El proyecto, conocido como «Ley Ariel Goyeneche», debe su nombre al trágico asesinato de un joven en Paraná durante una intervención policial que confundió una crisis de salud mental con un robo. La ley propone “la capacitación obligatoria en salud mental para todo el personal de las fuerzas de seguridad, educación y salud de los ámbitos nacional, provincial y municipal, tanto del sector público como privado, desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos”. Además, se basa en la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, entendiendo la salud mental como un derecho humano fundamental.
Esta capacitación es un aporte sumamente pertinente a las dificultades de implementación de la Ley de Salud Mental, basado en una deficitaria capacitación, en la persistencia de prejuicios, estigmas e ignorancias que han obstaculizado su correcta aplicación, profundizada por una verdadera campaña mediática de desinformación y distorsión intencionada, tendiente a la descalificación de la norma. La Ley de Salud Mental ha sido siempre amenazada y atacada por los sectores reaccionarios, ya que afecta intereses corporativos y económicos, y, como contrapartida, beneficia los intereses del pueblo.
En esa tensión de intereses, los grandes medios hegemónicos han traducido la conveniencia del mercado con falacias y confusiones. Las hemos visto cuando han afirmado que la ley no permite la internación involuntaria de las personas con padecimientos mentales, una falsedad que han repetido hasta el cansancio, cuando el artículo 20 es absolutamente claro respecto a que sí son posibles esas internaciones (sin el consentimiento del paciente), siempre que “mediare una situación de riesgo inminente para sí o para terceros”. Otros absurdos y falacias han calado tan hondo, no solamente en la desinformación de la gente, sino —y esto es lo más grave— en aquellos actores de las áreas involucradas en intervenciones en el campo de la salud mental. Lo peligroso es que esas actuaciones, basadas en la desinformación, la ignorancia y los prejuicios, cuestan, en muchos casos, literalmente la salud y la vida de nuestra población.
En nuestro país, los problemas de salud mental se han incrementado en la pospandemia y se profundizan con las consecuencias del ajuste económico y social actual, visualizándose fundamentalmente en los jóvenes, a quienes la falta de oportunidades dificulta enormemente la elaboración de un proyecto de vida, un horizonte tan necesario para la salud mental en esta etapa de la vida, trabajar o estudiar. A cambio, observamos un modelo que promueve las apuestas en línea, el uso de armas, la baja de la edad de imputabilidad, la precarización laboral, la pobreza, la marginalidad y el ataque a las universidades. No son casuales, sino precisamente sus emergentes, aquellas formas del sufrimiento psíquico actual de nuestros adolescentes, expresados en el crecimiento exponencial de la ludopatía juvenil, las adicciones, la violencia, las depresiones y los suicidios, síntomas de un deterioro sociocultural que afecta fundamentalmente entre los 10 y los 29 años.
La presentación del proyecto de ley de capacitación en salud mental, con la presencia de la diputada Gaillard, en la que habrá, además, experiencias locales de buenas prácticas en salud mental, está organizada por ATE Concordia, AGMER Concordia, CTA de los Trabajadores, SIATRASAG y el Sindicato de Luz y Fuerza de Concordia. Moderan Yanina Elordi y María del Carmen Trinidad, de CTA y ATE, y será un escenario propicio para pensar juntos sobre la enorme importancia que la salud mental ocupa en nuestra vida colectiva.
Desde ya, todos invitados.
