Una mujer de 74 años fue asesinada en Córdoba, la encontró su hijo mayor el pasado viernes 2. A priori, la noticia aparecía como un caso más de inseguridad.
Con el paso de las horas se supo que Susana Beatriz Montoya, la mujer encontrada en su casa de calle Miguel Andrés Caminos al 4.800 de barrio Ampliación Poeta Lugones –en el norte de esta Capital cordobesa-, había sido esposa de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario de la División Comunicaciones de la Policía de Córdoba que militaba clandestinamente en el PRT-ERP y que el 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota del Departamento de Inteligencia de la Policía (D2) y llevado al centro clandestino conocido Casa de Hidráulica en cercanías del dique San Roque y Villa Carlos Paz. Allí, Albareda fue torturado y asesinado. Hasta hoy continúa desaparecido.
La investigación del crimen, a cargo del fiscal Juan Pablo Klinger, se mueve con cautela: en una de las paredes de la casa de la víctima, escrito presuntamente con lápiz labial rojo, apareció una amenaza: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.
Fernando Albareda, el hombre que encontró asesinada a su madre Susana Montoya, militó en los ’90 la agrupación HIJOS y actualmente es empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Como empleado de la Secretaría, dirige en Córdoba el Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM).
Durante 2023, a través de un convenio entre la Secretaría de DDHH de la Nación y la Policía cordobesa, Fernando Albareda dictó cursos y charlas a los cadetes aspirantes en fuerza, relacionados a la Protección de Testigos.
Sospechosamente, en diciembre del año pasado, mientras terminaba el ciclo lectivo de los aspirantes a policías, en la casa de Fernando Albareda, en barrio Villa Cabrera, aparecieron carteles con amenazas: “Sos hijo de terrorista. Se terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a Jefatura”, “va a morir”, y el “te vamos a juntar con tu papito”. Los mensajes escritos con fibra negra y recortes, tenían dibujadas cruces esvásticas. Además, en el lugar aparecieron seis balas calibre .22. Esa causa es investigada por el fiscal Klinger, el mismo que ahora está a cargo del homicidio de Susana Montoya. Todavía no hay responsables identificados por las amenazas a Albareda ni por el crimen de su madre.
Tras las amenazas de diciembre, el intendente capitalino, Daniel Passerini las repudió a través de sus redes sociales: “Expreso enérgicamente mi repudio a las amenazas sufridas por un referente de @hijoscba. La vida democrática no es compatible con amenazas y expresiones de violencia y odio. Estas manifestaciones no deben ocurrir”.
Y el gobernador Martín Llaryora hizo lo mismo, pero además, repudió un ataque contra la sede de Radio Nacional Córdoba: “Expreso mi enérgico y firme repudio a las amenazas que sufrió un integrante de la agrupación Hijos Córdoba. Del mismo modo, repudio la agresión hacia la sede de Radio Nacional Córdoba. La Justicia debe esclarecer estos hechos que tanto daño provocan a la convivencia democrática”.
“Los vamos a matar a todos”
Ocho meses después de las amenazas sufridas por Fernando Albareda; el asesinato de su madre junto a la amenaza “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”; hizo que el fiscal Klinger investigara el crimen de Susana Montoya como un caso de inseguridad; pero además, no descartara la posibilidad de que se trate de un crimen a manos de mano de obra desocupada como durante el regreso de la democracia a principios de 1984; hipótesis sostenida por los familiares de la víctima.
“Nosotros le vamos a pedir una audiencia al gobernador (Martín) Llaryora; queremos que este caso sea investigado y resuelto. Debe haber una decisión política del gobernador de depurar a la Policía de elementos ligados o que reivindiquen el terrorismo de Estado. Nunca Más es Nunca Más”, le dijo a elDiarioAR, el abogado Claudio Juárez Centeno, representante de Fernando Albareda.
En la familia relacionan ambos hechos: “Las amenazas a Fernando y ahora el homicidio de Susana tendrían directa relación”, señalaron desde el entorno familiar. Y apuntan a “elementos ligados a la patota de la Policía” que estarían relacionados con el terrorismo de Estado. Por caso, el hijo de un represor condenado por delitos de lesa Humanidad, ocupa un alto cargo en la Policía de esta Capital. Incluso, Fernando Albareda, habría tenido años atrás algún entredicho o disputa con un familiar de este policía en actividad y del represor condenado.
En esa línea, los organismos defensores de los DDHH emitieron un comunicado donde señalan: “Nos encontramos consternados y ocupados, por el violento asesinato de la madre de un compañero de H.I.J.O.S. Córdoba, ocurrida este último viernes y las amenazas que cobardemente dejaron, dirigidas a toda su familia, donde firmaba ”#Policía“. Fernando Albareda es hijo de un policía que fue secuestrado y desaparecido en 1979 en el ex Centro Clandestino de detención conocido como ”Casa de Hidráulica“. Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la Policía de Córdoba, militaba en el PRT y tenía 37 años cuando fue secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1979, según se pudo determinar en el juicio que se realizó (y que precisamente se conoce como la ”Causa Albareda“)”, detalla el texto que firman HIJOS Córdoba, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, Ex Presos Políticos por la Patria Grande de Córdoba, Asociación Civil Ex Presos Políticos de Córdoba y Mesa Provincial de Trabajo de DDHH de Córdoba.
Los organismos también expresaron: “Exigimos a la Justicia de Córdoba y al Poder Ejecutivo la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad; la seguridad y protección efectiva ya al compañero Fernando Albareda y a toda su familia”. El comunicado cierra: “Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción. ¡Ya dijimos Nunca Más!”.
Otra hipótesis
Pese a que los organismos de DDHH y sectores de la política cordobesa como el cristinismo, el Frente Renovador y la izquierda se mostraron consternados por la noticia de la trágica muerte de la viuda del policía Albareda, y la ligaron a los discursos de odio de la ultraderecha; los investigadores de la División Homicidios, trabajan en la hipótesis de un sospechoso en el círculo íntimo de la víctima y centran sus entrevistas con los vecinos de barrio Ampliación Poeta Lugones, acerca de cómo era la relación entre Susana y sus familiares y conocidos.
El propio Fernando había declarado al diario cordobés La Voz del Interior que los accesos a la casa materna no habían sido violentados: “Sólo atiné a llamar a la Policía. Salté la tapia de la casa vecina y vi que estaba muerta, ya morada”. El mayor de los hermanos Albareda declaró ayer entre las 9 y las 17 en sede judicial, donde señaló que las aberturas de la casa donde vivía su madre no fueron violentadas; por lo que el o los asesinos podrían haberla sorprendido cuando entraba al domicilio o les abrió la puerta confiada.
El sábado, Ricardo Albareda, su hermano menor había declarado durante varias horas en la fiscalía de Klinger.
Los investigadores de Homicidios, además de entrevistar a los vecinos, analizan los teléfonos celulares de los integrantes de la familia y las cámaras de seguridad de las siete cuadras de Miguel Andrés Caminos desde el 4.300 hasta el 5.100, que van desde Benito Quinquela Martín hasta la colectora de la avenida de Circunvalación.
Un dato que no escapa al fiscal Klinger ni a los vecinos, es que a pocos metros de la vivienda donde fue asesinada Susana Montoya, desde el jueves 1 de agosto -el día anterior al homicidio-, hay una consigna policial de vigilancia porque allí está alojada con prisión domiciliaria una mujer que está atravesando una disputa judicial internacional con su ex marido, un ciudadano alemán que pretende llevarse los hijos de la pareja a vivir a Alemania.
Algunos militantes de organismos de DDHH se mostraron cautelosos y deslizaron que “este crimen, ya sea que sus autores se traten de sectores de lúmpenes ligados a la extrema derecha como el caso de Los Copitos; o de la hipótesis que trabaja la Policía de un delito en el marco del círculo de confianza; nos golpea a todos como sociedad”.
Condena y reparación histórica
El 11 de diciembre de 2009, el Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF 1) de Córdoba condenó a prisión perpetua al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en esta provincia, general Luciano Benjamín Menéndez; al ex coronel Rodolfo Campos -era el titular de la Policía en aquéllos años-; y los ex agentes Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos; quiénes fueron encontrados culpables de los delitos de “privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público; homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por una pluralidad de partícipes”.
En el caso de Menéndez y Campos, los querellantes y el fiscal Carlos Gonella apelaron al principio de la “responsabilidad mediata”: la teoría del alemán Claus Roxin, que ya había sentado jurisprudencia en el Juicio a las Juntas. Además, el TOF 1 condenó a 16 años al ex agente del D2, Miguel Angel “Gato” Gómez –el fiscal Gonella había pedido 23 años-; y absolvió a Luis Calixto Flores.
La condena a prisión perpetua en cárcel común para el ex jefe policial Rodolfo Campos fue la sorpresa de la jornada, ya que no se esperaba que se le revocara la prisión domiciliaria de la que gozó hasta el día de la condena, que había sido dispuesta por la entonces jueza del Juzgado Federal Nº3, Cristina Garzón de Lascano.
Durante 15 años, Fernando Albareda batalló casi en soledad por la reparación histórica de su papá: “Es el único caso en el que la Policía reconoce un crimen de lesa humanidad”, dijo el hijo del policía Ricardo Fermín Alvareda, cuando en el marco de la Semana de la Memoria, en marzo pasado, el ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Quinteros -en nombre del Estado cordobés- le hizo entrega en el edificio de la Jefatura de Policía de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos. El acto reparatorio de legajos de empleados públicos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar se enmarca en la Ley 10.874.
El reconocimiento por parte del Estado, incluye el resarcimiento económico por salarios caídos, monto que beneficiaría a los deudos del policía Alvareda, la viuda Susana Montoya; los hijos Fernando y Ricardo y una hija fallecida en 2021.
Anoche, pasadas las 22, Fernando Albareda envió un mensaje a través de whatsapp, informando sobre el velorio y sepelio de su madre: “Hola, mis compañeras y compañeros.
Les quería contar que el velatorio de mi madre se realizará mañana Lunes 05/08 a partir de las 13 a 21 hs. Y el Martes 06/08 de 9 a 11 hs. en la empresa Caruso de la calle Juan B. Justo 2306, en la sala “A”. Luego serán trasladados sus restos al Cementerio Parque del Sol.
Gracias por todos sus mensajes. Se siente el acompañamiento y el cariño. Fernando Albareda y familia“.
