Abogados en guerra: El CAER repudió a Cúneo Libarona por su apoyo a que sucesiones y divorcios se realicen mediante escribanos

Las expresiones del Ministro de Justicia de la Nación fueron durante la inauguración de la 45° Convención Notarial, en la que afirmó: «Y ustedes, ojalá, necesariamente deben intervenir en otros actos jurídicos, como los que propone el Gobierno: divorcios y sucesiones, para ahorrarle dinero a la gente y facilitarle trámites en la vida”.

En ese sentido, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos afirmó mediante un comunicado oficial que «en relación a las expresiones vertidas en el último tiempo por parte del Ministro de Justicia de la Nación en claro apoyo y defensa de las Sucesiones Notariales y Divorcios Administrativos, el C.A.E.R. manifiesta su expresa oposición y rechazo al proyecto impulsado por el gobierno nacional que no solo constituye un avasallamiento a las incumbencias profesionales de la abogacía argentina sino que ello impactará directamente en los derechos y obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país»

Alli mismo, sostuvo que: «El traspaso de competencias reservadas al Poder Judicial, único órgano del Estado con la capacidad de otorgar a sus decisiones carácter definitivo y efecto de cosa juzgada, comprometería no solo el debido proceso, el cual asegura que las decisiones de las partes involucradas se ajusten a derecho, sino que también pondría en riesgo la seguridad jurídica de terceros. Este es un valor fundamental para la sociedad, que necesita certeza sobre las situaciones derivadas de dichos procesos administrativos que, al carecer de efecto de cosa juzgada, no serían definitivos».

«Desde su sanción en 1853, la Constitución Argentina establece que para que una decisión sea definitiva, irrevocable y revestida de cosa juzgada, debe ser tomada por un juez del Poder Judicial, con el asesoramiento previo de un/a abogado/a y ofreciendo a las partes la oportunidad de ejercer su derecho de defensa mediante la presentación de pruebas. De lo contrario, no existirán ni debido proceso, ni decisiones definitivas, ni cosa juzgada», recordaron.

Y remarcaron: «La exigencia del trámite judicial en los procesos voluntarios no busca únicamente la participación de abogados/as, sino que se fundamenta en garantías constitucionales. Estas garantías aseguran que toda decisión judicial con consecuencias sobre bienes o estados de familia, especialmente aquellas que puedan afectar derechos de menores, sea definitiva y esté amparada por la autoridad judicial».

Por último, insistió el CAER, «las decisiones tomadas en el marco de sucesiones notariales y divorcios administrativos no tendrán carácter definitivo ni efecto de cosa juzgada, lo que incrementaría la inseguridad jurídica por no contar con una resolución final e irrevocable que solo el Poder Judicial puede garantizar».

Otros rechazos

Vale recordar que la Ley de Bases proponía un “régimen sobre procesos sucesorios no contenciosos”, es decir, la posibilidad de tramitar los procesos sucesorios ante escribano público en aquellos casos en los que no existan controversias entre ellos. Esta iniciativa finalmente no fue incluida en el texto aprobado por el Congreso.

Con las nuevas declaraciones del titular de la cartera de Justicia, se reavivó la polémica que parecía zanjada tras la sanción de la normativa y la exclusión del tema. En un comunicado publicado por DiarioJudicial, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), presidido por Ricardo Gil Lavedra, reiteró su rechazo a las sucesiones notariales y a los divorcios administrativos.

A su vez, la Federación Argentina de Colegios de Abogados manifestó su preocupación por las expresiones del Ministro y solicitó «reflexión y prudencia en temas sensibles que atraviesan la vida cotidiana de los argentinos y argentinas». A esta postura también adhirió el Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial del Chaco.

A estos dichos se sumó la Caja de la Abogacía de la provincia de Buenos Aires, a través de su presidente Fabián Gerardo Portillo, quien también se opuso a la propuesta. “Rechazamos el atropello total de nuestras incumbencias profesionales y no vamos a permitir que avancen contra ellas”, dijo el titular de la entidad y agregó: “Las sucesiones y los divorcios, entre otros procesos, no tienen por qué salir de nuestras incumbencias y vamos a trabajar de manera enfática para defenderlas. Es la única manera de otorgarle a la sociedad la seguridad jurídica requerida para estos actos”.