Según el proyecto de ley presentado por la Senadora Patricia Díaz, la disolución del EPRE evitaría la superposición de funciones y reduciría el costo administrativo, beneficiando con ello a los usuarios mediante la eliminación de una tasa que actualmente se traslada a las facturas de electricidad. «Pido a mis pares el acompañamiento para que a través de esta norma se elimine este ente tan costoso», solicitó la legisladora.

«El EPRE fue creado en 1995 para regular y fiscalizar el servicio eléctrico cuando la empresa distribuidora estaba en manos privadas. Sin embargo, tras la estatización del servicio con la creación de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA), el rol del ente regulador ha quedado en entredicho», argumenta la legisladora, y agrega: «El EPRE se encuentra intervenido y sin normalizar su estructura desde hace años. La Secretaría de Energía ya cumple con tareas de regulación, por lo que absorber sus funciones evitaría redundancias y optimizaría la administración pública».

Otro de los fundamentos que destaca el proyecto es el impacto económico y tarifario, que resultaría de la disolución del organismo: «El EPRE se financia mediante una tasa del 1,8% sobre la facturación de los usuarios, lo que significa que su existencia representa un costo directo para los consumidores. La eliminación de esta tasa implicaría una reducción en el precio final del servicio eléctrico, aliviando el impacto de aumentos tarifarios», sostiene. Además, la disolución del EPRE «evitaría el pago de altos sueldos y dietas de sus directores y funcionarios, generando un ahorro significativo para la provincia».

Respecto a la reubicación del personal y recursos del ente, el proyecto de ley presentado por la legisladora de Más por Entre Ríos «garantiza» que ningún trabajador perderá su empleo, ya que será reubicado en la Secretaría de Energía o en otras áreas del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Asimismo, «los bienes y activos serán transferidos a la Secretaría de Energía, asegurando su utilización para la regulación y control del servicio sin necesidad de sostener una estructura innecesaria».

En cuanto al marco Legal, se indica que «la supresión del EPRE requiere la modificación de la Ley Provincial Nº 8.916, eliminando todas las disposiciones que establecen su existencia y funciones. Al mismo tiempo, se debe otorgar a la Secretaría de Energía las competencias regulatorias necesarias para asumir su rol».

En conclusión, resume la iniciativa, «la eliminación del EPRE no implica desregular el sector eléctrico, sino que busca optimizar su control y reducir costos administrativos innecesarios. La Secretaría de Energía asumirá plenamente la regulación, garantizando una gestión más eficiente y transparente».