Tras el progreso en la investigación de la Sociedad de Músicos Concordia, en Chajarí se ilusionan con que avance una denuncia penal por graves irregularidades en el Aeroclub

El Aero Club Chajarí se encuentra en el centro de una polémica judicial tras la denuncia penal presentada por Luis Alberto Tavella, quien hasta hace poco ocupó el cargo de tesorero de la institución.  Con patrocinio del abogado Nicolás Percara, Tavella ha señalado a dos de los principales dirigentes del club, Julio César Cabo Dal Molin y Marcelo Alberto Arbelaiz, como responsables de una serie de irregularidades que pondrían en riesgo el futuro de la entidad.

Según la denuncia, ambos dirigentes han incurrido en una serie de prácticas que configuran delitos financieros y administrativos, afectando tanto el patrimonio como la transparencia de la institución: gestión discrecional de los recursos, manejo opaco de balances y, posiblemente, una evasión tributaria sistemática.

En la denuncia presentada ante la Justicia, Tavella asegura que las reuniones de la Comisión Directiva, encargada de la toma de decisiones en el club, han sido esporádicas e ineficaces, lo que ha dejado a los socios sin poder de decisión sobre el rumbo del Aero Club. Esta falta de democracia interna ha sido un factor central en la denuncia, especialmente cuando se menciona la expulsión arbitraria de socios, sin el debido proceso ni pruebas, con el fin de consolidar un círculo cerrado de colaboradores que respalden los intereses de los denunciados.

Además, el ex tesorero subraya la grave paralización de la Escuela de Vuelo del club, que no ha tenido actividad en más de 20 años, lo que contradice la misión social y aeronáutica de la institución. A pesar de que el cartel de la escuela aún adorna la sede del club, la actividad aeronáutica ha quedado prácticamente erradicada, con solo tres pilotos volando desde enero de 2023, entre ellos el principal denunciado de apellido Dal Molín.

Otro de los puntos más graves de la denuncia es la venta de terrenos pertenecientes al Aero Club Chajarí, que según Tavella, se han realizado sin la debida aprobación de la Comisión Directiva y en condiciones poco claras. El aeroclub contaba con un terreno de 50 hectáreas en el caso urbano de Chajarí, 4 manzanas fueron permutadas a un privado a cambio de 100 hectáreas a las afueras de la ciudad. Según pudo saber DIARIOJUNIO la actual comisión habría vendido unos 30 lotes de los que todavía conserva en el área céntrica, que tienen un valor estimado en 30 mil dólares cada uno. Las transacciones eran con el objetivo de recaudar fondos para acondicionar el nuevo predio para el aeroclub, pero se habrían llevado a cabo “en negro”, con precios significativamente inferiores al valor de mercado y sin la documentación legal y fiscal correspondiente. Estos terrenos, que incluyen parte de la ex chacra 360, habrían sido vendidos sin que los socios recibieran información sobre el destino de los fondos obtenidos.

A esto se suma que la denuncia apunta a la falta de inversión en el nuevo predio de Colonia Belgrano, donde se esperaba trasladar el Aero Club, tras la venta de esos terrenos. A pesar de que la venta de los lotes generó ingresos, no se han realizado mejoras en el nuevo sitio, y el predio sigue siendo utilizado solo para el pastoreo de animales, sin que los socios tengan información sobre los contratos de arrendamiento de las tierras.

Por si fuera poco, Tavella denuncia que su labor como tesorero fue obstaculizada sistemáticamente. Se le impidió el acceso a información relevante para la confección de los balances y la auditoría de los bienes del club, además de ser presionado para que rubricara documentos sin tener la oportunidad de analizarlos, a tal punto que como tesorero no avaló ni firmó el último balance contable de la institución. La situación de amenazas por parte de los denunciados, según Tavella, fue constante, y solo por temor a represalias no realizó la denuncia antes. A lo que se debe agregar que pidió medidas de protección para su integridad física y psicológica ante las intimidaciones recibidas por parte de los denunciados.

Además de la denuncia en sede judicial, el ex tesorero solicitó la intervención de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas para llevar a cabo una auditoría sobre la gestión de la institución, incluyendo la revisión de los balances, los libros contables y el patrimonio del club.

Según información publicada en medios de Chajarí, desde la Comisión Directiva del Aero Club se han mantenido en silencio, argumentando que, de acuerdo con lo establecido por el estatuto, no pueden referirse a cuestiones internas.

De acuerdo a información a la que tuvo acceso este medio, el Dr. Matías Argüello de la Vega, de Chajarí, el fiscal que archivó la denuncia fundamentó su decisión en que no encontraba justificada la intervención del Ministerio Público Fiscal. Según su criterio, las acusaciones no constituían más que “meras manifestaciones cuestionando el manejo y la administración de una persona jurídica por sus autoridades electas”, y de existir alguna irregularidad, esta estaría “disfrazada y bajo el manto de un negocio jurídico lícito”. En su resolución, destacó que investigar tal situación implicaría un esfuerzo inútil para el Estado y un desafío probatorio complejo, dada la posibilidad de que el hecho se presentara bajo un marco legal legítimo.

Sin embargo, para los denunciantes, el asunto trasciende el plano de las simples críticas a la administración del Aeroclub. Consideran que se trata de hechos que podrían configurar delitos como defraudación, administración fraudulenta, falsificación de documentos, evasión tributaria y otros ilícitos establecidos en la normativa penal vigente. Además, apuntan que este comportamiento constituye un ataque a la convivencia social, al permitir el uso indebido de las instituciones de la sociedad civil con fines personales que van en detrimento del bien público.