«Nos dio tres días más. Paró el desalojo», dijo López. El próximo lunes volverán a reunirse con los propietarios del terreno, con el juez Belén, con el secretario de Gobierno, Luciano Dell Ollio, quien estuvo esta mañana, y con los responsables de la Jefatura Departamental de Policía.

En ese encuentro, los vecinos plantearán la posibilidad de poder abonar una cuota. «Queremos ver que posibilidades tenemos para que esto se arregle», dijo el vecino. La cifra que manejan es $ 50.000 mensuales por cada familia. «Somos 650 familias las afectadas. Doscientas son las que están en juicio pero son 650 las afectadas», dijo. Incluso, sostuvo que son 18 hectáreas las que están bajo la picota pero en total son 48 hectáreas las que ocupan todas las familias.

López expresó que hace nueve años que viene luchando pero nunca pudieron llegar a lograr una resolución. Pero llegó el momento de que se termine el estado de incertidumbre que atraviesan los vecinos. «No podemos poner un clavo porque no sabemos si nos van a desalojar el día de mañana», sostuvo.

Los habitantes del barrio quieren que los dueños o, en su defecto, el municipio, se encargue de cobrarles una cuota para la compra del terreno. La iniciativa no es nueva. López dijo que ya se las habían ofrecido a los intendentes anteriores, Gustavo Bordet y Enrique Cresto. Pero nunca se preocuparon por la situación en la que se encontraban.

«Siempre con mentiras. Todos los gobiernos nos mintieron, que ‘ya está’, que esto, que lo otro, y siempre con mentiras. Y nosotros siempre carne de cañón en el medio. Había una elección, nosotros con la intimación y los políticos que venían y te cag.. a versos, ‘que si, que ya está’ y siempre quedaba en la nada», relató López. «Y ahora estamos en la última instancia».

Más adelante, el vecino sostuvo que los propietarios tienen derecho a exigir la plata, Pero, en su defensa, sostuvo que a ellos les mintieron. «Nos metimos por los políticos de turno. En la intendencia de Bordet nos dice ‘López vaya y métase ahí que nosotros vamos a expropiar ese terreno'».

«Más te digo, bajé la luz, el agua, hicimos la calle. Ese terreno valía dos pesos y los dueños tenían una organización entre ellos y nos dejaron urbanizar para meternos un juicio», recalcó. El vecino se preguntó por que motivo no les dijeron desde el primer minuto que no construyesen nada.

Por otra parte, el vecino dijo que si hubiera avanzado el desalojo, no estaba dispuesto a resistirse. «Yo no iba a hacer quilombo ya que soy un hombre grande. Tendría que planificar mi vida de nuevo que no se puede porque las cosas están carísimas», dijo. Pero no sostuvo lo mismo respecto de sus vecinos. «Se iban a resistir atándose a la casa, peleando, discutiendo. Mucha gente ha invertido mucho ahí. Son casas de material. Han rellenado lagunas. Eran charcos, pantanos. Si pasabas en esa época hubieras pisado una o dos víboras. Hicimos mucho esfuerzo y ahora nos encontramos con esto».

Proceso «delicado»

Conti sostuvo que el municipio se acercó en dos oportunidades. Y allí han manifestado, de acuerdo a las intenciones del intendente Francisco Azcué, que están tratando de conciliar entre las partes. Pero, hasta ahora, no arribaron a ninguna salida. «No me han comentado nada que haya algún tipo de acuerdo de palabra de que se puede llegar a suspender», dijo.

Aunque el mandamiento de desalojo se iba a concretar el próximo lunes, Conti sostuvo que en la práctica sacar a la calle a 200 familias implica la movilización de una gran magnitud de fuerzas dado que es probable que se encuentren con resistencia de parte de los vecinos. «No es algo fácil de concretar».

Semanas atrás, DIARIOJUNIO informó que el juez Belén, del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 2, había fijado la fecha para el desalojo de unas 200 familias en el Barrio Popular Pampa Soler, incluido dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Dicha orden, contraria a la Ley Nacional 27.453 de Integración Socio Urbana (ley que prohíbe los desalojos en barrios populares), motivó la presentación de apelaciones por parte de los abogados de los vecinos, así como la solicitud de intervención de diversos organismos que se presentaron espontáneamente para manifestar la arbitrariedad del lanzamiento ordenado. Estos destacaron que se trata de una medida de desalojo que va en contra de una ley de orden público.

Conti manifestó su deseo de que se puedan poner de acuerdo el abogado de los propietarios de los terrenos con la municipalidad para que se suspenda el desalojo. En ese sentido, enumeró varias herramientas disponibles para que se compense a los dueños de los terrenos. Una de ellas, es la expropiación inversa en la que los propietarios de los terrenos solicitan al Estado que lo indemnice. Otra está contemplada por la misma ley y sostuvo que puede ser empleada, ya que la característica de la barriada es la de ser un barrio popular, ya que las 200 familias no vinieron de un día para el otro, sino que se fueron asentando con el correr de los años.

Además, sostuvo que tanto el Ministerio Público Fiscal y la Defensa se manifestaron en contra del desalojo aunque ambos pronunciamientos no son vinculantes para el juez. De igual modo, remarcó que ambos son actores importantes en todo proceso judicial y hoy le están diciendo al juez que detenga todo, ya que hay una ley nacional que impide el desalojo de barrios populares,

Por otra parte, el letrado recordó que, durante el proceso, el juez había suspendido el desalojo, pero la parte actora apeló el fallo y la Cámara Civil le ordenó dictar una nueva resolución por una cuestión procesal defectuosa. De allí, Conti infirió que Belén dedujo que tenía que ordenar algo diferente a lo que había ordenado. «Hay cuestiones bastante raras, algo que se descompaginó procesalmente», sostuvo.

El abogado recordó que la ley fue sancionada en el Congreso en 2017, cuando gobernaba el expresidente Mauricio Macri. «No gobernaba Fidel Castro en esa época», dijo irónicamente. Conti dijo, al ser consultado, que no sabría determinar si la decisión del juez constituye una acción de prevaricato (dictar una resolución injusta contraria a la ley) y reitero que cree que se trata de un error de interpretación más que una mala praxis. «Estamos a tiempo de que sea subsanado», dijo.

«La angustia es terrible», sostuvo Conti por último en referencia a las familias. «Muchas herramientas no tengo para contener a los vecinos. Yo informo la realidad de lo que pasa como abogado», según dijo Conti a «Tarea Fina» (Radio Ciudadana)