«Lo que existe hoy es una atomización, y una situación muy dispersa -explica Martín Rettore, titular de la Unidad de Control de Inmuebles de la Fiscalía de Estado-. La idea de la Agencia es centralizar y organizar para poder optimizar el uso de esos inmuebles. Hoy, en Fiscalía existe la Unidad de Control de Inmuebles y el área de Tierras Fiscales, pero también hay otros organismos que tienen la administración de inmuebles. Al Poder Ejecutivo le pareció la oportunidad para centralizar la actividad inmobiliaria del Estado, controlar y proyectar los inmuebles que posee, que tenga o que pueda adquirir la Provincia».
Después, completa: «La idea es administrar bienes que no tengan afectación específica. No es para administrar todo el universo de bienes del estado. Cada organismo que tenga a su cargo bienes, como escuelas, comisarías, lo seguirá teniendo a cargo. La Agencia lo que va a hacer es administrar los inmuebles ociosos, que no tengan una afectación específica, y se le pueda dar utilidad».
El Estado posee grandes extensiones en zona insular del Delta entrerriano.
Entre los objetivos del nuevo organismo, estarán la “coordinación y ejecución de las políticas, normas y procedimientos atinentes a la actividad inmobiliaria estatal, el control permanente de la misma y la intervención en toda operación inmobiliaria de todos los organismos, entidades y empresas que conforman el Estado Provincial”; también, la “gestión del inventario de la totalidad de inmuebles cuyo dominio, posesión o tenencia ejerza el Estado Provincial a través de sus organismos, entidades y empresas, y la regularización dominial y/o de ocupación y uso de estos”.
A su vez, la “promoción del desarrollo económico, productivo, social y ambiental, y la generación recursos económicos, a partir de operaciones inmobiliarias sobre los inmuebles bajo su administración y los que oportunamente adquiera”. Y la “optimización de recursos destinados al funcionamiento de reparticiones públicas del Administración Centralizada y Descentralizada, a partir de la asignación de inmuebles del Estado y/o la adquisición estratégica de inmuebles a tales fines”.
La Agencia está a cargo de un presidente, “con rango, jerarquía y remuneración equivalente a Secretario General de la Gobernación, designado y removido por el Poder Ejecutivo”. Será secundado por un vicepresidente “con rango, jerarquía y remuneración equivalente a Secretario Ministerial, designado y removido por el Poder Ejecutivo; y demás autoridades y personal que establezca la estructura del organismo”.
El nuevo organismo será el encargado de la aplicación de la Ley N° 10.390, norma por la que la Provincia adhirió a la Ley Nacional Nº 24374 y sus modificatorias Leyes Nºs. 25797, 26493 y 27118 sobre regularización dominial a favor de ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años, con anterioridad al 1º de enero de 2009 y su cauce lícita, de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente y reúnan las características previstas en la reglamentación, y de los inmuebles situados en áreas rurales donde existan asentamientos poblacionales.
Y se fija que en esas labores “sustituirá a la Escribanía Mayor de Gobierno en todas las funciones, competencias, atribuciones, derechos, y obligaciones que prevé dicha norma”. También suplirá al Consejo General de Educación (CGE) “en todas las funciones, competencias, atribuciones, derechos, y obligaciones que prevé la Ley N° 4.829 y, el artículo 722 y el Capítulo VII de la Ley N° 9776 –Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos”.
Además, el proyecto apunta a derogar la Ley N° 10.243 y la liquidación de la Compañía Entrerriana de Tierras Sociedad del Estado, “y destínese el patrimonio resultante a la agencia creada por la presente ley”.
Fuente: Entre Ríos Ahora
