El RIGI, diseñado para atraer grandes inversiones con incentivos fiscales y otros beneficios, otorga condiciones especiales a inversores, generando una situación de desventaja para las mipymes locales. Desde APYME señalan que estas empresas deben enfrentar costos de insumos elevados, tarifas logísticas elevadas y cargas laborales que se traducen en una competitividad mucho menor en comparación con las grandes empresas beneficiadas por esta legislación. La adhesión al RIGI no incluye regulaciones que impidan el abuso de posición dominante, lo que, según la asociación, coloca a las mipymes en una posición vulnerable, limitando su rol a proveedores de servicios secundarios para las grandes empresas que, ante la falta de controles, podrían monopolizar el mercado.
A su vez, el comunicado de APYME subraya los daños colaterales que este tipo de políticas tiene sobre el ambiente y el hábitat local, con la expansión urbanística sin regulación suficiente que, si bien beneficia a ciertos sectores empresariales, ignora las consecuencias sociales y ambientales que afectan a las comunidades y al entorno en el cual las mipymes desarrollan sus actividades. En este sentido, APYME critica que los desarrollos favorecidos por el RIGI ignoran la necesidad de un equilibrio socioambiental y de un desarrollo sustentable.
La delegación de APYME Entre Ríos subraya también el deterioro del mercado interno y las oportunidades laborales locales como consecuencias de políticas públicas que priorizan intereses de grandes capitales en detrimento de las mipymes. “En lo que va de la gestión iniciada en diciembre de 2023, ya se han perdido más de 12,000 pymes en el país”, indica el documento, destacando que esta situación refleja el desprecio de las políticas actuales hacia el mercado interno y las fuentes de empleo que las mipymes sostienen.
El comunicado de APYME:
«ADVERTENCIA
APYME Delegación Entre Ríos señala con honda preocupación la aprobación de la adhesión al RIGI votada ajustadamente ayer por la cámara de Senadores de la Provincia.
La bancada oficialista, que instó a aprobar esta adhesión, no ha considerado debidamente los perjuicios para las mipymes entrerrianas que quedan fuera de toda competitividad.
En comparación con las grandes inversoras habilitadas por esta adhesión, frente al costo de los insumos difundidos que debemos pagar, la logística, la diferencia en el costo laboral y la prioridad para las ofertas de las nuevas inversoras, solo quedamos reducidos a la prestación de servicios a empresas que claramente ostentarán su posición dominante, ya que no se prevé regulación alguna que impida el abuso de esa posición.
Los daños al ambiente, los efectos de la urbanización desregulada en beneficio de negocios sin atender la situación socioambiental y en perjuicio del desarrollo equitativo y cuidadoso del hábitat para la vida también se sienten en el sostenimiento de una mipyme. Cuanto más en las inversiones necesarias que ante este panorama nos resulta imposible realizar.
Empresarias y empresarios Pymes vivimos, invertimos y trabajamos en nuestro país, generando una alta proporción del empleo privado. Sin embargo, en lo que va de la gestión iniciada en diciembre de 2023, ya se han perdido en el país más de 12,000 pymes, resultado de estas políticas públicas que desprecian el mercado interno y las fuentes laborales genuinas que las mipymes representamos.
Desde APYME vamos a seguir haciendo propuestas para construir una Argentina productiva, soberana y solidaria.»
ALFREDO CAÍNO – Secretario
LUIS LOZAR – Presidente
APYME Delegación Entre Ríos
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