Aumento de los delitos contra la propiedad: “La clave es la exclusión social”, advirtió Jáuregui

Jáuregui aclaro que esa cifra varía de provincia en provincia, incluso entre regiones de la misma provincia, ya que cada ciudad tiene dinámicas diferentes. “Nos es correcto comparar esta variable en Villa Elisa o en Concordia donde la densidad poblacional es distinta, la características de las sociedades son distintas”, indicó.

El abogado expresó que, a medida que aumenta el desempleo, la desocupación, la exclusión social y en forma directamente proporcional, se incrementa el delito. Y no solo los delitos contra la propiedad como robos, hurtos o asaltos sino también la violencia de género y/o familiar.  “Habría que estudiar con números concretos en cada jurisdicción pero la violencia familiar impacta en las múltiples causas que hay en los Juzgados de toda la provincia”, indicó.

El abogado indicó que, por esa suba de la violencia familiar, están colapsados los juzgados de familia y los equipos técnicos que se encargan de la tramitación de esas causas. “Las audiencias son cada vez más complicadas de concretarse porque no tienen agenda”, indicó. “Hay un impacto negativo en estos índices por la situación económica”, expresó.

Muchas veces, quienes van a realizar una denuncia se encuentran con una justicia “colapsada”, que, a su vez, “no está preparada” para receptar un caudal de casos que no son lo suficientemente grave o importante para que amerite a apertura de una causa penal. Por un criterio de oportunidad, se le permite al fiscal dejar de lado la investigación penal preparatoria archivando la causa o enviándola a una mediación. Se trata de causas menores comparadas con homicidios, robos calificados o una extorsión.

No obstante, el letrado aclaró que no revisten la misma trascendencia para quienes fueron víctimas de un robo o un hurto. “Tal vez constituyen el problema más importante en su vida”, indicó. Pero, la Justicia “no está preparada para procesar ese conflicto social”. “Se lo trata de la mejor manera que se puede”, indicó. “Hay una brecha que genera una sensación de falta de respuesta por parte de la Justicia ante la demanda social correspondiente”, remarcó.

En ocasiones, la Policía detiene a personas que se llevan disimulados entre sus ropas artículos de un supermercado. Cuando no es alcohol o elementos de higiene y son alimentos, se deduce que lo hicieron por hambre. Jáuregui explico que eso se conoce técnicamente como “hurto famélico” pero para que eso se constituya como tal deben darse ciertos requisitos que no cree que se den en esos casos. “Indudablemente hay pobreza pero eso no significa que deben ir a robar  a los supermercados. Por lo tanto, el Estado debe reprimir, debe actuar y se debe sancionar porque es antijurídico”, dijo.

Pero la falencia del Estado es previa. Vale decir, hay una ausencia de los actores estatales a la hora de ejercer la contención social. “La desatención que provoca ese potencia criminal que pierde el trabajo, queda excluido socialmente, empieza a consumir sustancias, vive en una situación de marginalidad y ningún organismo del Estado lo contiene. Y a su vez, tiene hambre. Son múltiples los factores que llevan a que una persona termine delinquiendo”, dijo.

La represión no puede ser la única respuesta del Estado. “El orden social no se logra de esa forma. Se logra con trabajo, armonía, y política sociales virtuosas económicas y laborales. No ha manera de lograr un equilibrio sino hay un estado que se ocupe de ciertas cosas y solo reprime. No digo que eso este ocurriendo.  Pero no es lo correcto; si se va en esa dirección se terminal necesariamente mal”, advirtió.