Dos jueces consecutivos, la Universidad de La Plata y la Suprema Corte condenaron el Barrio Náutico, pero vivimos la era de la posverdad

Lo que esta ocurriendo en Gualeguaychú es un pequeño pero clarísimo ejemplo del poder de los intereses económicos que están destruyendo nuestra civilización, cuando aplican el peso aplastante de millones de ¿dólares? ¿Pesos? Ud. elija; para imponer su codicia insaciable, aunque se lleven puestos en el camino multitudes de personas y, como en este caso, familias que ven destruidos sus pequeños patrimonios y medios de vida que pasan a alimentar la hoguera en la que cocinan sus apetitos económicos irrefrenables.

Los hechos:
Un enorme humedal, de mas de 120 hectáreas, ubicado justo antes de la ciudad de Gualeguaychú recibía el caudal del río cuando crecía, justo antes de una curva de más de 300 grados, absorbiendo como una gigantesca esponja el primer impacto de las aguas y además y quizás tan o mas importante, ralentizando su avance, permitiendo de este modo la actuación de los pobladores locales, pero sobre todo del municipio, activando alertas tempranas para evacuar a las víctimas y sus enseres más valiosos, protegiéndolos del poder destructivo de las aguas.

Pero, como tantas veces ocurre en las ciudades ribereñas, ‘inversores’ vieron que, si rellenaban el humedal y lo loteaban, iban a multiplicar centenares de veces su inversión. ¿Qué eso iba a magnificar el impacto de las crecientes en la ciudad? No era problema de ellos.

El proyecto, rápidamente advertido en sus consecuencias por los locales con experiencia comenzó entonces a transitar simultáneamente dos caminos: 
Primero, el de las autorizaciones de burocracia gubernamental, donde los ‘inversores’ iban presentando expedientes que eran rápidamente aprobados por los burócratas, léase, el entonces Secretario de Ambiente de la provincia, Fernando Raffo, y luego, por el gobernador, Gustavo Bordet, y sus ministros y secretarios, e incluso el inefable ‘Fiscal de Estado’ (SIC) Julio Rodríguez Signes; quienes lo iban autorizando rápida y más que sospechosamente, sin mediar ningún estudio ni consideración técnica responsable.

El otro camino, el segundo, fue el legal, donde los actores civiles iban presentando las demandas para frenar el insano proyecto. Y ahí comenzó la verdadera historia, porque dos jueces de Gualeguaychú, Leonardo Portela, hoy presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y, el hoy retirado, Marcelo Arnolfi, hicieron lo que había que hacer: consultar a los que saben y se solicitó a los científicos del área de la Universidad Nacional de La Plata, un estudio riguroso del tema. La U.N. de L.P. emitió un fallo lapidario contra el proyecto, dictaminando que si se concretaba iba a ocurrir exactamente lo que está ocurriendo en estos días, que las consecuencias de los terraplenes y diques iban a magnificar el efecto de las crecientes en la ciudad.

Los ‘inversores’, envalentonados por la ’contención emociona’ que recibían por parte de los funcionarios del gobierno, apelaron los fallos ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y lograron un inédito y más que escandalosos fallo a favor, lo que en su momento fue un escándalo, porque los jueces que lo integraban, sin tomar en cuenta los estudios científicos, le dieron autorización para seguir destruyendo el humedal a los ‘inversores’ (SIC).

Entonces ocurrió lo que probablemente sea el capítulo más escandaloso de la historia, porque los demandantes elevaron las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién no solo revirtió el escandaloso fallo del STJER. Sino que lo humilló (la SCJN al STJER) públicamente por su falta de seriedad y fundamente. Inaugurando, incluso dos nuevos institutos jurídicos ‘in dúbito pro natura’ y ‘dúbito pro aqua’. Que significan que los bienes jurídicos a proteger son la naturaleza y el agua, frente a cualquier otro que los afecte.

Amarras no inventó las crecientes
Por supuesto que Amarras no inventó las crecientes, nadie lo afirma, de hecho, el problema de Gualeguaychú es común al de la mayoría de las ciudades costeras, que se expanden en las áreas de inundación de los cursos de agua próximos, por la sencilla razón de que el agua es el elemento primordial para la vida humana. Pero, por esta vecindad, los humanos han tenido que pagar el alto costo de las consecuencias de las crecidas. Y han debido invertir en la creación de barreras y protecciones, tal, y solo a modo de ejemplo, la costanera de la ciudad de Gualeguaychú, que fue erigida hace casi un siglo a ese efecto.

Pero con el avance del capitalismo salvaje, la historia comenzó una nueva etapa: la de los especuladores inmobiliarios y los terrenos cercanos al agua, que, elevados en su cota, pasaban a tener valores siderales. Y esto es lo que ocurre con Amarras.

Pero entonces llegaron los negadores del Estado al poder y……

Y la tortilla de repente se dio vuelta, y el mayor promotor del barrio náutico, el entonces intendente del distrito donde está alojado, Pueblo Belgrano, Mauricio Davico, llegó a la intendencia del distrito damnificado, Gualeguaychú, y comenzó la parte más dramática de la historia.

Tal lo ha manifestado reiteradamente con sus declaraciones y su acompañamiento personal, Davico adhiere firmemente a la idea del actual presidente de la Nación (y su hermana) que el Estado debe desaparecer de la vida comunitaria y hay que dejar actuar los intereses económicos privados, que nos llevaran hacia la felicidad eterna. Y así nos fue.

Una lluvia que en otras circunstancias hubiera sido preocupante y hubiera provocado anegamiento en la ciudad, tuvo dos condimentos novedosos y letales: el primero que la presencia del dique de Amarras, proyectó como un boomerang el agua sobre la ciudad, con una velocidad desconocida hasta el presente. Y la segunda la desaparición del estado municipal protegiendo y previniendo a los locales, como era la norma hasta la llegada de los ‘libertarios’ a la comuna.

Y el organismo que se encargaba de la prevención y anticipación de las crecientes, Defensa Civil municipal, estaba, tal lo aclaró Davico: “cerrado por enfermedad” . Y los ciudadanos locales, acostumbrados a comunicarse con las autoridades de Defensa Civil, para obtener información primero y medios de evacuación después, se encontraron conque nadie atendía ni respondía sus llamadas. Y no lo decimos nosotros, las noticias están en los medios de Gualeguaychú:

Diario El Argentino: “… Defensa Civil no atendía y cuando llamamos a Prefectura, nos dijeron (literal) ‘no tenemos ni idea’ y cuando mi mujer les preguntó a quien había que llamar, le contestaron (Prefectura) ‘menos idea tenemos de a quién hay que llamar’(SIC).

Una Miscelánea:
A esta hora resulta hasta risueño: Un funcionario de Frigerio, el abogado Osvaldo Fernández, integrado a la Secretaría de Ambiente. Un individuo con un excelso ‘don de ubicuidad’ (según la RAE: Actividad y diligencia de algunas personas que parece que las permite atender a muchos asuntos y en diferentes partes a la vez.) y nosotros le agregamos: siempre que haya emolumentos pecuniarios de por medio. Retomando, un ex ‘ambientalista’ (SIC) ahora con la camiseta de la libertad, días pasados, antes del meteoro, salió a anticipar por la prensa que, la provincia iba a propiciar un “dialogo entre las partes” (recontra SIC) en el tema Amarras, sin especificar cuales son “las partes”, aunque no hay que ser demasiado suspicaz par deducir que las partes son los especuladores inmobiliarios y Davico, hoy intendente de Gualeguaychú. Verdaderamente De-so-pi-lan-te, sobre todo viniendo de un profesional de la justicia que conoce que los Fallos de la Suprema Corte son inapelables y mucho menos anulables por ‘diálogos entre las partes’

En fin, como decíamos al principio, estamos viviendo la era de la posverdad. Y los nuevos escenarios sociales que se están inaugurando son mucho más que atemorizantes.