Con el voto dividido de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto que busca socorrer a los tomadores de créditos UVA. Fue girado al Senado y entre sus puntos plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores. También crea un fondo fiduciario.
La iniciativa impulsada por el oficialismo fue aprobada con 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, y tuvo el respaldo del Frente de Todos, la UCR, el Interbloque Federal y Provincias. En tanto, se opusieron el Pro y Evolución Radical.
El proyecto establece un sistema de cobertura a los deudores, con la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste, mediante un índice actualizable según los salarios, en lugar de la inflación.
En tanto, aquellos deudores que pagan el impuesto a las Ganancias podrán deducir los intereses de créditos hipotecarios con un límite de hasta tres salarios mínimos por año. También podrán vender la propiedad y el crédito que tomaron.
En concreto, las cuotas adeudadas se ajustarán por el índice RIPTE (salario formal de la economía), de manera que si la diferencia entre la cuota calculada con base en los salarios resulta que la calculada por UVA, los deudores abonarán el ajuste por salarios.
Al mismo tiempo, la diferencia se compensará con aportes mensuales de los bancos mediante el «Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario». Además, en caso de que la cuota calculada por salarios sea mayor a la calculada por UVA, continuará prevaleciendo la más baja.
En lo que respecta al aporte de los bancos, este será de hasta el 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y en moneda extranjera. A su vez, el Banco Central tendrá la posibilidad de integrar el Fondo Fiduciario con las primas aportadas por quienes tomen nuevos créditos.
En este contexto, para los créditos ya otorgados el cálculo en base a salarios se realizará tomando como período base el 1 de enero de 2023. En paralelo, el valor de la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos de los deudores, procediendo a extender el plazo del crédito en hasta un 25% en caso de que esto ocurra.
En esta misma línea, si el deudor se encuentra desocupado, el Fondo responderá por hasta las tres primeras cuotas en mora y también se suspenderán los juicios de desalojo y embargos por un año. De igual manera, las familias que accedan a la ley son obligadas a desistir de cualquier acción judicial en trámite.
