El Congreso nacional se hizo eco de la situación y, desde Unión por la Patria convocaron ayer de urgencia a la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados para poner en debate la “medida inhumana” que adoptó el Gobierno nacional a través del PAMI.

“Antes compraban una caja o recibían una caja gratis. Después pasaron a ver que el Estado les daba un blíster y una parte tenían que pagar ellos. Y ahora nada. Entonces ruegan que les vendan una pastilla. El vendedor de la farmacia, por supuesto, no está habilitado y no puede hacerlo. Pero el adulto mayor les plantea, desesperados, que se van a morir sino toman esa pastilla”, explicó Osuna.

La medida, que restringe la entrega gratuita de medicamentos a jubilados y pensionados, fue duramente criticada por quienes consideran que perjudica gravemente a los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente a los adultos mayores. El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, cercano al papa Francisco, advirtió que esta decisión obliga a muchos jubilados a elegir entre alimentarse o medicarse.

Rossi también hizo referencia a las palabras del papa Francisco, quien en diferentes ocasiones habló sobre las «eutanasias disimuladas» como una forma de excluir a las personas más vulnerables de la sociedad. En este contexto, el arzobispo destacó la injusticia de una política que no tiene en cuenta las dificultades económicas que atraviesan muchos jubilados, quienes no solo enfrentan el alto costo de los medicamentos, sino también la escasez de recursos básicos para subsistir.

El Gobierno anunció que, a partir de este mes, los jubilados y pensionados que superen los $ 388.500 de ingresos mensuales ya no accederán a medicamentos gratuitos, y en su lugar, recibirán descuentos de entre el 50% y el 80%, dependiendo del medicamento. Esta nueva política afecta a aproximadamente 5 millones de afiliados, quienes deberán realizar un trámite de inscripción para acceder a los descuentos.

La medida fue recibida con gran rechazo, ya que muchos aseguran que el recorte pone en riesgo la salud de los jubilados, obligándolos a tomar decisiones difíciles sobre su bienestar. La propuesta de una «gestión planificada y eficiente», como la define PAMI, se enfrenta a la crítica de quienes consideran que la situación de vulnerabilidad económica de los jubilados debería ser atendida con mayor urgencia y sensibilidad, según Ámbito Financiero.