En este presente libertario, de ajuste criminal y desregulación, se produce un desfasaje en la distribución de la riqueza. La primera cosecha en la era Milei expone resultados aterradores y vislumbra un futuro plagado de incertidumbre. Los productores enfrentan una debacle que recuerda una de las peores crisis históricas del sector. Apenas asumido el gobierno del mileísmo, un gigantesco Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) –producto de la corrupción generalizada desde el punto de vista legislativo– despojó al Instituto Nacional de la Yerba Mate de su potestad de fijar precios mínimos para la «hoja verde». En el primer semestre de este año, las importaciones se cuadruplicaron en comparación con el mismo período de 2023.

En Misiones, donde se planta el 90 % de la yerba argentina, incluso aquellos colonos que el año pasado agitaban banderas libertarias con la esperanza de dolarizar su producción, hoy reconocen los efectos devastadores del libre mercado impiadoso, donde impera el darwinismo económico. Muchos de ellos ahora protestan en las rutas, buscando soluciones de gobernantes con «hipoacusia política».

En la amplia jerga de la producción de la yerba mate, la «ponchada» es el sustantivo que designa el retazo de arpillera sobre el cual los tareferos (cosecheros manuales) depositan los gajos cortados de hoja verde. La ponchada se cierra uniendo sus cuatro extremos y luego se carga en camiones para su traslado al secadero, donde comienza el fantástico proceso que transformará esas toneladas de hojas en un producto consumido en el 95 % de los hogares argentinos: ¡el mate! (Salvo el perro, no hay un compañero como él).

Por ejemplo, en el yerbal ubicado en la localidad de Azara, la zafra gruesa comienza en abril y llega a su fin el primer domingo de octubre. Misiones tiene muchas colonias de origen europeo que llegaron al principio del siglo XX. En la provincia existen 17.000 tareferos, quienes están convencidos de que el próximo año traerá tiempos muy difíciles de soportar. En la primera cosecha del gobierno de Milei, no hay nada que celebrar.

El colono Kliniuk admite haberlo votado, pero ahora se arrepiente y dice: «En este mes de diciembre, los productores pedíamos $500 el kilo de hoja verde. Al terminar la cosecha, nos pagaron $300».

Algunos números hablan por sí solos de la magnitud de la crisis que se avecina: el consumo interno de yerba mate entre enero y octubre de este año alcanzó los 215.331.111 kilos, el nivel más bajo desde 2016. La exportación, por el contrario, está en su volumen más alto desde 2019.

La situación tiene su origen, como mencionábamos al principio, en el DNU 70/23, publicado el 20 de diciembre de 2023, que derogó artículos de la Ley 25.564. Esta ley establecía el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate, incluyendo la realización de acuerdos semestrales entre los distintos sectores para la fijación del precio de la materia prima, es decir, de la hoja verde. El desplome del precio resultó brutal. Ante la ausencia de un precio mínimo de referencia, el sector quedó sometido al precio que desee pagar el eslabón más poderoso de la cadena: la industria molinera.

Actualmente, el productor, que es quien pone el esfuerzo, se lleva menos del 8 % del precio en góndola. Además, enfrenta una competencia desleal con Paraguay y Brasil en lo que respecta a la conquista del mercado externo.

En los últimos días de septiembre, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado –y autor intelectual del nefasto DNU 70/23– celebró la caída del precio de la «hoja verde» y de la yerba mate al consumidor en el canal La Nación Más, acompañado por el periodista más funcional al gobierno, Luis Majul.

Una de las respuestas más elocuentes provino del productor y exdiputado nacional Héctor Bárbaro, fundador del Partido Agrario y Social, quien expresó literalmente: «Hay que ser HDP realmente para salir a festejar la angustia, la desgracia y la destrucción de los productores yerbateros. No tienen idea del daño que están causando a los mismos colonos que los votaron y hoy se quieren morir».

Peor aún, las importaciones de yerba mate canchada y excluida (molida, lista para envasar) alcanzaron los 7,8 millones de kilos, un 394 % más que en el mismo período de 2023. El año pasado, el kilo se vendía a $380; hoy apenas ronda los $240.

El 70 % de la yerba importada por la industria corresponde a empresas como Las Marías (Taragüi, La Merced, Amanecer), Amanda y otras.

El perjuicio para los productores es evidente: mientras ingresan materia prima a un promedio de US$1,2 por kilo, la yerba canchada que se compra en los secaderos se paga $1.800. Así, los industriales reponen stock a precios bajos, pagando menos a los productores por la hoja verde y estirando los plazos de pago, generándoles un fuerte perjuicio.

Hugo Sand, uno de los rostros visibles del histórico «Tractorazo» de 2001, recuerda cómo muchos pequeños productores vendieron sus chacras a precios ínfimos a empresas forestales debido a la desregulación del mercado del neoliberalismo. Hoy, la historia parece repetirse, y los argentinos tienen la memoria congelada.

Todavía no se concreta la promesa de Carlos Rovira, exgobernador y vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, acerca de la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate. Sin embargo, persisten dudas sobre la intervención de un gobierno provincial que se prestó a la firma del Pacto de Mayo con Milei, enviando a sus legisladores a ser funcionales al gobierno en sus principales batallas.

En este contexto, 45 representantes del sector yerbatero se manifestaron en Plaza de Mayo. Fueron recibidos por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta Vasco, quien les prometió «analizar la problemática y evaluar las herramientas disponibles». Una respuesta de manual que evidencia la falta de autonomía de los funcionarios de este gobierno.

Habrá que secar la yerba al sol y agachar la cabeza. Total, somos campeones del mundo. ¡Y eso parece que realmente importa! Estamos como estamos porque somos como somos.