El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concordia, Luciano Dell’Olio, explicó que el personal del municipio había recibido advertencias sobre posibles robos en el área. “El domingo tomamos conocimiento a través de las redes sociales sobre diferentes hechos de inseguridad en la zona”, comentó. Ante esto, Dell’Olio se presentó en el lugar con personal de la Comisaría Séptima y radicaron la denuncia correspondiente ante la Justicia, activando la intervención de los fiscales de turno para investigar el caso.
En tanto, el Comisario Inspector Luis Cristian Valdez detalló en el programa “Una Mañana por Delante” de Radio Ciudadana, los pormenores de la sustracción y señaló que empleados municipales comenzaron a retirar chapas de las viviendas en construcción de manera preventiva, lo que algunos vecinos malinterpretaron como una señal de que las casas no serían terminadas. En medio de la confusión, un pequeño número de residentes se apoderaron de las chapas, mientras otros buscaban respuestas sobre el futuro del proyecto habitacional.
Por otro lado, el ex secretario de Obras Públicas y ex titular del Instituto de Vivienda de Concordia (INVITAM), Jorge Mendieta, explicó los motivos detrás de la demora en la construcción de las viviendas del barrio Agua Patito e indicó que la alta inflación y las complicaciones contractuales con las empresas constructoras han impedido el avance del proyecto.
Según Mendieta, el contrato estipulaba la finalización de 20 viviendas por mes sin actualización de precios, lo que resultó inviable para las constructoras debido a la fluctuación constante de los costos. Esta situación provocó la rescisión de contratos y la consecuente paralización de las obras.
Actualmente, la Municipalidad de Concordia, en conjunto con el Instituto de Tierras y Viviendas, está trabajando en nuevos presupuestos y proyectos para reactivar la construcción, que actualmente se encuentran en un 75% a 80% de avance. La denuncia ante la justicia busca no solo recuperar los elementos sustraídos, sino también prevenir futuros saqueos y asegurar la continuidad del proyecto habitacional que beneficiará a numerosas familias afectadas por la crecida del río Uruguay.
