En la entrevista brindada al programa «A quien Corresponda» de Radio Plaza 94.7, Fernando Cañete se refirió a las diversas acusaciones vertidas por las nuevas autoridades y la comisión fiscalizadora, entre ellas, las discrepancias en relación las cifras del déficit económico del organismo que él había informado y la que los interventores dijeron encontrar.

Mientras que el actual interventor, Mariano Gallegos, afirmó que existe un rojo mensual de 3.000 millones de pesos, Cañete sostuvo que las cifras no coinciden con los informes que manejaba su gestión. “A septiembre había un déficit acumulado de 19.000 millones de pesos”, aseguró, y subrayó que esa cifra fue comunicada en reiteradas oportunidades. Asimismo, detalló que el déficit mensual entre enero y septiembre de 2023 fue variable: en enero la obra social cerró con un déficit de 2.354 millones, en febrero 412 millones y en marzo 2.262 millones. Aclaró que a partir de septiembre no se generó información contable con la misma frecuencia.

En ese sentido, el ex director rechazó que el desequilibrio financiero fuera producto de una mala administración y responsabilizó al cambio del gobierno nacional en diciembre de 2023 , “la mega devaluación del 122%” que, según dijo, licuó los recursos del organismo, y al “exorbitante incremento de medicamentos que ocurrió a partir de diciembre del 2023 hasta abril o mayo”.

Salario y acusaciones por doble sueldo

Otro punto cuestionado por la actual intervención fue el salario de Cañete, a quien se le atribuyó un ingreso de 16 millones de pesos mensuales. Sobre ello, el ex presidente del IOSPER negó la existencia de un doble sueldo y aseguró que cobrara como presidente «7.800.000 pesos”. Según explicó, la confusión podría haberse generado por la suma del sueldo básico con ítems como antigüedad y los descuentos impositivos. También aludió a una disposición de octubre de 2024 mediante la cual se resolvió liquidar parcialmente los sueldos del directorio por dificultades financieras. Además, mencionó una resolución posterior, de noviembre de 2024, que suspendía los aumentos salariales a partir de junio del mismo año.

La polémica por las prótesis

Uno de los cuestionamientos contra la gestión de Cañete es la denuncia de mas de 1000 prótesis pagadas pero no entregadas. Sobre ello,  el ex funcionario consideró esa acusación “tan burda que no merece calificación alguna”. no obstante, explicó que el IOSPER tenía un convenio con Aposier (Asociación de Prótesis y Osteosíntesis de Entre Ríos), y que el procedimiento de solicitud y entrega estaba claramente estipulado. “Si hubiéramos tenido 1.044 prótesis sin entregar, le puedo asegurar que nos prenden fuego la Casa Central”

Sobreprecios en medicamentos y convenios con proveedores

En relación a los presuntos sobreprecios en medicamentos, Cañete reiteró que su gestión se aseguraba de que los precios estuvieran «por debajo del precio venta público, lo que comúnmente se denomina PVP». Mostró resoluciones con descuentos en medicamentos de alto costo y sugirió que estas acusaciones podrían tener intenciones de favorecer a ciertos actores en futuras contrataciones.

Respecto al convenio de prótesis con Asociación de Proveedores de Ortopedia, Cirugía e Insumos de Entre Ríos (Apocier), afirmó: «Quién estaba dentro de Apocier a mí particularmente no me interesaba. Yo firmé con Apocier».

Respuesta a otras irregularidades denunciadas por la intervención
Sobre el cuestionamiento del uso de vehículos para trasladar a un miembro del directorio a Corrientes, Cañete confirmó que se trató del gerente prestacional y que «eso está en una resolución, o sea, nuestras acciones estaban todas avaladas por resoluciones del directorio».

En cuanto a los supuestos pagos a empleados fuera del país, Cañete desafió a la intervención a presentar pruebas, asegurando que «yo le digo a quien haya hecho el informe que presente a ver qué empleado tuvo o tiene domicilio fuera del país y que haya estado trabajando en la obra social. Le puedo asegurar por lo menos que yo tenga conocimiento. No hubo uno». Admitió una situación particular de una «ingeniera, ingeniera en informática», su sobrina, que trabajaba de forma remota y ocasionalmente viajaba al exterior.

Respecto a los oficios sin contestar al Tribunal de Cuentas, Cañete afirmó: «Hace 14 años que yo estaba en el IOSPER. Desde que yo ingresé había una oficina con un contador del Tribunal de Cuentas. Siempre lo hubo». Negó haber dado órdenes de no responder y mencionó algunos expedientes que quedaron pendientes en las gerencias al momento de su salida.

Consultado sobre si había recibido alguna notificación judicial, Cañete respondió que «hasta el momento no», pero que ya contaba con un abogado para cualquier eventualidad.

Finalmente, Cañete comentó sobre el destino de las denuncias, señalando que fueron elevadas al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado, y que se estaría creando una comisión especial para analizarlas administrativamente.