El CAJ de Concordia, inaugurado el 12 de junio de 2023, se estableció como un espacio destinado a brindar asesoramiento y acompañamiento ante problemas legales, administrativos y psicosociales. Ubicado en el Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) del Barrio Los Pájaros, el CAJ había sido una pieza fundamental para garantizar el acceso a la justicia de las personas más empobrecidas, quienes dependían de estos servicios para resolver conflictos legales y acceder a asesoramiento jurídico gratuito. La ceremonia de inauguración fue encabezada por Gabriela Carpineti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, y por el entonces intendente Enrique Cresto. En ese acto, Carpineti destacó la necesidad de abordar la pobreza y la desigualdad, enfatizando que «los Centros de Acceso a la Justicia están para eso, para intervenir frente a la desigualdad, a la falta de derechos, pero sobre todo para posibilitar vidas diferentes, vidas dignas, vidas con esperanza y con posibilidades».
El equipo local contaba con una Coordinación a cargo de Sebastián Bergalio (Abogado-UBA), el Dr. Carlos Conti abogado del dispositivo, y la Licenciada en Trabajo Social, Noelia Scheurmann; (hasta el año pasado contaban también con acompañamiento psicológico a través de un convenio con el municipio que no tuvo continuidad).
Cabe destacar que el CAJ de Concordia intervenía en situaciones muy variadas, muchas de ellas con un nivel de complejidad muy alto. En una gestión que pone por encima los números sobre las personas, el Centro de Acceso a la Justicia de Concordia ha participado en 700 intervenciones y articulaciones institucionales para la resolución de situaciones jurídicas y sociales muy variadas, como situaciones de desalojos en contra de la Ley de Barrios Populares (ley de orden público que suelen pasar por alto nuestros magistrados), casos de violencia de género, asesoramiento en cuestiones de familia, y hasta cuestiones básicas como orientar y ayudar a personas sin conectividad para acceder a la aplicación de Mi ANSES.
Este trabajo se hacía en forma articulada con instituciones tales como COPNAF, ANSES, INVYTAM, Asistencia Social Municipal y diversos organismos del Poder Judicial.
Según informan a DIARIOJUNIO desde la coordinación del CAJ: «Desde que el Estado Nacional realizó el desguace del Ministerio de la Mujer, también ha aumentado el número de casos de violencia de género en los que hemos tenido que intervenir, al margen de que ya eran bastantes los casos que acompañábamos, lo cual resulta alarmante. Vemos cómo la problemática en las barriadas aumenta, somos conscientes de que hay problemas estructurales que vienen de larga data, pero alejar al Estado de los vecinos no es la solución. Este servicio no se puede digitalizar ni trabajar mediante un call center. Destruir la política de Acceso a la Justicia es una aberración política de una insensibilidad inusitada. Ni siquiera lo pensamos en términos de nuestros trabajos, que también es importante hablar de los despidos; quienes trabajamos en estos lugares lo hacemos con vocación de servicio. El problema es que no nos están reemplazando, están cerrando todos los Centros de Acceso a la Justicia del país.»
El cierre del CAJ no solo afecta a los trabajadores despedidos, sino que deja a cientos de ciudadanos sin la asistencia que brindaba esta institución, en una ciudad que ya enfrenta altos niveles de pobreza y exclusión social.
Además, el aumento por ley de los honorarios profesionales ((En mayo de este año, la Cámara de Diputados de la provincia sancionó, en menos de 10 minutos, una ley que incrementó los honorarios de un abogado en un 300%) aleja aún más a los sectores vulnerables de la posibilidad de acceder al patrocinio letrado, en un contexto donde las Defensorías de la provincia ya se encuentran desbordadas como admiten desde el propio Poder Judicial.
