La proliferación de cautelares y la aparición de recientes fallos judiciales hacen tambalear la recaudación por el cobro de multas y avizoran un panorama que, de continuar por la misma senda, el municipio verá diezmada su recaudación por el pago de importantes honorarios a los abogados que representan a los ciudadanos demandantes. Un proyecto de la otrora concejal opositor Felipe Sastre, que pretendía terminar con acciones coercitivas y ajustarse a derecho para exigir el pago de multas, ahora parece dormir en el sueño recaudatorio.
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