Desde el 14 de febrero, el Sindicato Obrero de la Fruta comenzó una seguidilla de pedidos de inspecciones laborales tanto a nivel provincial (Secretaria de Trabajo), Nacional ( Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación) y Municipal. Las mismas no tuvieron respuestas a pesar de las promesas del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, el Secretario de Trabajo de la provincia, Mariano Camoirano, el Director Provincial de Trabajo Juan Pablo Irurueta y el Delegado Regional de Concordia de la Secretaría, Miguel Pereyra.
Luego de una primera reunión con Troncoso y Camoirano, y una posterior con el intendente de Concordia Francisco Azcué, desde el Sindicato Obrero de la Fruta anunciaban que volvían los retenes sobre los accesos a Concordia y la Ruta 14 para el control sobre los colectivos que trasladan a los trabajadores de la cosecha a quintas del departamento de Concordia y Federación con el fin de detectar a las empresas tercerizadas que mantienen al personal en la informalidad laboral. También se adelantó que están estipuladas reuniones con las diferentes cámaras empresarias del sector para avanzar en un sistema de contratación por temporada similar al que tienen los empleados de la construcción con el objetivo de reducir los enormes índices de informalidad laboral que rondan en un 90 por ciento en un universo que cuenta con unos 25 mil trabajadores, sumados entre aquellos que realizan las labores en quintas y empaques.
Nada de eso avanzó y solo se realizó una inspección el día 30 de mayo, la cual no habría sido informada al sindicato para que indicara las quintas con trabajo en negro.
En la actividad hay 800 trabajadores registrados y más de 20,000 sin registrar. Además, las asociaciones de citricultores no contribuyen a la obra social de los trabajadores de la fruta, a pesar de haberse comprometido a un plan excepcional de salvataje.
A mediados de mayo pasado, las entidades del citrus pidieron a las empresas y productores asociados y afiliados un aporte “colaborativo adicional” para la obra social de sus trabajadores. La iniciativa tenía el visto bueno del Sindicato.
Desde la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino (CECNEA), la Federación del Citrus de Entre Ríos y las asociaciones de las diferentes zonas, explicaban que la Obra Social que atiende la salud de los trabajadores del sector “está pasando por serias dificultades para afrontar todos los compromisos médicos que se le requieren, que incluyen el incremento exponencial que tienen las prestaciones médicas a las que deben hacer frente”.
Por lo tanto se solicitó “a todos los integrantes de las Asociaciones y productores en general que se haga un esfuerzo colaborativo adicional por única vez”, conformado por “el aporte de $10.000”, planteando la convicción de que la “suma de contribuciones de todos asegurará un fondo que permita a la Obra Social tratar de sortear este difícil momento”.
La iniciativa, que partió de las propias entidades que representan al sector, estimaba que en la región hay 2000 citricultores que aportando cada uno 10 mil pesos se lograría un aporte de 20 millones de pesos para la obra social, pero de acuerdo a datos brindados por el sindicato, “la vaquita” que se hizo apenas alcanzó la cifra de 800 mil pesos.
La explicación de parte de los representantes de los citricultores fue que la mayoría de los productores no están asociados o no tienen ningún empleado registrado y contratan el servicio de zafra a terceros, las llamadas “empresas de servicios”.
La zafra ya ha comenzado y el sindicato alerta sobre la urgente necesidad de operativos de inspección y control debido al elevado índice de informalidad laboral, que alcanza el 90%. Este porcentaje podría aumentar con la posible aprobación de la Ley Bases, que dejaría sin multas a los empleadores que contraten de manera informal.
El sindicato denuncia la complicidad y la ceguera de las autoridades debido a que es evidente la situación al observar los micros llenos de cosechadores que regresan a Concordia cargados de mandarinas, limones y naranjas, vendiendo la fruta para complementar sus irrisorios jornales de $250 por recolector.
La mayoría de estos trabajadores concordienses se dirigen al departamento de Federación, donde los productores contratan cuadrillas sin asumir responsabilidades laborales ni impositivas, aprovechando como «ventaja comparativa» la explotación de esta mano de obra barata e informal que repercute en mayor pobreza para miles de familias de una ciudad que supo ser la orgullosa «Capital del Citrus».-
Juan Cruz
¿Recuerdan el slogan «todos somos el campo»? Y el ciudadano trabajador ni tierra en las macetas tenía, pero defendía a los grandes explotadores. Bueno… ahora con este nuevo gobierno, la explotación será legal; el despido sin indemnización será legal, mancillar la dignidad de los trabajadores será legal… la cuasi esclavitud será legal. ¿Esto quiere el 56 por ciento que votó a Milei? ¿Y solamente por odio a los gobiernos populares? ¿Ese mismo 56 por ciento votó la entrega del país, de sus recursos naturales, de sus empresas (que no tienen que dar ganancia tipo empresa comercial porque son servicios, como las escuelas estatales, las universidades estatales, los hospitales) y llevar a la república a ser colonia? Si es así, vamos rumbo a una realidad de horror.
juan
Siempre lo mismo mantenerle en Concordia la mano de obra explotada a la gringada inescrupulosa de Chajari, villa de rosario y santa ana; y al círculo corrupto de ministerio del trabajo empresarios ge
sindicato y municipios, y el trabajador pobre como una rata y ellos millonarios