De acuerdo a un escrito al que accedió Ámbito, el sindicato que conduce Rodolfo Aguiar denunció ante la Justicia Nacional del Trabajo la ilegalidad de la implementación de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002).
El gremio asegura que su aplicación afecta el derecho de estabilidad en el empleo público dado que se permiten los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional. “La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, aseguró Aguiar.
La aprobación definitiva del megaproyecto habilita al oficialismo a pasar a disponibilidad a un total de 125.000 trabajadores, según estimaron fuentes oficiales a este medio, quienes eventualmente podrían ser despedidos. Se trata de aquellos que actualmente forman parte de la planta permanente del Estado. El nuevo marco establece que un empleado puede entrar en el régimen si el organismo supera la “dotación óptima necesaria” de personal.
«El pase a disponibilidad automática, con la merma salarial que conlleva, la pérdida de derechos derivados de la relación laboral de empleo público, genera a los trabajadores y trabajadoras afectados un perjuicio grave e irreparable en virtud de que los mismos se ven privados de su trabajo y de sus ingresos, encontrándose imposibilitados de procurar el sustento de sus familias», denunció ATE en la presentación.
