No es la primera vez que la justicia federal se tiene que hacer cargo de una investigación criminal en la provincia por la evidente complicidad entre el poder político, las fuerzas policiales y la justicia local. Ratificando esto, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo apartó a la fuerza de seguridad mesopotámica de la investigación de la desaparición del niño Loan Danilo Peña.

De hecho, el comisario Walter Adrián Maciel, interviniente en los primeros momentos de la investigación, enfrenta ahora cargos de encubrimiento por favorecimiento real, agravados por la gravedad del delito y su condición de funcionario público. Recordamos que Maciel es el mismo funcionario policial que había sido denunciado años atrás por la periodista Griselda Blanco, quien apareció brutalmente ejecutada después de denunciar al comisario. Blanco reveló que Diana Yardín, una oficial de la Policía de Corrientes, había denunciado a Maciel por abuso sexual. Maciel, quien casualmente fue el primer oficial de policía que acudió al escenario del crimen, destruyó las pruebas que hubieran facilitado la resolución del caso y luego fue relevado por esta razón. Sin embargo, Maciel nunca fue investigado por estos abusos y crímenes, y fue ‘premiado’ por el poder político con un traslado providencial que lo llevó lejos del escenario de este crimen.

Maciel, nuevamente, aparece ligado al encubrimiento de un nuevo hecho criminal, ensuciando con falsas pistas la investigación del ‘caso Loan’. Por esta razón, el gobernador Valdés se vio forzado, esta vez sin posibilidad de cubrirlo una vez más, a expulsarlo de la fuerza.

El vínculo entre Valdés y los principales sospechosos es expuesto en medios locales, que no solo publican fotografías con los principales investigados, sino que ahora aparecen fotografías del gobernador con uno de los abogados de los investigados en la causa.

La última novedad en la causa es que Laudelina Peña, tía de Loan, se presentó en la Comisaría de Goya, en Corrientes, y declaró que el niño fue atropellado por un vehículo y que su cadáver fue ocultado para que los responsables de su muerte no fueran implicados. Peña prestó declaración durante seis horas y acusó al matrimonio del ex oficial de la Armada, Carlos Pérez, y la exempleada municipal, María Victoria Caillava.

En caso de confirmarse esta denuncia y si se determina que el Capitán de la Armada (r) Carlos Pérez fue la persona que atropelló a Loan, podría ser imputado por el delito de homicidio culposo y abandono de persona. Esto expondría al autor del crimen a la posibilidad de una larga condena de prisión.

Mientras tanto, el poder político, policial y judicial de Corrientes ruegan para que el tema desaparezca de las portadas de los medios nacionales, tratando de amortiguar el impacto que la desaparición del niño podría tener finalmente sobre sus personas.