Alejandra Bruno, presidenta del INVyTAM señaló que el Plan Integral de Gestión tiene cuatro ejes que son el Desarrollo Urbano “que tiene que ver con el acceso a tierras para sectores medios de la población”; el Plan de Autogestión “para barrios populares, para barrios consolidados”; el Plan de Relocalización “para sectores vulnerables y casos de vulnerabilidad extrema como por ejemplo, inundaciones, humedales, sectores donde no pueden estar regularizados” y por último la Regularización Dominial, “con el objetivo de legalizar la situación de muchos terrenos de la ciudad”.
Bruno afirmó que esto es el resultado de un relevamiento previo que se hizo en los primeros meses de gestión donde se estableció un diagnóstico y una base de datos.
DESARROLLO URBANO
El objetivo es viabilizar el acceso al suelo urbano para los sectores medios de la ciudad. Los proyectos asociados al programa en cuestión referirán sobre lotes sin ocupación, a disponer por parte del Instituto mediante distintos mecanismos administrativos. Sobre todos los proyectos impulsados por el Instituto, se deberá implementar un mecanismo de difusión pública, inscripción, pre selección y sorteo público, para la posterior adjudicación de quienes resulten beneficiarios/as.
La disposición del suelo será resultado del banco de tierras promovido por el Instituto y su correspondiente proyecto de mensura. A su vez, los procesos de regularización dominial serán instrumentados bajo responsabilidad de la misma dependencia. Sobre quienes resulten adjudicatarios en el marco del programa, se conformará una línea de crédito exponiendo una doble finalidad: Asequibilidad para la población objetivo; Recapitalización y sostenibilidad económica para el desarrollo de nuevos proyectos por parte del Instituto.
En cada proyecto en particular se buscarán los incentivos necesarios para que surja de la inversión privada el componente de provisión de servicios públicos.
AUTOGESTIÓN
El objetivo es reurbanizar e integrar barrios populares consolidados y con arraigo socio habitacional, es decir con asiento de al menos 8 /10 años en la trama urbana formal. El foco del abordaje será sobre viviendas precarias, que carezcan o encuentren deterioro en alguno de los siguientes componentes: núcleos húmedos, accesos, fachadas, ventilación, etc. Quedando exceptuadas de intervención aquellas que presenten una situación de irrecuperabilidad.
Para su implementación el Instituto pondrá a disposición de los beneficiarios acompañamiento técnico para la realización de las obras de mejoras de las viviendas. A su vez, se dispondrá de un corralón social de materiales para viabilizar el acceso a los mismos, implementando un mecanismo eficiente y transparente de tracking. Se buscará que la mano de obra sea dispuesta por la población que resulte beneficiaria, promoviendo así la creación de una red de empleo y cooperación local.
RELOCALIZACIÓN
El objetivo es resolver el acceso a la ciudad de familias dispuestas en espacios con riesgos edilicios, ambientales e imposibles de formalizar. Se buscará relocalizar situaciones informales, sujetas a problemáticas presentes en zonas inundables, próximas a vías ferroviarias, afluentes de arroyos, etc.
Para su realización el proyecto deberá contemplar un banco de tierras y sus correspondientes proyectos de mensura, la provisión de servicios públicos y la construcción de unidades funcionales nuevas en los polígonos delimitados para tal fin. Sobre los espacios relocalizados, se deberá prever un plan de ocupación y aprovechamiento que surja del interés común de la sociedad.
Para la implementación de este proyecto se promoverá la articulación público / privada y se buscará que los proyectos incluyan la instalación de empresas e instituciones, a los fines de garantizar una efectiva integración económica y social de la población relocalizada.
Para todos aquellos beneficiarios en el marco de dicho programa, se establecerá un plan de pago en concepto de suelo, vivienda y mejoramiento del entorno urbano que resulte asequible en relación a sus ingresos económicos, pero que implique un aporte de los mismos al retorno de la inversión y la consecuente sostenibilidad de la política pública.
Todas las relocalizaciones que se efectúen en el marco de dicho programa, deberán resolverse dentro de un radio espacial que no propicie desarraigo para la población y no corrompa los tejidos socio-comunitarios preexistentes. A partir de los relevamientos conducentes que implemente el Instituto se deberá reconocer toda población que posea construcciones preexistentes así como la diversidad de sus usos, para ser posteriormente reconocidos en el proyecto de destino (iglesias, comercios, actividades económicas, viviendas, viviendas mixtas, etc.).
REGULARIZACIÓN DOMINIAL
La seguridad jurídica en la tenencia de un inmueble es uno de los componentes indispensables del derecho a la vivienda y al hábitat. El objetivo del programa es viabilizar frente a la demanda de la comunidad, canales administrativos ágiles y claros que favorezcan a la regularización dominial del suelo urbano de la ciudad.
Para ello, se vuelve indispensable interpretar la diversidad de dominios que se presentan en relación a la ocupación y/o posesión de los inmuebles, así como las características de las partes involucradas en la demanda. En aquellas situaciones cuyo dominio involucren al Municipio y a autoridades competentes se elaborarán proyectos específicos dentro del programa, que resuelvan criterios institucionales: De constitución de beneficiarios; De adjudicación de inmuebles; Planes de pago que atiendan un doble estándar: la asequibilidad para los grupos familiares beneficiarios y la recapitalización para el Instituto.
Sobre las situaciones contempladas dentro del programa, se encuentran al menos las siguientes: Ocupaciones informales sobre inmuebles de dominio privado bajo interés social (de acuerdo a lo establecido por RENABAP); Ocupaciones informales sobre inmuebles de dominio público; Proyecciones planificadas para ocupar formalmente bajo disposición de inmuebles públicos (Programa de Desarrollo Urbano).
En el marco del programa de regularización dominial se deberá facilitar los procesos jurídicos y de mensura que resulten pertinentes, pudiendo el Instituto celebrar convenios profesionales para tal fin. Dicha acción, se centrará en los grupos familiares cuyos ingresos económicos no resulten suficientes de acuerdo a lo establecido por la Canasta Básica Total (CBT, INDEC).
Con respecto a la elaboración de planes de pago las respectivas valuaciones de los proyectos deberán desprenderse del cruce sobre los siguientes criterios generales: zonificación del polígono a regularizar, población beneficiaria objetivo y características del proyecto general.
Todo proceso de regularización dominial y correspondiente elaboración de plan de pago se iniciará exclusivamente a posteriori de los resultados que arrojen los informes socio económicos implementados por la Dirección Comunitaria.
De la presentación formaron parte autoridades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), la Secretaría de Desarrollo Urbano y concejales.
