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jueves 26 de diciembre de 2024
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Nota escrita por: Federico Odorisio
miércoles 27 de noviembre de 2024
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Pampa Soler: Mientras un fallo reciente de la justicia federal ordena a Milei reactivar las políticas de integración socio urbana, la justicia entrerriana avanza con un desalojo masivo en Concordia

El Juzgado Federal de Pehuajó emitió un fallo a mediados de noviembre que obliga al Estado nacional a reactivar las obras financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), suspendidas desde diciembre por decisión del gobierno de Javier Milei. La medida judicial responde a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con vecinas y vecinos de 37 barrios populares de todo el país. Aquí, en Concordia, la justicia provincial, desconociendo la Ley 27453 habilitó el desalojo de unas 18 hectáreas del barrio Pampa Soler donde habitan más de 200 familias, muchas de ellas desde hace más de 10 años, que representan un tercio de las familias protegidas por la ley de barrios populares en esa zona del noreste de la ciudad y que ahora se ven bajo amenaza de quedar despojadas.

Mientras el Juzgado Federal de Pehuajó exigió al Estado nacional reactivar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para retomar obras esenciales en barrios populares, una medida judicial en Concordia genera alarma. El juez Gabriel Belén fijó el 16 de diciembre como fecha para desalojar a más de 200 familias del Barrio Pampa Soler, en contraposición a lo establecido por la Ley Nacional 27.453, que protege a estos asentamientos.

El fallo del Juzgado Federal de Pehuajó, resultado de una acción de amparo liderada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con vecinas y vecinos, obliga al gobierno nacional a presentar un plan en tres meses para reactivar las políticas de integración socio urbana. Estas obras, financiadas por el FISU, quedaron paralizadas en diciembre, afectando a más de 850.000 familias que dependen del acceso a agua potable, electricidad, redes cloacales y mejoras habitacionales.

Además, la sentencia exige al Congreso garantizar financiamiento en el próximo presupuesto y designa al CELS como representante de los barrios populares registrados en el ReNaBaP. Esta medida es vital ante el agravamiento de las condiciones de vida en un contexto donde el 47% de la población no tiene cloacas, el 7% carece de agua potable y millones no están conectados a la red de gas.

En contraposición, en Concordia, el juez Gabriel Belén habilitó el desalojo de unas 18 hectáreas del Barrio Pampa Soler, donde habitan más de 200 familias. La medida, solicitada por el abogado Enrique Oscar Bacigaluppe en representación del supuesto propietario,  contradice lo estipulado en la Ley 27.453, que suspende desalojos en barrios populares por 10 años a partir de octubre de 2022.

La Ley 27.453 fue aprobada en 2018 con apoyo multipartidario y actualizada en 2022. Establece que los barrios registrados en el ReNaBaP son de utilidad pública y sujetos a expropiación, suspendiendo desalojos como parte de su objetivo de integración socio urbana. La ley prevé la compensación para los titulares de las tierras, equilibrando el interés general con el derecho a la propiedad privada.

En casos similares, como el del barrio San Pantaleón, la justicia priorizó el interés colectivo y la dignidad de las personas, reconociendo que la propiedad privada no es un derecho absoluto.

En contraste, el juez Belén, tras un fallo inicial contrario al desalojo, revirtió su decisión luego de que la Cámara de Apelaciones lo instara a dictar un nuevo fallo debido a que no había fundamentado jurídicamente la medida. Lo inexplicable del caso es que, en lugar de emitir una nueva sentencia contra el desalojo fundamentada en la ley nacional vigente, el juez Belén optó por cambiarlo, nuevamente sin proporcionar fundamentos legales, habilitando el desalojo.

Aunque el desalojo estaba previsto para el 6 de noviembre pasado, un «error» administrativo retrasó la ejecución  que finalmente ante la insistencia de la actora será este 16 de diciembre. De concretarse, el mismo fijaría un precedente alarmante que podría amenazar la paz social en una ciudad con 56 barrios protegidos por la Ley 27.453.

  • Nazareno rossi

    Increíble.hay más de 700 familias,gente laburadora.que levanto sus casas con esfuerzo.un barrio en pleno crecimiento.la foto más rebuscada no pudieron poner.solo el que vive en este lugar,sabe que el municipio dio garantías para que la gente construya y pueda arreglar un pago por la tierra.
    Un barrio nuevo donde necesita el apoyo de toda la ciudadanía y del municipio.

  • Pobre gente como la van a hechar asi como asi. Q le den algun otro lugar para q se establezcan. Hay gente q vive el dia a dia. Hay abuelos y abuelas viviendo ahi. Adonde van a ir a parar

  • El desalojo está perfecto, es propiedad privada y la justicia debe garantizar ese derecho. Ahora resulta que el propietario debe ser solidario, ceder los terrenos y encima pagar imp. inmobiliario y tasas municipales por el terreno usurpado.

  • En el caso Pampa Soler, los propietarios dejaron pasar mucho tiempo mientras la gente construía casillas precarias o viviendas de material, por qué no iniciaron acciones legales en forma inmediata para reclamar por sus derechos?

  • Se nota que le pagaron para el comentario…..hay gente trabajadora humilde con familias. … no es como dicen….. el intendente se borro …. pero para los votos andaba…azcue pone la cara para la gente que te voto…. …y deja de mandar al negro maciel ese delincuente …que lo unico que sabe hablar pavadas …baja de tu haciento ….claro como sos de plata no te ensucias los pies….solucion para la gente del pampa soler ….francisco azcue pone huevos loco no te borres……

  • Estarían desalojado un gran basurero habitado e su mayoría por colombianos, no lo veo mal.

  • Y los derechos del propietario del inmueble donde están? Eso no es alarmante?

  • Alberto J. Armando

    Pero la tierra tiene un dueño legítimo, y personas que ilegalmente la usurparon. Fin

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