Y ahora, en plena democracia, como si no tuviéramos problemas con un gobierno diletante y depredador, existen movimientos tras bambalinas pergeñados desde el mismo poder y por algunos representantes del Poder Legislativo. Estos han iniciado una trama deshumanizante y conspirativa, mediada por un sacerdote, Javier Olivera Ravasi, con antecedentes de ultranacionalismo de derecha, quien coordinó con diputados de La Libertad Avanza una «visita humanitaria» a una serie de condenados por delitos de lesa humanidad, verdaderos genocidas, con el propósito de establecer un vínculo político que pudiera posibilitar, vaya a saber por qué medios, institucionales o no, que estos puedan volver a sus casas.
Y la pregunta que surge es: ¿esta acción contó o no con el apoyo de la Casa Rosada? ¿Martín Menem estaba al tanto? ¿Lo había autorizado? ¿Hay acaso un proyecto para hacer caer los juicios que comenzaron en 2006 contra otros genocidas? ¿Qué papel jugó Victoria Villarruel, presidenta del Senado e hija de un militar genocida condenado y ya fallecido? Es cuanto menos llamativo que los integrantes del bloque oficialista hayan resuelto romper con cierto consenso democrático en el terreno discursivo solo para que los represores obtengan la prisión domiciliaria, sobre todo cuando de las 642 personas detenidas por delitos de lesa humanidad, 508 están cumpliendo la pena en su casa, es decir, el 80%.
Lo cierto es que, hasta la llegada de Milei a la presidencia, ningún legislador oficialista se había atrevido a reunirse con genocidas. Ningún político de peso les había querido dar voz a los criminales de lesa humanidad, y menos a Astiz. Recordemos que en el pasado, la Cámara de Diputados ni siquiera permitió que los represores Antonio Domingo Bussi y Luis Patti asumieran sus bancas en 1999 y en 2005, a pesar de haber sido elegidos por el voto popular.
El impresentable productor agropecuario y diputado nacional, (para escarnio de los entrerrianos) Beltrán Benedit, expresó: «No fuimos a ver represores, no; fuimos a ver excombatientes en algo que compete a las fuerzas de seguridad que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional».
El diputado Benedit se refirió al rol de la justicia: «No se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen como jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio (?) Los fallos violan las leyes y los tratados. Los vamos a combatir hasta en el Consejo de la Magistratura». Más cinismo e ignorancia no se consigue.
Los primeros diputados en desmarcarse fueron Bonacci y Arrieta. Lo hicieron en privado y en público. El resto de los diputados de La Libertad Avanza prefirieron el silencio, aunque por lo bajo condenaron la reunión organizada por Benedit y Montenegro. Menem intentó desligarse, pero no aclaró si autorizó o no el traslado.
Dentro y fuera del mundo libertario, a nadie se le pasa por alto que la visita a los represores se parece bastante a las reuniones que Villarruel mantenía con Jorge Rafael Videla y otros genocidas en el pasado, con una salvedad que no es menor, porque ahora los encuentros los impulsan funcionarios públicos que apuestan a amplificar un discurso que aparecía como marginal, y apenas se vociferaba cuando Cecilia Pando lo organizaba en Plaza San Martín.
En un gobierno que dejó de lado el pudor político hace tiempo y se ufana, desde el presidente hacia abajo, de hacer política a través de la provocación permanente, ni siquiera se siente en la obligación de dar explicaciones la ministra de Seguridad fracasada, Patricia Bullrich, quien habría dado un visto bueno para la excursión por Ezeiza. Esto se desprende de los chats que compartían diputados, abogados y fiscales con el cura Javier Olivera Ravasi, que fue apartado de la diócesis de Zárate-Campana por esa complicidad. ¿Es que acaso la visita de los diputados a Ezeiza sacó a la luz una puja irresuelta en La Libertad Avanza entre un sector más democrático y otro que se anima a reivindicar el accionar de los genocidas? De la llamada «casta» dependerá que Montenegro, Benedit, Ferreyra, Araujo, Arrieta y Bonacci tengan algún tipo de sanción, para al menos dejar a salvo al Congreso, pero será la sociedad en conjunto la que no debe permitir que los vientos de la Historia lleven a debatir de nuevo algo que hace tiempo es cosa juzgada.
Los ataques paraestatales de la derecha requieren de una respuesta urgente por parte de un Poder Judicial que se muestra pasivo y solo está para dar impunidad a los miembros del poder real y sus empresarios políticos. Por eso el apuro de Milei para que se dé el acuerdo en el Senado al nombramiento de Ariel Lijo en la Corte Suprema, de la misma manera que Macri tiene blindada la Corte con Rosatti y Rosenkranz, por el temor de que prosperen alguna de las más de 200 causas pendientes.
La justicia en Argentina es como Dios, muchos creen que existe, pero nadie sabe dónde está.
Leticia
A este gobierno antidemocrático se le da mucho «poder». A otros por mucho menos ya los hubiesen derrocado. ¿¿¿Qué pasa con el pueblo argentino??? Cuidemos nuestra historia, nuestra democracia (que tanto costó conseguir) A todos esos diputados, hay que expulsarlos del congreso. No queremos pagar sueldazos a quienes se burlan de todos nosotros apoyando a represores y asesinos. ¡¡¡¡Y no vengan con que no sabían a quienes iban a visitar!!! ¡¡¡No nos tomen por tontos!!!!