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Corrientes: Condenaron a seis años de prision al ex juez Soto Dávila por cobrar coimas a narcotraficantes

El exjuez federal, Carlos Soto Dávila, fue condenado hoy en un juicio oral realizado en Corrientes, a la pena de 6 años de prisión por haber recibido coimas por parte de narcotraficantes. No obstante, informaron fuentes judiciales, fue absuelto por el delito más grave, que era haber formado parte de una asociación ilícita.

El fallo -al que tuvo acceso Télam- fue dictado este mediodía por el Tribunal Oral Federal de Corrientes que consideró que el exjuez fue autor del delito de «cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado y prevaricato», pero lo absolvió por la «asociación ilícita».

Además, sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau recibieron una pena de 5 y 4 años de prisión por «cohecho», respectivamente, pero también resultaron absueltos por el de «asociación ilícita».

El abogado Duylio Barboza Galeano recibió una pena de 2 años. Juan Manuel Faraone, ex intendente de la localidad correntina de Empedrado, y el abogado Tomás Viglione fueron absueltos.

La causa

Los imputados estaban acusados de conformar una organización criminal liderada por el entonces magistrado Soto Ávila a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes. El resto de los integrantes de la banda serían los secretarios penales de ese Juzgado, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau y los abogados Duylio Horacio Barboza Galeano, Tomás Alfredo Viglione, y Gregorio Humberto Giménez.

La banda habría cometido diferentes delitos contra la administración de la justicia a cambio de garantizarles la impunidad a personas vinculadas con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes, principalmente a los miembros de una banda de narcotraficantes que funcionaba en la ciudad correntina de Itatí y que resultaron condenados.

De acuerdo a la acusación, en distintas causas que tramitaban ante el Juzgado N° 1 se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico. Esto ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión. En otros casos, incluso se indicaban participaciones menores a quienes en realidad eran quienes dirigían las actividades de narcotráfico.

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