El gran escritor y poeta uruguayo Eduardo Galeano anticipaba que «los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos». Muy cierto. Hoy, con más de cinco siglos de colonialismo y un capitalismo voraz, son muchos los gobiernos, militares y algunos civiles, como el de Milei, que continúan el legado de quienes, con la cruz, la espada y la palabra, saquearon a más no poder los bienes comunes y sometieron y sacrificaron pueblos enteros.
Hoy, por otros medios pero con los mismos fines, quieren profundizar como nunca la matriz extractivista del país. Uno de los pilares de la Ley de Bases, que tuvo media sanción en el Congreso, son sus artículos que otorgan enormes beneficios tanto aduaneros, tributarios, cambiarios, regulatorios y ambientales a las corporaciones extranjeras en detrimento de las industrias nacionales, en proyectos de inversión para la exportación de todo tipo de minerales, incluyendo las sales de litio.
Por eso esconden bien, y no explican, el apartado del RIGI o Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, que recibió apoyo de todos los sectores políticos patronales para su aprobación en el Congreso. Este régimen beneficia de manera escandalosa a los grupos de inversores de todas las ramas y actividades exportadoras, especialmente a los de inversores en materia de hidrocarburos, como el gas y el petróleo, nada menos que Paolo Roca de Techint, quien también invirtió en la campaña de Milei.
La nueva versión del proyecto de ley contiene 61 artículos relacionados con la energía, una de las materias en las que se delegan facultades al Ejecutivo. Cada artículo fue escrito a medida de las petroleras, otorgándoles un «vía libre» para más golpes al bolsillo por desabastecer el mercado interno.
El dictamen de mayoría que se está discutiendo en el Congreso, en su Título VI sobre Energía, con modificaciones a la ley vigente, contempla la privatización de ENARSA y favorece a los proyectos que las petroleras tienen en carpeta. La Ley incluye modificaciones en las leyes de hidrocarburos, la 24076 (marco regulatorio del gas) y la 26.741 de expropiación de YPF, eliminando el objetivo de «autoabastecimiento» y permitiendo que compremos a las privadas el combustible para hacer funcionar el país que sacan de nuestro propio suelo.
Si eso no es ser vendepatria, ¿qué otro nombre tiene? Además, se declara impunemente que una de las políticas de hidrocarburos es aumentar la «renta», para ellos. Toda esta explicación es para que el pueblo sepa que es un momento de decisión de enorme trascendencia en el futuro del país. En todos los terrenos, el momento político es muy dinámico, donde se expresa el carácter transitorio de la situación: Hay una tendencia a la depresión económica, aunque el gobierno haya perdido el control de las decisiones; están las acciones de masas, como las universitarias y de paros y convocatorias, donde se expresa cada vez más el gran malestar ciudadano.
Vemos la continuidad bonapartista de Milei negociando en el Congreso con burguesías provinciales y de la CGT, que se ven obligadas a convocar al paro para reivindicar sus posiciones personales dentro de una verdadera oposición debilitada y fragmentada. Esto nos da la pauta, como marca la Historia, de que la estrategia deberá ser una oposición organizada hasta la aparición de liderazgos convocantes y creíbles. Porque, además de ejercer una oposición de fuerza responsable, se debe ir planteando un plan de lucha donde surjan de los «escombros» de esa lucha una alternativa sólida y sostenible en la que la ciudadanía pueda confiar.
Por último, debemos hacerles saber a los Senadores que no es un cargo donde se juega su futuro personal, sino el de la República misma, que como nunca está a un paso de dejar su soberanía que ya de por sí ha sido ultrajada y puesta en valor para que se aprovechen de ella las Corporaciones del nuevo y también «viejo» Orden Mundial. Y que no olviden que Roma no paga traidores.
