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jueves 26 de diciembre de 2024
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Director: Claudio Gastaldi
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viernes 7 de junio de 2024
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Preocupación ante la posibilidad del cierre en todo el país de los Centros de Acceso a la Justicia, dependientes del ministerio de Justicia de Nación

Días atrás circuló la noticia de que el Ministerio de Justicia inició un expediente (EX-2024-55658997- - APN-DGDYD#Mj) para determinar el cierre de todos los Centros de Acceso a la Justicia del país. Se trata 110 oficinas distribuidas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, que se constituyen en herramientas fundamentales para garantizar y efectivizar derechos para los miles de compatriotas ciudadanos.

Concordia cuenta hace un año con un Centro de Acceso a la Justicia que funciona en la zona Noroeste, específicamente en el populoso Barrio “Los Pájaros” (con su oficina en el DTC-SEDRONAR), y que realiza a la vez abordajes y operativos en varios puntos de la Ciudad; donde cientos de vecinos han encontrado respuestas integrales a su problemática de acceso a derechos.

El equipo local cuenta actualmente con una Coordinación a cargo de Sebastián Bergalio (Abogado-UBA), el Dr. Carlos Conti abogado del dispositivo, y la Licenciada en Trabajo Social, Noelia Scheurmann; (hasta el año pasado contaban también con acompañamiento psicológico a través de un convenio con el municipio que no tuvo continuidad).

Las personas que acuden a un CAJ reciben asesoramiento legal y psicosocial, asistencia directa por gestiones, negociaciones y trámites administrativos diversos, y en situaciones puntuales son acompañados con el patrocinio jurídico.

Según las palabras de su coordinador , Sebastián Bergalio, “Lo importante de la metodología con la que se aborda el Acceso a la Justicia, tiene que ver con el acompañamiento subjetivo que reciben las personas que se acercan a estos espacios, que son personas en situación de vulnerabilidad, y que mediante las intervenciones se tiende a fortalecer sus capacidades y su autonomía (…) que se reconozcan sujetos de derecho”.

El abogado destacó la importancia del Abordaje Integral que se despliega en cada intervención: “En muchos casos las personas que acuden al CAJ se acercan por averiguaciones y asesoramientos y en diálogo con ellas, resulta que existen multiplicidades de derechos vulnerados. A partir de allí, el equipo despliega intervenciones y articulaciones con diversos organismos de los tres niveles del Estado teniendo en cuenta su complejidad».

«Las situaciones presentadas se abordan integralmente con un seguimiento minucioso, desde una escucha atenta, activa, y responsable para que esa persona sienta confianza en que va a ser acompañada en el transitar de su demanda.” sostuvo también la Lic. Noelia Scheurmann y agregó “Por ejemplo en ocasiones una consulta por cuota alimentaria trae aparejada o deviene de problemas de comunicación familiar, posicionamientos subjetivos que obstaculizan la resolución de lo jurídico. Es aquí donde los profesionales despliegan herramientas que favorezcan mejorar esos aspectos intrafamiliares y subjetivos, apostando a resolver lo legal desde una manera más eficaz.”

En tanto, El Dr. Conti señaló que «en ocasiones sucede que, a través de una consulta de tipo administrativa, mediante esa escucha atenta, el vecino o la vecina termina manifestando una problemática de Violencia Familiar que requiere intervención urgente y por no poseer información necesaria no encaraba.”

El equipo del CAJ destaca una articulación fluida con COPNAF ante cuestiones de vulneración de derechos de las infancias, y en casos de Violencia de Género (con el hoy también en desmantelamiento Programa de Acceso a Derechos).

La problemática del acceso a la justicia no es nueva, y viene siendo tema de discusión en el ámbito académico, estatal y de las organizaciones con presencia territorial desde hace años, por lo que el cierre de estas oficinas en el territorio implicaría un retroceso atroz en la posibilidad de acceder a derechos por parte de las personas mas necesitadas.

El sistema judicial se debe configurar como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, ya que poca utilidad tendría un Estado que reconozca formalmente derechos inasequibles de forma efectiva para la ciudadanía.

En nuestra Ciudad el Centro de Acceso a la Justicia, además de su injerencia en consultas y casos particulares muy diversos (violencia de género, cuotas alimentarias, derechos laborales, cuestiones de familia y prestaciones sociales, entre otros), ha tenido participación en procesos que tienen incidencia colectiva, como intentos de desalojo en Barrios Populares en contra de las disposiciones de la Ley Nacional de Integración Socio Urbana, interviniendo en negociaciones con los dueños de terrenos y los vecinos, intentando arribar a soluciones beneficiosas para ambas partes, como es el caso del Barrio Popular “Las Tablitas” de Benito Legerén, donde en la actualidad se encuentra, colaborando con el INVyTAM, llevando adelante un proceso de acuerdo y de regularización dominial en conjunto con los vecinos y el titular registral.

Por último,  en la provincia, además de la inminente posibilidad de cierre de los tres Centros de Acceso a la Justicia en servicio (Concordia, Paraná y Gualeguaychú), se suma una problemática más al acceso a la justicia, que es el hecho del nuevo aumento por ley de los honorarios profesionales. Este aumento alejará cada vez más a los sectores vulnerables de la posibilidad de acceder al patrocinio letrado y a la justicia, más aún teniendo en cuenta el desborde que ya tienen las Defensorías de nuestra provincia donde según manifestó el Defensor Maximiliano Benitez “…hay preocupación porque contamos con la misma cantidad de recursos humanos y suponemos que vamos a tener una muchísimo mayor demanda…”

(https://www.analisisdigital.com.ar/judiciales/2024/05/28/benitez-ningun-legislador-consulto-la-defensoria-por-el-aumento-los-abogados)

 

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