Se acerca el veredicto en la causa Hotel Ayuí: para Arias, Mazurier «se la pasó cometiendo delitos»; para Moyano «no había qué robarse»

Arias acusó a Mazurier de malversación de caudales públicos cuando les dio un destino distinto a los cheques que había librado para pagar los contratos de locación de obra y se los dio a una persona para la colocación de una antena. «Desvió el destino especifico que tenia para ese dinero”, dijo.

El fiscal también lo acusó de cometer “peculado de bienes”, “peculado de  servicios” por haber trasladado personas en vehículos  pagados por la administración  pública además de haberse instalado jacuzzis en el Hotel Ayuí por intermedio de personas cuyos sueldos pagaba la administración pública. “Cometió en forma reiterada y sistemática incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad cuando no se respetó una sola norma de contratación del Estado. No hubo licitaciones para contratar nada, todo lo manejaba Mazurier de manera directa”, dijo.

Arias, citando a Mazurier en su declaración como imputado, sostuvo que había tres predios importantes: el Hotel Ayuí, el camping Las Palmeras y Punta Viracho. “Dos de esos tres predios están y continúan a mano de privados que no pagan un peso al Estado por canon de explotación”, dijo. “Dos de las tres joyas de la abuela las manejó Mazurier y las sigue manejando, se las metió en el bolsillo. Y yo le agregaría una cuarta que es la Tortuga Alegre”, añadió.

En primer lugar, quiero dejar asentado que existe la obligación de rendir cuentas por parte de los funcionarios. Eso surge de la ley de Contabilidad Pública  de Entre Ríos. El artículo 22° dice ‘los recursos percibidos, cualquiera sea su origen, deberán ser ingresados a la Tesorería General o a la Tesorería Central de los organismos descentralizados antes de la finalización del día siguiente al de su percepción”, recalcó. Arias también citó otro artículo que establece que todo debe estar asentado “por medio de documentos” y “ser registrados contablemente de manera que permita la revisión de cuentas”. “Todo funcionario está obligado a rendir cuentas documentadas o comprobable de su utilización o destino”, dijo.

No obstante, Arias dijo que Mazurier invocó algo “absolutamente erróneo”. “Nos dijo, como defensa, que los ingresos por cantina y demás no constituyen recursos públicos”, remarco. Arias dijo que Mazurier se amparo en un artículo de la Ley de Contabilidad que señala que los ingresos en los que el Estado es depositario o tenedor temporario “no constituyen recursos”. Arias sostuvo que esa lógica se aplica a situaciones como alguien le pide un familiar que le guarde un dinero u otras como cuando el Estado recibe un depósito o una fianza en forma temporal. “Eso no constituye un ingreso”, dijo. “Mazurier lo sabe a eso y ese alegato ni él se lo cree”, dijo.

El fiscal dijo que Mazurier era cuestionado por el Tribunal de Cuentas -del cual dijo que trabajo “bastante eficientemente”- al punto que se sentía “arrinconado” y decidió dictar una resolución donde estableció que todos los ingresos desde esa fecha quedan bajo exclusivo control de la responsable contable del organismo. “Ya no puede decir que no correspondían porque no eran recursos”, indicó.

“Hizo una apariencia de legalidad pero siguió poniendo trabas y cuando no daba más, dicta una nueva resolución el 16 de octubre de 2015, donde pide mayor plazo para contestar al Tribunal de Cyentas”, indicó  Arias. “Miren la excusa que puso, es insólita”, alegó Arias. Mazurier respondió que en ese momento la Codesal tenía un alto nivel de ausentismo administrativos por dolores, controles rutinarios de salud, accidentes de tránsito, anginas, stress y otros problemas que han reducido las tareas de quienes deben cumplimenta con las tareas contables y burocráticas”, etc.

¿Cómo surge la Codesal?

Arias recordó que el 1° de diciembre de 2004, el Estado Nacional, por intermedio de la CTM celebró un convenio de comodato con el Estado entrerriano, cediéndole los terrenos del Perilago (Península Soler, zona del Hotel Ayuí, los puertos náuticos, Casa de Piedra, etc.). En la clausula 8° del convenio se estableció que, cuando venciera la concesión, la Provincia asumía automáticamente el control en comodato de esos predios.

Cuarenta y cinco días más tarde, se dicta el decreto de creación de la Codesal. «La Codesal no nace de un repollo sino que es el fruto de este convenio» sostuvo. «Nace para esto, para administrar los predios que se le daban en comodato», indicó. En el decreto de creación, se estipula que se delega en el Presidente de la Codesal tendrá amplias facultades para administrar los predios, pudiendo celebrar «todos los actos necesarios, convenientes y oportunos». Y en el artículo 7° se designa a Luis Mazurier como titular de la misma.

“Hemos visto como se han afectado el funcionamiento de las instituciones. Fijense que cuando los organismos públicos  a los cuales la Fiscalía requirió numerosa documentación para investigar este caso, daban vueltas y no contestaban. Decían que la información la tenían en otra oficina y no contestaban”, dijo Arias.

El fiscal sostuvo que desde la CTM se ponían trabas para no informar sobre la situación jurídica del Hotel Ayuí. Lo mismo le achacó a la Dirección de Personas Jurídicas  de la Provincia ya que le negaba o le retaceaban información que tenia. “Contesto dos veces parcialmente; ocultó deliberadamente el Dr. Luján que Villanueva y Cáceres eran los dueños de Balace SRL”, indicó. “Todo esto explica la tardanza de este caso. Recién en el 2016 la Dirección de Personas Jurídicas informó sobre ese punto”, dijo.

Arias dijo que, en 2016, cuando asume José Ostrovsky en la Codesal, se encuentra con gente ocupando el predio que pertenecían a la gestión saliente. Arias criticó a Ostrovsky por haber hecho una exposición policial para resolver el problema. “No tuvo ningún efecto, solo para dejar constancia y dar apariencia de que se estaba actuando en esa situación”, indicó.

Además, recriminó a los sucesores de Mazurier en la Codesal no haber exigido la documentación existente sobre el organismo. «Ninguna gestión posterior fue capaz de hacer un requerimiento formal o hacer una acción judicial para que esa documentación vuelva al organismo. Cómo puede ser que simplemente conteste los oficios diciendo ‘la Codesal no tiene ningún documento de la gestión anterior’ Y se quedan tranquilos. Así no actúa un funcionario», destacó Arias.

También fustigó a quienes sucedieron al dueño de El Sol en el organismo por no haber desarrollado ninguna acción destinada a recuperar el Hotel Ayuí ni la Tortuga Alegre.

Arias fue especialmente crítico con la Fiscalía de Estado, conducida por Julio Rodríguez Signes, por «haber abandonado su función de control y haberse convertido en un «eslabón más del sistema de corrupción».

El fiscal también solicitó una condena de 5 años para Alberto Jesús Villanueva y para Cintia del Rosario Mengeón, al considerarlos “partícipes necesarios” del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Arias también pidió al tribunal que se disponga la inhibición general de bienes para Mazurier, Villanueva y Mengeon y las empresas Balace SRL y Fideinsa SA.

La Defensa

Pablo Moyano, abogado defensor de Mazurier junto a Brenda Vittori, sostuvo en su alegato defensivo que “todo lo que dijo la fiscalía está mal”. En ese sentido, cuestionó algunos de los enfoques de Arias, subrayó que sólo citó lo que decían algunos testigos que daban sustentos a sus acusaciones y dejó de lado a otros no le servían, entre otras cuestiones.

A diferencia de Arias, quien sostuvo que la administración de Mazzurier fue “nefasta”, Moyano dijo que hizo una “muy buena gestión” a partir de lo ventilado en las audiencias. “A Mazurier no lo conocía” sostuvo.

Por ejemplo, cuando Arias sostuvo que había tres predios importantes: el Hotel Ayuí, el camping Las Palmeras y Punta Viracho y cuestionó que “dos de esos tres predios están y continúan a mano de privados que no pagan un peso al Estado por canon de explotación”, Moyano remarcó que eso estaba permitido a la Codesal, celebrar convenios de comodato, y que el único reproche que ve es que la fiscalía “tiene una interpretación filo-comunista de los hechos ya que ve mal que haya privados prestando servicios”.

Más adelante, Moyano dijo que el fiscal mencionó muchas veces los ingresos de la Codesal, como alquileres de parrillas, ingreso de vehículos, embarcaciones, instalación de carpas en el camping, alquiler de parrilla, de cabañas, de servicios de Directv, etc. “Pero nunca hablaron de los gastos”, recalcó. “Nunca hablaron de que hay gente que trabaja o trabajaba ahí; a las que se les pagaba un sueldo”, añadió. El letrado sostuvo que no hay nada gratis y que si alguien presta un servicio y cobra por el mismo, también tiene que afrontar costos.

El abogado sostuvo que la principal función de la Codesal es el desarrollo turístico de la zona. “Es una zona donde antes no había nada. Era un hotel afectado a la obra de la represa que fue mejorando sus instalaciones, fue construyendo salas de atención medica se ha dotado de ambulancias al predio, se colocó una Comisaría pero nada es gratis”, dijo.

En ese sentido, Moyano dijo que la Codesal tenía dos fuentes de financiamiento. Uno eran las transferencias de la provincia para la operatividad diaria, fondos aportados por la Cafesg  que aplican exclusivamente a obra pública en el Perilago (por ejemplo, Termas), etc. “Había un proyecto de agua termal que se considera estratégicamente para fomentar el turismo que es una industria muy conveniente para cualquier lugar y se llevó adelante la perforación de agua termal que se le reprocha que el Hotel no tenga”, indicó.

“La fiscalía está imputando como delitos un montón de actividades propias de la Codesal desplegadas por Mazurier en ejercicio de su función orientadas al desarrollo propio del organismo y con una falacia absoluta que identifica a la cuestión de la rendición de cuentas o como se debía hacer con lo que es sustracción, robo o afano”, argumentó. Moyano sostuvo que Arias le reprocha a Mazurier no haber rendido cuentas y concluye que eso se debía, según el fiscal, a que se estaba produciendo un “afano”.

En ese sentido, Moyano atacó la interpretación de Arias quien, a su vez, cuestionó el artículo de la Ley de Contabilidad que señala que los ingresos en los que el Estado es depositario o tenedor temporario “no constituyen recursos” en el que se amparó Mazurier para no rendir cuentas. Moyano, por el contrario, reafirmó que esos fondos no estaban sometidos al control del Tribunal de Cuentas. “Pero no es que no había ninguna registración contable. Había y el fiscal la reconoce en su alegato. Acá la discusión es si había o no obligación de rendir esas cuentas”, dijo.

Moyano sostuvo que en marzo de 2015 la Provincia pagó el equivalente al primer semestre de 2014 respecto de los gastos del personal. Por ello, sostuvo que si eso sucedió fue porque no veían mal la administración de la Codesal. “Eso importa que, desde la más alta esfera a de la administración provincial, donde no son ningunos idiotas, no ven que esté mal lo que se está haciendo  ha pasado los controles de legalidad y esos fondos no pasaron por el Tribunal con lo cual al administración central está de acuerdo que no debía pasar por el Tribunal de Cuentas”, dijo.

En otro tramo del alegato, Moyano sostuvo que no hay una pericia contable en la causa. Por ende, se preguntó ¿cómo saben cuanta plata falta? o ¿cómo deducen que se la malversó?  Moyano sostuvo que, si él hubiese llevado adelante la investigación,  hubiese “reventado” el diario y el Hotel, en referencia a pedidos de allanamiento, se hubiera llevado “hasta los ceniceros” y veía que encontraba. En cambio, sostuvo que no había peor forma de investigar que la que llevó adelante Arias, quien cuestionó en sus alegatos a muchos funcionarios acusándolos de querer “darle una mano” a Mazurier.

Asimismo, tras leer un resumen de la cuenta corriente del organismo en el banco, remarco que la Codesal era “deficitaria” y que “no tenia plata”. Como ejemplo, mencionó que José Ostrovsky sostuvo que, en 2016, ingresó al organismo cerca de $ 1.900.000 en todo concepto, y en 2017, $ 2.300.000.  Por otra parte, el abogado defensor sostuvo que había 71 empleados. Y luego de hacer diversos cálculos, sostuvo que la masa salarial anual en 2013 fue de  2.900.000, en 2012, $ 2.600.000, 2011 $ 2.300.000, en 2009 quedó por debajo de los $ 2 millones: $ 1.950.000, etc. Por ende, dijo que los $ 2.000.000, en promedio, que recibió Ostrovsky en 2016 ya no alcanzaba para pagar los sueldos de 2010.

A su vez, el letrado recalcó que en 2011, la Provincia envió $ 400.000 cuando el organismo tenía una masa salarial de más de $ 2 millones, en 2012 $ 417.000, en 2013, $ 230.000, en 2014 $ 7.857 y debía pagar “dos palos y medio de sueldo”. En 2015, fue “el único año que la Codesal tuvo plata” ya que la Provincia le envió $ 1.732.000.

Moyano dijo que esos cálculos solo los hizo en base a los salarios. “No hay una gota de nafta ahí, no hay pinturas, puesta a disposición de un transporte para el personal, no hay artículos de limpieza”, etc. “Quinientos mil pesos me enviaba la provincia, dos palos tengo que pagar de sueldos y el fiscal cree que a punta de panchos se cubre eso y encima le queda plata Mazurier para robarse la plata de la recaudación de las cantinas”, indicó. Por el contrario, el letrado argumentó que el ex titular de la Codesal “ponía plata”. “No había que robarse”, dijo.

A su vez, sostuvo que si el fiscal se hubiera tomado el trabajo de calcular cuánto dinero se recaudaba por venta de entradas hubiera arribado a la conclusión que tampoco alcanzaba. De hecho se basó en algunos testimonios que señalaban que no alcanzaba la plata y uno de ellos que vio a Mazurier pidiendo plata a un familiar para pagar sueldos. Y recalcó que no es lo mismo lo que recauda la Codesal en verano que en invierno.

Moyano se preguntó por qué el fiscal “no se había puesto colorado pidiendo once años con semejante omisión”. “El fiscal dirá que Mazurier es un delincuente y yo vuelvo a decir que es un filántropo”. “Multiplicó los panes”, indicó.

Cabe recordar que el abogado defensor de las contadoras imputadas María Florencia Lauría y Teresita Jesús Itatí Bordón, Jorge Romero, adhirió al pedido del fiscal quien pidió la absolución de la acusación a sus defendidas. Lauria y Bordón aseguraron a los jueces que rindieron ante el Tribunal de Cuentas de toda la documentación a la que tenían acceso. No obstante, la mayoría de la documentación  no se les rendía. “Ellas no tenían conocimiento de esa otra contabilidad interna que se llevaba”, remarcó Romero.