El veto a la Ley de Financiamiento Universitario fue respaldado en la Cámara de Diputados con 160 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones. El proyecto, que había sido aprobado por ambas Cámaras del Congreso y luego vetado por el Presidente, tenía como objetivo aumentar los fondos destinados a las universidades nacionales para asegurar su funcionamiento y ajustar los sueldos tanto de docentes como de personal no docente.
La sesión en la Cámara Baja comenzó poco después de las 11 de la mañana, con la asistencia de 145 legisladores, y el debate se prolongó por más de cuatro horas. Los votos afirmativos buscaron mantener la sanción de la ley, mientras que los votos en contra apoyaron el veto presidencial. Para mantener la vigencia de la ley, se requerían dos tercios de los votos.
Al mismo tiempo, organizaciones estudiantiles y de izquierda se manifestaron frente al Congreso Nacional en apoyo al rechazo del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. En medio de un fuerte operativo de seguridad, se dispuso el cierre de calles en la zona. Previamente, estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras y Psicología de la UBA decidieron en asambleas la ocupación de las sedes por 48 horas.
Por otro lado, los sindicatos universitarios rechazaron el aumento salarial del 6,8 por ciento propuesto por el Ministerio de Capital Humano, calificándolo de insuficiente, aunque la Casa Rosada anunció que el aumento se implementará por decreto.
Cómo votaron los diputados sobre la Ley de Financiamiento Universitario
Antes del debate, el PRO ya había expresado su respaldo a la decisión presidencial, mientras que los bloques de Unión por la Patria y Encuentro Federal manifestaron su rechazo al veto. A su vez, el Gobierno indicó que, si el veto era rechazado, llevaría la ley ante la justicia.
Qué proponía la Ley de Financiamiento Universitario La Ley de Financiamiento para Universidades Nacionales establecía que, «de los recursos asignados en el presupuesto anual para las Universidades Nacionales», un 85 por ciento se destinaría a sueldos y el otro 15 por ciento a gastos generales y operativos.
Entre los fundamentos, el documento subrayaba que las universidades enfrentan el problema de «mantener los mismos gastos de funcionamiento que en 2023, mientras que los precios de 2024 han subido considerablemente».
Por ello, la ley proponía un mecanismo de actualización bimestral para los gastos de funcionamiento, basado en una fórmula que contempla el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en un 50 por ciento, la variación del tipo de cambio en un 25 por ciento, y la variación de tarifas de servicios públicos en otro 25 por ciento.
El proyecto había sido impulsado por la Unión Cívica Radical y llevaba la firma de la diputada Danya Tavela, junto con sus colegas Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, entre otros. También fue respaldado por miembros de Hacemos Coalición Federal, como Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.
Jorge Sumai
jajaja el Pro, de-sastre, salió tercero en las elecciones 2023, no los voto nadie, y con Milei gobiernan y Macri un delincuente, haciendo mierda un país con el esquizofrénico