El intento de privatización y disciplinamiento discursivo de Radio Ciudadana y la propuesta de renombrar la Avenida de los Pueblos Originarios como Julio Argentino Roca, medidas impulsadas por el oficialismo y algunos concejales, han generado rechazo y preocupación en buena parte de la sociedad por su impacto en la libertad de expresión y la memoria histórica de la comunidad.

UN DESASTRE I

Como cada día, caminaba hacia mi trabajo, observando el triste espectáculo cotidiano: personas revolviendo el contenedor de basura en la esquina de mi casa, buscando comida, y dos señoras durmiendo en la antepuerta de un comercio, ante la indiferencia absoluta del Estado. Iba, como siempre, escuchando “Tarea Fina”, el extraordinario programa de Radio Ciudadana. Los periodistas informaban sobre el proyecto de ordenanza que, entre gallos y medianoche, se estaba tratando sobre tablas: la privatización de la radio pública.

Sentí una enorme tristeza e indignación. Pensé en la indiferencia de los concejales por legislar en favor de políticas que asistan y resuelvan la situación desesperante de pobreza y miseria que vive nuestra ciudad, en contraste con la energía y los recursos del Estado destinados a acallar las voces y censurar la libertad de expresión. Este intento de desaparición de la radio pública, una de las pocas que ejerce un periodismo crítico frente a las mentiras e imposiciones del Poder, es un avasallamiento a la democracia. Manifiesto mi más absoluto repudio a esta acción violenta que pone mordazas a comunicadores públicos ejemplares y priva a la ciudadanía del derecho a una información verdadera y de calidad.

UN DESASTRE II

Paralelamente, concejales que en años no han producido una sola ordenanza que favorezca a los marginados y excluidos por las políticas de empobrecimiento de la población, proponen una provocativa ordenanza para renombrar la Avenida de los Pueblos Originarios como Julio Argentino Roca. Junto a un conjunto representativo de organizaciones sociales, de género, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos y personas independientes, hemos realizado actividades de rechazo a esa iniciativa. Invitamos al concejal a participar de una charla para aprender, por ejemplo, que los pueblos originarios existían antes de la conformación de los estados nacionales, entre otras confusiones elementales.

Esta conducta nos llevó, el lunes 24 de junio, a presentar un pedido de la Banca del Pueblo, con un número de ciudadanos que triplicamos la cantidad exigida, para expresar nuestra disconformidad. Al momento de esta nota, no hemos recibido respuesta. La función de los concejales no es agraviar a los ciudadanos, sino representarlos. Es una pena que ningún concejal o referente institucional se lo haya señalado al concejal Felipe Sastre.