debería preocuparse por abonar las obras que están en marcha ya que, por ejemplo, la obra de la Costanera Nebel está frenada por falta de pago.
Más adelante, la concejala Claudia Villalba (PJ) defendió la iniciativa al sostener que se trata de incluir a mujeres capacitadas para cumplir el rol de herreras, de albañiles o de lo que sea en la construcción. Y recalcó que si hay escuelas de oficios mixtas donde hombres y mujeres se capacitan por igual, lo correcto es que las mujeres tengan acceso a la obra pública y no solo como empleadas administrativas.
En tanto, la concejala Carola Laner (JxC) se preguntó por qué razón no se avanzaba en convenios que establezcan incentivos para la contratación de mano de obra femenina en lugar de imponer cupos. Laner destacó la existencia de convenios entre la Uocra y la Cámara Argentina de las Construcción en diferentes provincias. Y mencionó que en Entre Ríos hay un convenio como el mencionado denominado, “Mujeres que Construyen” cuya responsable es la vicegobernadora actual Laura Stratta. “El objetivo del programa no es imponer sino establecer medidas de acción positivas mediante el trabajo articulado”, destacó. Al mismo tiempo, remarcó que muchas veces los cupos sirven solo para ocupar lugar en la tapa de los diarios pero luego no se cumplen. Y como ejemplo mencionó el cupo de discapacidad.
La ordenanza que dispone que las empresas adjudicatarias de las obras públicas en Concordia deberán contar con un cupo mínimo de 10 % de mano de obra femenina en la nómina de trabajadores distribuidos en las diferentes fases de construcción, incluyendo especialmente la etapa de ejecución, fue aprobada por siete votos. Los concejales del PJ levantaron sus manos mientras que los ediles de JxC decidieron no apoyar la iniciativa.
El proyecto fue por iniciativa del Intendente Enrique Cresto quien remitió al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que establece un cupo de un 10% de mujeres en las obras públicas contratadas por el municipio, así como también la creación del Registro de Trabajadoras para la Obra Pública Local y la obligatoriedad de que en los pliegos de licitación se solicite el compromiso de aplicar políticas de género en las empresas y proyectos, lo que es un significativo avance para todos.
María de los Ángeles Petit, coordinadora de Proyectos Estratégicos de la intendencia y especialista en políticas de género, destacó en agosto que “es necesario promover y garantizar la integración y el acceso de las mujeres al mercado laboral, por eso esta decisión política del intendente Cresto de hacer realidad el cupo femenino en la administración pública muestra el compromiso que hay desde la gestión en asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en todos los niveles», valoró.
“En este marco, es necesario que el Estado abra sus puertas a mujeres que se han capacitado en oficios conocidos como ‘masculinizados’, como albañilería, electricidad del automotor, carpintería, construcción. Oficios que hasta hace pocos años atrás eran solo realizados por hombres», añadió.
De hecho, en agosto pasado, Cresto les dió la bienvenida a las tres trabajadoras mujeres que esta semana ingresaron en los sectores de Albañilería, Electricidad y Mecánica del Automotor, áreas de la Subsecretaría de Servicios Públicos dependientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
