Quinteros recalcó que este año se sancionaron con condenas algunos casos que tuvieron mucha repercusión. En Comodoro Py, en julio de este año, nueve policías fueron condenados por el crimen de Lucas González, quien en noviembre de 2021 junto con tres compañeros que volvían de entrenar en el club Barracas Central y se dirigían a sus hogares, en la localidad de Florencio Varela, un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4 con policías de civil de la Ciudad de Buenos Aires los interceptó para detenerlos. Al intentar escapar, los agentes los persiguieron y les dispararon. La pericia sobre el cuerpo de Lucas determinó que fue asesinado por un disparo en la cabeza.
“Después tuvimos este año también la Secretaria estuvo acompañando el caso de Luis Espinoza en Tucumán”, dijo. En plena pandemia, año 2020, Espinoza había ido a un carrera de caballos, comúnmente denominadas cuadreras, con su hermano, ambos trabajadores rurales. “La policía disperso la carrera. Ellos iban caminando a un costado y los interceptan y los golpean. Primero al hermano de Luis y después a él lo golpean y le pegan un tiro. Después ocultan el cuerpo, lo llevan a la comisaría y termina apareciendo en la frontera entre Tucumán y Catamarca pero del lado de Catamarca en un barranco de muy difícil acceso” En marzo de este año, cuatro policías fueron condenados a prisión perpetua por ese caso. Hace pocos días, en la localidad de Atahona, Simoca, en Tucumán, se descubrió un cartel que recuerda a Espinoza similar al que se colocó esta tarde en Concordia.
El tercer caso es el de Blas Correa. “En Cordoba, durante la pandemia, un chico elude un control policial de transito y la respuesta fue empezar a los tiros”, indicó Quinteros. Por ese caso, en abril de este año, un Tribunal integrado por jurados populares condenó a once policías por el homicidio del adolescente de 17 años asesinado a tiros cuando iba en un auto junto con amigos por la capital cordobesa en agosto de 2020. Los jurados determinaron que los dos policías que recibieron prisión perpetua efectuaron los disparos, otros ocho encubrieron el hecho y el restante dio un falso testimonio.
Ese caso tiene cierto paralelismo con el de Briozzi. Quinteros dijo que Briozzi venía de bailar en la costanera junto con su hermano y le cruzaron un auto. “La primera versión oficial era que estaba armado y que estaba en peligro el policía y después, en el juicio, se demostró que no era así: que le plantaron el arma”, recordó.
“Esa es una práctica sistemática en los casos de gatillo fácil. Paso en el caso de Lucas González, quisieron fraguar un enfrentamiento con unos peligrosos delincuentes pero era unos chicos que iban en un auto”, remarcó. “Aún si fuesen delincuentes, hay protocolos, leyes, montón de cosas para detener al delincuente. Incluso el uso de la fuerza está estipulado. No es al azar que vos o yo podemos decidir cuándo se dispara sino que debe estar en peligro la vida del policía, de otras personas y demás”, subrayó.
Quinteros explicó que este tipo de señalización no es “contra la Policía” sino un repudio sino una forma de reparación del estado que también es el que le da las armas a la Policía. “La violencia institucional es una gran deuda de la democracia”, remarcó Quinteros referenciándose en el titular de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
Respecto de la señalización en sí, Quinteros destacó la historia de la sociedad argentina en la época de la dictadura cuando desde el Estado se les daba la espalda a los reclamos de los familiares de las personas secuestradas y desaparecidas. En ese momento, se congregaban “frente a los lugares donde se secuestraban y asesinaban a las personas” o marchar para lograr un juicio. Pero desde 2003, “todo eso que se había cocido en la calle, por decirlo de alguna forma, pasó a transformarse en políticas públicas”. “Ahora se señalizan los lugares como pasó con el Museo de la Esma, que premiado por la Unesco, que funcionan como lugares de memoria”, indicó.
El cartel es “para que lo vea todo el mundo”. Entre ellos, los nuevos efectivos policiales y también los más antiguos, para que vean “que es lo que no se debe hacer”, destacó el funcionario. El letrero tiene la foto de la víctima y los tres pilares que simbolizan las tres banderas de los derechos humanos: Memoria, Verdad y Justicia.
Además, sostuvo que están haciendo “un llamado a construir un Nunca Más contra la violencia institucional”. Y aclaró que no es algo contra las fuerzas de seguridad. “Esto vale la pena aclararlo. Tenemos familiares de víctimas de gatillo fácil que son policías. Hay un caso en Santa Fe donde el papa era policía y lo mata un compañero de la misma fuerza a su hijo”, indicó Quinteros.
Quinteros sostuvo que lo mejor que puede pasar es que haya un compromiso de todos los estamentos institucionales para que cuando sucedan estos casos haya castigos ejemplares. Pero, al mismo tiempo, remarcó que se debe llevar a cabo la capacitación de las fuerzas de seguridad.
El slogan de ese tipo de señalizaciones es “Argentina Unida contra la violencia institucional”. Y las razón de la denominación es la convocatoria de todas las fuerzas políticas y a todos los sectores que representan a los tres poderes para “sacarse de encima este flagelo”. Quinteros reafirmo que hay problemas de inseguridad en todo el país. Sin embargo, recalcó que la mejor manera de combatirla es con “la Constitución y con las leyes en la mano” y “mucho profesionalismo”.
“Justamente ahora hay voces negacionistas que dicen que no hubo crímenes de lesa humanidad”, dijo Quinteros. El funcionario sostuvo que se creía que ese debate se había saldado luego de un periodo en el que parecía que iban a quedar impunes lo crímenes de la dictadura, con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos. “Durante muchos años no se investigó a los culpables, no se los castigó”, recordó.
El intento de erosionar las políticas de derechos humanos no es algo nuevo. Quinteros remarcó que existe un pacto de la democracia se está encarnado en la frase “Nunca Más”. “Lo mejor que se puede hacer frente a estos intentos negacionistas es dar mucha información, mucha capacidad ara por debatir hay un reconocimiento mundial que se plasmó en el reconocimiento que hizo la Unesco”, destacó. También destaco la adhesión de los pactos internacionales de Derechos Humanos tras la reforma constitucional de 1994 y tienen el carácter de máximo rango status jurídico. En otras palabras, son tan importantes como la Constitución Nacional.
En tanto, Eduardo Maschio, coordinador de la Dirección de Derechos Humanos de la municipalidad de Concordia, expresó que es un aniversario más de lo que ocurrió esa trágica mañana y lo vamos a recordar junto con la familia y con la Secretaria Nacional de Derechos Humanos. “Para que este tipo de cosas no se reiteren en nuestra ciudad y tratar de preservar la vida de todos”, indicó.
Pedro Briozzi, padre de Sebastián, dijo que le duele mucho el recuerdo de su hijo. “Lo estamos haciendo para que no le vuelva a pasar a otro chico de esta ciudad. Y que lo piensen dos veces si van a cometer un error como el que cometieron con mi hijo”, añadió.
