La llamada “Causa Codesal – Hotel Ayuí” se inició en 2010. La investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal considera haber reunido pruebas suficientes para asegurar que Luis Mazurier se apropió del dinero que ingresaba a las arcas de la Codesal por la explotación de diversos complejos bajo su administración, a la par que pergeñó una maniobra fraudulenta que le permitió quedarse con el Hotel Ayuí, apelando a testaferros.
“Yo me adherí al pedido de absolución de culpa y cargo de mis defendidas”, manifestó Romero al ser consultado. El abogado explicó que ambas contadoras explicaron ante el Tribunal que tenían que rendir como contadoras externas la documentación que se les entregaba acerca de ingresos y egresos.
En consecuencia, Lauria y Bordón aseguraron a los jueces que rindieron ante el Tribunal de Cuentas de toda la documentación a la que tenían acceso. Romero sostuvo que eso fue reconocido por el mismo fiscal Arias y por ese motivo solicitó la absolución.
No obstante, la mayoría de la documentación no se les rendía. Sus representadas no tenían acceso al total de la documentación. “Ellas no tenían conocimiento de esa otra contabilidad interna que se llevaba”, remarcó. Romero sostuvo que eso se daba debido a un manejo interno que se daba en ese organismo. Solamente rendían la documentación de fondos enviadas desde la administración central. Por ejemplo, las partidas para sueldos del personal u otros gastos definidos.
Pero las contadoras quedaron excluidas de controlar otros ingresos como las entradas a las termas o de las ventas de la cantina. Según Romero, el presidente de la Codesal entendía que como se trataba de un préstamo o comodato cedido por la CTM (Comisión Técnica Mixta de Salto Grande) a la Provincia, no lo consideraba como recursos que pertenecían a la Provincia sino como pertenecientes a la Codesal, según la Ley de Contabilidad. Al mismo tiempo, sostuvo que eso es una cuestión de interpretación ya que el fiscal considera que el artículo al que se refería desde la presidencia de la Codesal no era aplicable. Eso deberá ser discernido por el Tribunal.
Arias fundamentó la acusación en su alegato de cierre. Reiteró que Mazurier es juzgado como ex presidente de la Corporación para el Desarrollo del Lago de Salto Grande (Codesal) y pidió 11 años de prisión más la inhabilitación “absoluta perpetua” para ejercer como funcionario público. Es juzgado como “autor material” del delito de “peculado de bienes” (tres hechos), en “modalidad continuada”, en concurso real con los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y “peculado de servicios”.
El fiscal también solicitó una condena de 5 años para Alberto Jesús Villanueva y para Cintia del Rosario Mengeón, al considerarlos “partícipes necesarios” del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Arias también pidió al tribunal que se disponga la inhibición general de bienes para Mazurier, Villanueva y Mengeon y las empresas Balace SRL y Fideinsa SA.
En una nota publicada en DIARIOJUNIO a principios de octubre pasado, el abogado defensor de Mazurier, Pablo Moyano, sostuvo que lo que pretende demostrar el Ministerio Público Fiscal es que habría habido una sustracción de fondos por parte de Mazurier. “Esa es la teoría del caso o la hipótesis del trabajo del Ministerio Público Fiscal. Nosotros desde la defensa sostenemos que de ninguna manera esto es así, que los ingresos que generaba la Codesal por la prestación del espacio con fines recreativos para la ciudadanía en general, se utilizaba pura y exclusivamente para el pago de los salarios y los costos de mantenimiento, y que incluso siempre fue un organismo bastante deficitario. Sacando las temporadas de verano que podían tener mejor recaudación, eso había que mantenerlo todo el año, y lo cierto es que las cuentas no daban para poder sostenerlo cumpliendo con todos los compromisos que había”.
