«En el articulado se proponía declarar la emergencia en materia alimentaria, atribuyéndole al ejecutivo municipal facilidades en la compra de alimentos por vía de compra directa y reasignación de partidas presupuestarias para responder a esta necesidad urgente, pero también contemplaba la conformación de una comisión de seguimiento de la ejecución de esa emergencia, integrada por representantes del ejecutivo municipal, por concejales del oficialismo y la oposición y representantes de comedores comunitarios de la ciudad», expresaron.
«El Concejo Deliberante de la ciudad dilató el tratamiento de este proyecto enviándolo la semana pasada al área de Desarrollo Social para que emita su opinión ‘experta’ en un claro intento de posponer su tratamiento y enviar así, esta semana, el proyecto del ejecutivo municipal que será tratado hoy y dónde propone la declaración de emergencia en varias materias, incluida la alimentaria», sostuvieron.
«Integrantes de la Mesa tuvieron acceso a este proyecto y advirtieron que la propuesta es similar en todo lo que autoriza al intendente en la ejecución extraordinaria de presupuestos pero difiere en un punto central, deja afuera de la comisión de control a los integrantes de la sociedad civil que son quienes efectivamente vienen haciendo frente al flagelo del hambre en la tarea cotidiana de cocinar para los vecinos y vecinas de los barrios populares», mencionaron.
«Esto es clave, ya que la emergencia no solo debe implicar que la municipalidad pueda de manera discrecional acceder a realizar compras de alimentos sino también que el criterio con el cual se ejecuten esas compras sean justos, equitativos y que aporten a resolver la situación crítica en la que se encuentran los comedores comunitarios de la ciudad» indicaron.
«Otorgarle a la intendencia vía libre para realizar compras millonarias sin tener que rendir cuentas de como se distribuirán esos alimentos no conduce a la solución integral del problema y es por esto que exigimos que se contemple, en las comisiones de control, la participación civil que tiene competencias en cada declaración de emergencia económica. De lo contrario, lo único que sucederá es que el Intendente tendrá un manejo irrestricto de la ejecución presupuestaria con la excusa de atender las necesidades concretas que se siguen agudizando cada día en este contexto inflacionario, de despidos masivos y perdida del poder adquisitivo de los trabajadores», señalaron.
