Laquidara sostuvo que en su estudio ya habían iniciado juicios por la rotura de varios vehículos cuando transitaban por la Autovía al cruzar por encima de baches o “ahuellamientos”. “Está muy destruida la ruta”. A los pocos días que se inauguró el tramo, comenzaron los problemas. Laquidara sostuvo que la empresa que ganó la licitación “seguramente puso menos material como suele suceder en las obras públicas”. Por ello, tienen entre 15 y 20 juicios por daños y perjuicios por los automóviles averiados. El resultado de los percances varía entre cubiertas y llantas rotas, trenes delanteros dañados y hasta el frente de los automóviles averiados en los casos en que se fueron a la banquina.
Aunque el transito se desvió por el camino interno que atraviesa San Salvador, Laquidara dijo que la señalización está en mal estado. “El otro día vi a un camionero transitando por en medio del pasto porque no sabía por dónde ir, Es muy irresponsable lo que se hizo con ese tramo”.
Por tal motivo, se decidieron por una acción preventiva que existe en el derecho pero no se usa mucho como el recurso de amparo. “Se trata de una presentación de tipo colectivo ya que se suman varias personas afectadas por el mismo interés que es el de transitar por allí sin poner en riesgo su vida”, indicó.
La demanda apunta a Vialidad Nacional donde se le exhorta a que cumpla con la obligación que tiene el Estado Nacional de preservar la vida de los ciudadanos mediante una circulación vial segura como la de mantener los bienes del Estado en buenas condiciones asegurando el libre tránsito por todo el país cómo establece la Constitución Nacional.
El letrado sostuvo que un antecedente similar se dio hace pocos meses en Río Negro donde se presentó un amparo colectivo y se ganó. En julio pasado, el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, a cargo de Gustavo Villanueva, aceptó el amparo colectivo al considerar que el estado de la Ruta Nacional 40 en el tramo que une a las dos ciudades turísticas de Bariloche y El Bolsón se encontraba en estado de abandono, razón por la cual ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) su reparación.
La causa se originó tras la interposición de un amparo colectivo que realizaron: 1) el Fiscal del Estado de Río Negro, 2) la Defensoría del Pueblo, 3) el Concejo Deliberante de El Bolsón, 4 y 5) la Cámara de Turismo y la Comercial Industrial y Agropecuaria Regional, 6) la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Bolsón y 7) un particular en calidad de ciudadano de la provincia y senador nacional. Aunque sólo se tuvieron por parte a los números 1, 2, 4 y 5, en representación de los ciudadanos de Río Negro, y particularmente, del sector turístico y empresario, se señaló en el sitio palabrasdelderecho.com.ar.
Laquidara sostuvo que en esa provincia fueron las fuerzas vivas de la provincia las que se presentaron. Pero en Concordia no hubo expresiones de ninguna naturaleza de las autoridades provinciales, ni locales, ni siquiera del Concejo Deliberante. Laquidara sostuvo que en el caso de Concordia, priman los intereses políticos. “A veces la seguridad de los entrerrianos, el derecho a la salud y a la vida a veces conviene dejarlos tapados para obtener resultados por otro lugar que deben ser más rentables a nivel provincia, no estoy hablando de acusaciones individuales”, indicó.
“Además, de abogado yo figuró ahí como un simple ciudadano que viajo por razones laborales a Paraná pero la defensa la debería hacer el gobernador, el intendente de de la ciudad de Concordia van a tener más peso que la de un ciudadano triste y común como soy yo”, sostuvo.
Respecto del tiempo que puede llevar la tramitación, Laquidara remarcó que el Juzgado Federal de Concordia tiene tiempos más extensos para pronunciarse ya que tiene poco más de tres años de existencia, a diferencia del de Concepción del Uruguay con más de tres décadas de funcionamiento. “Viene un poco demorado”, indicó. Usualmente, sostuvo que tarda dos meses pero en este caso estimó que demorará el doble.
En cuanto a la decisión que adoptará el Juzgado, sostuvo que al tratarse de jurisdicción federal, sostuvo que en general suelen inclinarse más en favor del Estado nacional que el de un ciudadano entrerriano de la “recóndita ciudad de Concordia”. “No sé lo que puede pasar”, indicó.
Laquidara dijo que la falta de reparación por falta de presupuesto, teniendo en cuenta la decisión del gobierno nacional de frenar la obra pública, no puede ser un argumento legal válido por encima del derecho a la vida y a la salud de las personas que transitan por allí. “Si usted tiene que derivar a una persona enferma en ambulancia hasta Paraná, no sé cómo llega, si llega”.
El recurso fue suscripto por tres personas de Concordia a las que se fueron sumando otras de Chajarí, San Salvador y hasta de Paraná. Laquidara sostuvo que las autoridades de Turismo y de Producción deberían ser las más interesadas en que se subsanen los inconvenientes en la Autovía ya que muchos camiones la recorren diariamente.
Por último, apuntó contra la pasividad de los ciudadanos, Laquidara dio a conocer sus intenciones de presentar un recurso de amparo en una página de las redes sociales donde suelen darse a conocer noticias policiales (Asec Concordia). Cerca de 400 lectores se manifestaron interesados en suscribirse. Pero solo tres personas realmente se presentaron en el expediente. “Hay culpas compartidas”.
