«Lo primero que planteé es si lo conocían al Centro. Quería que me dijeran ‘mira, lo conozco’ o ‘me gusta menos o más’. O si están a favor o en contra del cierre. Pero hay que expresarse, y la verdad es que hay un montón de vecinos que no son casta, pero están pagando», manifestó Bovino.
Bovino sostuvo que había tres profesionales: dos abogados, Sebastián Bergalio y Carlos Conti, y una licenciada en Trabajo Social, Noelia Schuerman, que se encargaban de recepcionar denuncias de los vecinos de la zona noroeste. «Con solo tres personas se dio respuesta a más de 700 casos gestionados. Hacían un gran trabajo. Ahora todos los vecinos se van a tener que trasladar al centro», indicó.
Además de actuar en casos de denuncias por violencia de género u otro tipo de denuncias judiciales, también se encargaban de diferentes trámites administrativos para diversas reparticiones como el Invytam, ANSES, etc.
En Entre Ríos había tres CAJ: en Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Los tres fueron cerrados. «Los damnificados son los vecinos con estas políticas de cerrar los centros. Se pierde la descentralización y la gente queda sin resguardo. Imaginate que esta gente tiene que tomarse un colectivo y venir a que los atiendan en las diferentes áreas que te nombré; es mucho más complejo. Yendo a ese centro, tenían esas cuestiones resueltas. Este es un gran paso atrás», acotó.
El concejal sostuvo que la gente que habita la zona noroeste, además de tener que venir hasta el centro, en muchos casos desconoce las diferentes instituciones públicas. «No saben a qué juzgado ir, como nos pasa a la mayoría. No tienen por qué saberlo», mencionó.
En junio pasado, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había anunciado la decisión al catalogar a los centros que acercan derechos y justicia a las clases populares como una «caja política». La medida impactará en más del 70 por ciento de los espacios existentes, con cierres que ya están comenzando a hacerse realidad mientras los trabajadores y trabajadoras pelean por reincorporaciones, con más de 250 puestos laborales en juego.
«Se cierra otra caja política». Con esa frase, el Ministerio anunciaba el pasado 10 de junio que cerraría 81 de los 111 CAJ que hay en todo el país. En un comunicado, sostenía que esos centros eran «ineficientes» y que «acumulaban empleados sin demostrar resultados». El anuncio traducía lo que ese mismo día se hizo oficial a través de la publicación de la Resolución 178/2024 del Ministerio, que con la firma de Cúneo Libarona creaba un «plan de ordenamiento y mejoramiento» de los CAJ, según Página 12.
Juan Cruz
Al paso que vamos, tendremos gobierno perverso y sádico por ocho años. Es indudable que la batalla cultural la está ganando un siniestro personaje de televisión aspirante a panelista. De eso pasó a Legislador y en un abrir y cerrar de ojos, los argentinos lo erigieron presidente. No cuestiono el voto, pero bueno… Con sólo dos dedos de frente y sin bronca, la historia hubiese sido otra. No sé si mejor; al menos no estaríamos en este neofascismo que es desgastante en el vida cotidiana. La violencia verbal que ejerce el enajenado, es digan de un Realismo Mágico de terror. Aunque eso es cuento de hadas al lado de lo que está haciendo con los docentes, con los estudiantes, con los jubilados, con los trabajadores, con los médicos, con las instituciones, con los recursos del estado… De todo ello es responsable lo que hoy es oposición (hay excepciones, claro), de los sindicalistas (hay excepciones, claro) de los periodistas (hay excepciones, claro). Dudo que haya una pueblada como en la del 2001. Con el descalabro actual, ya habríamos hecho esa pueblada. Insisto: dudo que ocurra y tendremos este infierno otros cuatro años más.