Villalba explicó que la marca “Tambo Blanco” es fabricada en la provincia de Buenos Aires. Mientras que el distribuidor “Grecorromana” es de la ciudad de Rosario. La oferta fue de $ 2.399 por kilo de leche entera y el cotejo de precios de la municipalidad era por un monto de $ 7.500.000. Eso equivale a una compra de más de 3.100 kilos.
No obstante, el 12 de junio del corriente, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) ya había alertado de la peligrosidad del producto mediante Orden Nº 1/2024, y establecido la prohibición de “elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición, en todo el territorio provincial”, por tratarse de un “producto ilegal al presentar no conformidades en cuanto a su composición físico-química y su rotulación”.
Esta mañana, desde la Secretaría alegaron que la compra fue efectuada en mayo pasado. La advertencia de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria fue en junio. “La partida no es la misma que la que se suspendió acá. Entonces se va a analizar la partida que llegó acá”, dijo.
Villalba dijo que cuando analicen el resultado se sabrá si efectivamente era leche entera o tenía “algo de leche o era a base de soja”. Si no cumple con los requisitos establecidos en el concurso de precios, como el producto aún no fue abonado y está en el circuito administrativo del municipio, si sale que no es lo que se pidió, “se va a tratar de no pagarlo” o se va a hacer el reclamo pertinente. “Algo tiene este producto”, recalcó la edil. De lo contrario, se debería diluir sin problemas.
Los ediles del PJ les preguntaron porque no se les compra a los productores locales a quienes se los conoce pero la respuesta fue que deben atenerse a una ordenanza que establece que deben adquirir al menor precio. “El oferente era éste así que le compraron a este proveedor”, indicó. “Están a derecho a comprar al menor precio porque es lo que dice la ordenanza”, remarcó.
Por su parte, Carolina Amiano (PJ) sostuvo que en el encuentro se dieron cuenta de lo complejo que es el proceso de compras ya que no se puede adquirir una marca determinada. Para comprar una marca más cara, se debe justificar esa decisión pero, aun así, no puede pasarse un 5 % de la más económica. “Para elegir una marca determinada, no se puede pasar un 5 % del presupuesto más bajo”, explicó. “El proceso se complica, es lo que dijeron ellos, y se termina comprando marcas que no son las más conocidas. Si no comprarían Sancor o Ilolay”, sostuvo por mencionar dos de las marcas más conocidas. “Esa es una cuestión normativa que se debería rever porque es el precio vs calidad. ¿Qué es lo que se prefiere? Garantizar la calidad antes que el precio pero por la normativa no se puede”.
El otro tema que se abordó fue la Mesa de la Primera Infancia que no se reúne desde que comenzó la gestión. “Dijeron que van a modificar el nombre porque la van a hacer como más amplia. No va a ser sólo para la primera infancia sino que abarque hasta ancianos”, indicó Amiano.
Por último, Villalba dijo que quieren trabajar en modificar la ordenanza para evitar que vuelva a pasar lo mismo en el sentido de que la ordenanza obliga a comprar al menor precio posible. Además, quieren que se priorice al comercio local “que la está pasando mal”. “Queremos trabajar en eso: nos fuimos con bastantes cosas como para trabajar”, dijo.
