POR : Mar Centenera-Diario El País de España
“Los cuerpos aparecieron desparramados en una franja costera de unos 150 kilómetros de largo”, cuenta Daniel Iglesias, autor de una investigación que dio las primeras pistas para esclarecer lo sucedido. Iglesias encontró más de una veintena de expedientes de cuerpos devueltos por el mar entre 1977 y 1978 que habían sido enterrados sin identificar. “En ninguno de los casos se mandó a policías a ver si encontraba un familiar o se llamó a la prensa o se hizo lo posible por identificar el cuerpo. El juez no hizo nada, cuando era su responsabilidad”, agrega Iglesias desde Villa Gesell, una de las localidades donde aparecieron víctimas de los vuelos de la muerte.
La causa tiene como imputados al juez de instrucción de Dolores en ese momento, Carlos Facio; al médico policial Miguel Cabral, acusado de haber ocultado que que fueron víctimas de muerte violenta en cuatro expedientes; siete exagentes de la policía bonaerense y funcionarios municipales. Tras una primera audiencia preliminar la semana pasada, este jueves declararán de forma anticipada los primeros testigos y a principios del año que viene, los demás, en el juicio que tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata.
El abogado querellante Pablo Llonto destaca la importancia de un juicio que busca arrojar luz sobre la última etapa del plan sistemático de exterminio puesto en marcha por la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. La Justicia ha condenado a más de mil personas, en su mayoría militares, por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese período. El régimen militar abrió cientos de centros clandestinos de detención por todo el país y en Buenos Aires y sus alrededores, uno de los mecanismos más habituales para deshacerse de los secuestrados fue subirlos a aviones y arrojarlos, drogados y maniatados, al Río de la Plata o al Océano Atlántico.
Por un error de cálculo sobre los vientos y las mareas, un puñado de esos cuerpos no terminaron en el fondo marino sino que llegaron a la costa. La Justicia debe determinar ahora la presunta responsabilidad de los imputados en la ocultación de los mismos. “Los ocultaban a sabiendas de que venían de los vuelos de la muerte”, acusa Llonto.
Uno de los cuerpos que estuvo tres décadas sin identificar fue el de Santiago Villanueva, militante de la agrupación Juventud Peronista, que fue secuestrado el 26 de julio de 1978. Su hijo mayor, Guillermo, tenía en ese momento 12 años. “Pasé toda la vida buscándolo y jamás pensé que lo íbamos a encontrar”, asegura al recordar una desaparición que marcó la vida de toda su familia.
A sus 57 años, Guillermo Villanueva se prepara para testificar ante un juez por tercera vez en su vida. Aún recuerda con cierta incredulidad el momento en el que el Equipo Argentino de Antropología Forense le anunció que habían identificado los restos de su padre. El ADN de los restos exhumados del cementerio de Villa Gesell coincidía con el de su tío Ernesto Villanueva, hermano del desaparecido. Los antropólogos forenses supieron dónde excavar gracias a un cuaderno del cementerio en el que se anotaba a mano dónde se enterraba cada muerto. Santiago Villanueva figuraba como “Saladito NN”. “Llamaban saladitos a los cuerpos que venían del mar”, cuenta Guillermo.
La identificación se realizó en el 2005 y en el 2006 le entregaron los restos, que hoy descansan en el cementerio de Chacarita, el más grande de Buenos Aires. “Estaba entero, menos las manos. Fue impactante tener la oportunidad de encontrarlo por última vez”, recuerda Guillermo Villanueva. “Fueron 15 minutos que estuve con él después de 30 años y ahí la historia empezó a cambiar: de una persona desaparecida a una persona aparecida. Entendí por qué había luchado tantos años por mantener viva la memoria y cómo encontrarlo devolvía la dignidad a mi familia”, continúa. Su objetivo ahora es que se haga justicia, aunque lo que más desearía es que sus compañeros recuperasen también los restos de sus familiares, que siguen desaparecidos. “Somos muy pocos los que tuvimos la suerte de encontrarlos”, concluye.
