Es muy doloroso este cuadro y se repite casi en todas las cuadras de la Capital». «No me gusta esta libertad», remató. El explosivo aumento del número de personas en situación de calle en los últimos meses es inocultable. “Es muy claro, muy evidente”, confirma Horacio Avila, de la organización Proyecto 7, que trabaja en la problemática desde hace casi 20 años. “Anticipamos que esto iba a pasar en el comienzo del gobierno de Milei, cuando firmó el DNU que desreguló los alquileres. El aumento de todos los precios, el agravamiento de la pobreza y de la indigencia está teniendo estas consecuencias”, describió.

Avila cuenta que en su mayoría, los que quedan en la calle son personas que venían de trabajar en negro, en un momento en que el Gobierno propicia la eliminación de las más mínimas protecciones laborales. “Por ejemplo el que trabaja en un lavadero de autos en cuanto cae la demanda listo, le dicen que se terminó”, dijo. «También las changas, los rebusques por cuenta propia, están afectadas por la baja en el consumo», agregó.

Como ocurre desde siempre, la Ciudad de Buenos Aires suma a sus sin techo propios los que llegan desde la Provincia de Buenos Aires y el interior del país por una cuestión de supervivencia. Tienen la expectativa de que en la Capital pueden llegar a conseguir lo más básico, un trabajo, una ducha o un plato de comida.

Suhring dice que “siempre hubo gente que para en la vereda de la librería”. “Yo trato de asistirlos, pero esta vez la situación me sobrepasó”, relató.

Según datos oficiales del propio Ejecutivo porteño, revelados en su momento por la vicejefa Clara Muzzio, a noviembre del año pasado la cantidad de personas en situación de calle había crecido en un 35 por ciento respecto del mismo mes de 2023. Ese último censo –el más acutalizado– contó 4.416 total personas sin techo en total: unas 3.166 dentro de los paradores y otros 1.250 en «calle efectiva».

Esos números, de todos modos, son cuestionados por las organizaciones sociales, que estiman que con por lo menos el triple. «Son mínimo 12 mil personas», dijo Ávila, y adelantó que este año habrá un nuevo «Censo Popular», que en 2019 –último registro– ya había contado más de 7 mil.

El problema excede los límites de la General Paz, pese a que Capital Federal es el epicentro. Otros datos lo confirman, como el relevamiento que realizó el Renacalle (registro similar al Renabap, de los barrios populares) a nivel nacional, que en 2023 detectó más de 500 personas sin techo en Santa Fe Capital, más de 150 en Paraná, Entre Ríos, y casi 200 en San Salvador de Jujuy, entre otras ciudades importantes del país. Aquel censo reveló que el  88.3% de las personas en calle eran adultos, mientras que el 11.7% son niños/as y adolescentes. Un 15.3% son mujer, y el 0.5% como personas trans y travestis. La franja etaria más numerosa fue de 30 a 39 años, seguida por las de 18 a 29 años y 40 a 49 años.

«No nos extraña que esto ocurra, no sólo por la crisis económica y social que sacude a todo el país», dijeron desde la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle (APDPSC). «En el último tiempo, se ha empezado a ver de nuevo más niñas, niños y adolescentes en situación de calle solxs, sin adulto referente», agregaron.

La voz de la calle

Los alrededores de Zivals están repletos de «ranchadas» y gente suelta que se las rebusca para sobrevivir en el peor de los mundos. Rubén tiene 30 años, está en calle hace seis meses. Llegó desde Rosario. «Lo que tiene Buenos Aires es que siempre algo para comer ligas», le dice a Página12. A pocas cuadras de distancia, Lucas, de 36, cuenta que se mudó desde Lugano al centro escapando de problemas familiares y de adicciones. Junta cartones y come tres veces a la semana en el comedor de la UTEP de Constitución. Después, le pide sobras a los comerciantes de la zona del microcentro. «Está jodido volver a conseguir una changa», dice, él que es albañil y está acostado sobre su mochila en la esquina de Uruguay y Corrientes.

«Nunca ví tanta gente nueva en la calle que llega todos los días como ahora», sintetiza Carlos, que tiene varios años en calle, casi una década. Sabe de rebusques como pocos. Antes, vivía en Avellaneda, pero ya no tiene ganas de volver. Andrés, uno de los mozos de La Giralda, confirma: «Los fines de semana explota de gente en calle, que viene a pedir, jamás vi nada igual, la crisis está pegando mucho», sostiene.

Repercusiones

«Me llamaron enseguida del gobierno porteño, me llamó Gabriel Mraida, el ministro de desarrollo social porteño. Me dijeron que iban a acercarse, les dije que estaría bueno que al menos les acerquen un vaso de agua, que hagan su trabajo», agregó.

En su posteo apuntó contra las políticas libertarias y el adormecimiento social. “En las redes me mataron, me han dicho de todo, pero yo solo quería visibilizar un poco esto, que es tremendo. La grieta me tiene harto. No niego que esto no pasara antes, que haya gente en calle, pero nunca como ahora”.

Brian González es referente de un centro barrial de Vientos de Libertad (MTE) en Once. Su impresión coincide con la de Avila. “Tenemos centros en Once, en Parque Patricios, Retiro, Chacarita y Barracas y en todos durante enero recibimos a mucha más gente. En los centros tenemos psicólogos y mecanismos para ayudar a los compañeros que llegan, que no dan abasto. Vemos que estamos llegando al límite. En Once hacemos también una olla popular, y en menos de un mes pasamos de 300 personas a 500”.

¿Cómo se quedaron en la calle los que llegan? González dice que “muchos son compañeros que podían ganar algo como cartoneros y con eso pagar el alquiler, pero con la caída del precio del cartón ya no les alcanza. También hay vendedores ambulantes a los que en la Ciudad ya no los dejan trabajar, personas que incluso tenían conveniados galpones. La caída del trabajo se da en muchos frentes. Los compañeros que trabajan como albañiles, por ejemplo, los días que no tienen obra juntaban unos pesos con la venta ambulante, pero hoy no tienen obra ni la posibilidad de vender en la calle”.

Como un hecho paradójico, la ley nacional sobre personas en situación de calle sancionada hace tres años todavía no fue reglamentada por completo. Esta norma prevé la creación de una red nacional de centros de integración social, que funcione las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año.

“La ley está vigente pero se reglamentó a medias y tiene una implementación cero, ni siquiera le fue asignado un presupuesto”, denuncia Avila. Su puesta en práctica depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que este invierno retuvo 75 mil frazadas en los depósitos de Desarrollo Social. La ministra se negó a distribuirlas hasta que la justicia se lo ordenó, por un pedido de amparo que presentó Proyecto 7.

“La ley nacional es una letra muerta con un gobierno al que no le importa que haya gente viviendo en la calle”, concluye Avila. Es un gobierno que mientras genera el aumento de la pobreza, le quita a los comedores los alimentos, deja a los enfermos de cáncer sin medicación oncológica y avanza contra los derechos sociales. ¿Qué expectativas se pueden tener en que le interese cumplir con la ley?”.