“No hay nada que reclamar. Desde la querella creemos que es un momento adecuado para volver a la tranquilidad, aquietar las aguas y no seguir abriendo más heridas de las que ya hay”, destacó Jáuregui. El letrado destacó el trabajo y la respuesta que ha realizado la Policía y el Ministerio Público fiscal en la faz de la investigación.
“Nosotros tenemos acreditada la materialidad del hecho y la autoría penalmente responsable, independientemente del encuadre legal, que es el artículo 80 inciso 11 del Código Penal”, dijo. Es decir, el Código Penal en el inciso 11 del art. 80 castiga -como figura agravada del homicidio- al que matare: “A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
Por otra parte, destacó que lo que aún resta es esperar el resultado de algunas pericias para seguir incorporando pruebas en la IPP (Investigación Penal Preparatoria) mientras el imputado, Horacio ‘Ñoño’’ Benítez, fue trasladado a la cárcel de Paraná. Ayer Benítez declaró ante la Fiscalía, acompañado por su abogado defensor. La querella no pudo participar de la declaración, pero fueron informados sin demora.
Eso se sumó a todas las pruebas recolectadas con anterioridad. Por ejemplo, el secuestro de vehículos donde se realizaron hisopados con restos genéticos que deben ser objeto de pericias, ropa quemada de la víctima y de Benítez en diferentes lugares, restos de sangre con material genético en paredes, piso y cañerías del inmueble allanado que fueron preservados. El entrecruzamiento de cámaras que registraron el ingreso de Luisina y la ausencia de movimientos que denoten la salida en la fecha que para los investigadores se produjo la muerte, el 10 de julio.
Jáuregui sostuvo que el hallazgo del torso y piernas de la víctima en Pampa Soler permitió la identificación por la presencia de un tatuaje. El resto del cuerpo fue hallado ayer en los microbasurales de la Defensa Sur con piezas dentales que serán materia de pericias de acuerdo a diversos elementos que fueron agregados a la causa hoy.