Subrayó que la solución a estos problemas, «probablemente sea mucho más costosa y compleja que si se hubieran hecho las cosas bien en su momento». Enumeró luego las acciones realizadas para resolver esta problemática, haciendo especial hincapié en el ordenamiento de lo existente, la priorización y la planificación a futuro. Finalmente, enfatizó que «es prioridad del gobierno de la provincia dejar atrás el estigma de tener probablemente una de las redes viales en peor estado de la Argentina».
Para la efectivización de este plan se trabajó en la recuperación de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), con la puesta en valor del recurso humano y de 50 máquinas que estaban en desuso. Se sancionó, a su vez, una ley de Emergencia Vial, lo cual permitió realizar la compra de materiales para comenzar una primera etapa de bacheo autogestionado.
En esa primera etapa se avanzó en trabajos de conservación en más de 16.000 kilómetros de caminos rurales y se reactivaron obras en cinco rutas provinciales, planteando en esta segunda etapa la reactivación de otras siete, sumando así 12 las obras reactivadas respecto a las 17 que se habían neutralizado al inicio de la gestión.
También se gestionó ante el gobierno nacional el reinicio de las obras en las rutas nacionales, siendo la primera provincia en firmar un convenio con Nación en esta materia. Asimismo, se tomó la decisión política de destinar el 50 por ciento del impuesto inmobiliario rural para un plan de conservación de caminos rurales.
Las licitaciones para el plan de bacheo se realizarán en grupos, en cuatro etapas, a fin de agilizar las tramitaciones y concluir con las mismas a fin de este año. En total, se intervendrán 30.000 kilómetros, 2.100 en rutas provinciales asfaltadas, 1.600 en rutas nacionales, y 25.000 en caminos rurales.
